Apoyo explícito del Gobierno restó imparcialidad a la evaluación ambiental
Junto a la Coordinadora de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, nos entrevistamos hoy con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, a quien solicitamos analizar la legalidad de los actos administrativos que concluyeron en la aprobación del proyecto Mina Invierno en Isla Riesco.
Creemos que el procedimiento aprobatorio y especialmente los pronunciamientos de la Comisión de Evaluación Ambiental y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se encuentran viciados como consecuencia del apoyo explícito y formal que el Ejecutivo otorgó a la iniciativa en el denominado Plan Magallanes.
Entregamos a la entidad fiscalizadora un completo dossier con documentos oficiales y publicaciones de prensa que recogen la historia de la propuesta gubernamental de desarrollo para la Región de Magallanes.
En los escritos se confirma que en la elaboración del Plan Magallanes sólo intervino el ejecutivo regional, de acuerdo a un formato y siguiendo una propuesta presidencial. Ello significa que las ideas y acciones contenidas en el Plan Magallanes fueron elaboradas y conocidas por los ministerios respectivos y sus Secretarías Regionales Ministeriales.
En lo que se refiere al área Crecimiento y Empleo, el apartado Desarrollo Minero en la Región de la primera versión del texto, presentada al Consejo Regional el 6 de Septiembre del 2011, indica como acción a ejecutar “Facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros y otros recursos…”, asignando esta labor al Ministerio de Minería y Seremi. Asimismo, se establece como acción a realizar “Facilitar tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros”, señalando como responsables al Seremi de Minería / Conama / Corema 2011 –
El 5 de Noviembre de 2010, el Presidente de la República, Sebastián Piñera anunciaba oficialmente el Plan Magallanes. Para ese entonces, una nueva versión del texto no admitía dudas, consignando entre los objetivos de la actual administración en la zona “Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco”.
Lo ocurrido constituye una ilegalidad y un evidente desacierto. Como lo señala la constitución y diversas leyes que regulan la actuación de la administración pública, ella debe ejercer sus funciones bajo el principio de probidad, una de cuyas derivaciones es que las autoridades deben ser imparciales en la toma de decisiones, vale decir actuar desprovistas de cualquier prejuicio.
Ello contrasta con la disposición abiertamente favorable al proyecto Mina Invierno, pues el Gobierno compromete sus esfuerzos para facilitar la aprobación ambiental e incentivar el proyecto, más aún entregando esa responsabilidad a los mismos servicios públicos cuyos representantes debían pronunciarse posteriormente sobre el asunto, tanto en la Comisión Evaluadora como en el Consejo de Ministros.
El vicio es tan evidente que el Ministro de Energía, Don Rodrigo Álvarez, se excusó de intervenir en la decisión del Consejo de Ministros, precisamente argumentando que “no es legalmente adecuado ni correcto en justicia para los requirentes, que participe o decida en esta materia” (en
tanto, como diputado) “y con la información que disponía, hice comentarios públicos y privados a favor del proyecto Mina Invierno.”
tanto, como diputado) “y con la información que disponía, hice comentarios públicos y privados a favor del proyecto Mina Invierno.”
El asunto es que todas las autoridades y servicios que habiendo participado en la elaboración del Plan Magallanes concurrieron a los acuerdos de la Comisión de Evaluación Ambiental y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad incurrieron en ese prejuzgamiento ilegal e incorrecto.
En consecuencia, solicitamos a la Contraloría General de la República que analice la legalidad de la evaluación ambiental de Mina Invierno y los actos administrativos que la componen, especialmente las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental el 15 de febrero pasado y la del Comité de Ministros para la sustentabilidad, el pasado viernes 12 de agosto.
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