Se demostró solidez de recurrir a la Contraloría contra este mecanismo ilegal.
La decisión del Gobierno de suspender la aplicación del sistema de seguimiento de redes sociales, anunciada por el Ministro vocero Andrés Chadwick no puede sino producir satisfacción. El Ejecutivo ha echado pié atrás a una mala idea y a un contrato ilegal que vulneraba los derechos ciudadanos, transgrediendo la ley de protección de datos personales y afectando gravemente las garantías individuales, como lo argumenté ante la Contraloría General de la República.
Las explicaciones dadas, en su momento, por la ex Ministra y actual senadora Ena Von Baer fueron muy débiles y dejaron de manifiesto que lo que se licitó no era una plataforma de seguimiento de los comentarios emitidos por los usuarios en las redes sociales, sino un registro de opiniones políticas, lo que se encuentra prohibido.
Las opiniones políticas son datos sensibles y no se pueden registrar en caso alguno. Y resulta que las bases técnicas de la plataforma licitada por el Gobierno señalaban que se identificaría el origen de los comentarios, vale decir su autor; la red en que se expresaron (twitter, facebook, blogs) y, más aún, que éstas se almacenarían por un plazo no inferior a cuatro meses.
Eso no era una encuesta o una percepción del parecer de la ciudadanía, como se quiso hacer pasar, sino que era sencillamente la creación de un registro de opiniones políticas, prohibido por la ley y, por tanto, era evidente que sería reparado por la Contraloría. El inminente pronunciamiento contrario de dicha entidad motivó al decisión del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Dejar atrás este sistema constituye un triunfo de los usuarios de las redes sociales, pero más que eso de la libertad de expresión y de nuestra democracia, en que cualquier ciudadano debe poder expresar sus ideas sin el temor de que sus expresiones serán enlistadas. Si el Gobierno quiere escuchar a la gente debe salir a terreno o incluso contar con encuestas y sondeos, pero jamás registrar las opiniones políticas de los ciudadanos, si no queremos volver a los tiempos de la censura y las listas negras.
Estamos conformes con esta decisión, pero requeriré mayores antecedentes respecto de la ejecución del contrato, vale decir si éste se invalidó y si, en definitiva, el Fisco tuvo que desembolsar los más de 14 millones de pesos que costaba el monitoreo. Asimismo, solicitaré que la Contraloría emita de igual forma su pronunciamiento con el objeto de sentar un precedente respecto de eventuales situaciones similares que puedan darse en otras reparticiones públicas.
La decisión del Gobierno de suspender la aplicación del sistema de seguimiento de redes sociales, anunciada por el Ministro vocero Andrés Chadwick no puede sino producir satisfacción. El Ejecutivo ha echado pié atrás a una mala idea y a un contrato ilegal que vulneraba los derechos ciudadanos, transgrediendo la ley de protección de datos personales y afectando gravemente las garantías individuales, como lo argumenté ante la Contraloría General de la República.
Las explicaciones dadas, en su momento, por la ex Ministra y actual senadora Ena Von Baer fueron muy débiles y dejaron de manifiesto que lo que se licitó no era una plataforma de seguimiento de los comentarios emitidos por los usuarios en las redes sociales, sino un registro de opiniones políticas, lo que se encuentra prohibido.
Las opiniones políticas son datos sensibles y no se pueden registrar en caso alguno. Y resulta que las bases técnicas de la plataforma licitada por el Gobierno señalaban que se identificaría el origen de los comentarios, vale decir su autor; la red en que se expresaron (twitter, facebook, blogs) y, más aún, que éstas se almacenarían por un plazo no inferior a cuatro meses.
Eso no era una encuesta o una percepción del parecer de la ciudadanía, como se quiso hacer pasar, sino que era sencillamente la creación de un registro de opiniones políticas, prohibido por la ley y, por tanto, era evidente que sería reparado por la Contraloría. El inminente pronunciamiento contrario de dicha entidad motivó al decisión del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Dejar atrás este sistema constituye un triunfo de los usuarios de las redes sociales, pero más que eso de la libertad de expresión y de nuestra democracia, en que cualquier ciudadano debe poder expresar sus ideas sin el temor de que sus expresiones serán enlistadas. Si el Gobierno quiere escuchar a la gente debe salir a terreno o incluso contar con encuestas y sondeos, pero jamás registrar las opiniones políticas de los ciudadanos, si no queremos volver a los tiempos de la censura y las listas negras.
Estamos conformes con esta decisión, pero requeriré mayores antecedentes respecto de la ejecución del contrato, vale decir si éste se invalidó y si, en definitiva, el Fisco tuvo que desembolsar los más de 14 millones de pesos que costaba el monitoreo. Asimismo, solicitaré que la Contraloría emita de igual forma su pronunciamiento con el objeto de sentar un precedente respecto de eventuales situaciones similares que puedan darse en otras reparticiones públicas.
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