Si se retrocede estudiaremos recurrir al Tribunal Constitucional y enviar antecedentes a la OCDE
Frente a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto sobre acuicultura, flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales, contenidas en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones, quiero decir claramente que soy contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura.
Frente a las versiones de prensa, surgidas en las últimas semanas, en el sentido que se estaría procurando buscar fórmulas para destrabar el proyecto sobre acuicultura, flexibilizando las sanciones a las prácticas antisindicales y los derechos fundamentales, contenidas en la iniciativa, que implicarían la caducidad de las concesiones, quiero decir claramente que soy contrario a efectuar modificaciones que signifiquen retroceder en la protección de los derechos de los trabajadores de la salmonicultura. En las sanciones a los malos empleadores no hay vuelta atrás. Al menos yo no estoy disponible para entregar en concesión bienes públicos para que se abuse con los trabajadores. Sería irresponsable con la enorme accidentabilidad y denuncias existentes en la industria salmonera.
La norma que se incorporó está perfectamente bien diseñada al hacer responsable al titular de la concesión por las prácticas antisindicales que ocurran no sólo en la empresa principal, sino también en aquéllas vinculadas a ésta o sujetas al régimen de subcontratación. No vamos a aceptar que restrinjan la sanción sólo a la empresa principal, lo que por efecto de la duplicidad de razones sociales y de la tercerización de los servicios, la hará letra muerta. Sería muy fácil burlar la ley dejando en una empresa de papel la titularidad de la concesión y mantener toda la planilla de trabajadores externalizada.
El artículo está perfectamente bien concebido, responde a las críticas que los propios empresarios y el Ejecutivo realizaron a la imprecisión del texto que emanó de la Cámara y está fundado en que la acuicultura es una industria que, a diferencia de muchas otras, utiliza intensivamente bienes públicos para sus procesos productivos.
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA OCDE
De registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiaré recurrir al Tribunal Constitucional, pues estoy convencido que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.
En el mismo sentido, junto con organizaciones ambientales y sindícales podríamos, además, aportar los antecedentes al Forum de la OCDE, pues con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero. Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos.
El artículo está perfectamente bien concebido, responde a las críticas que los propios empresarios y el Ejecutivo realizaron a la imprecisión del texto que emanó de la Cámara y está fundado en que la acuicultura es una industria que, a diferencia de muchas otras, utiliza intensivamente bienes públicos para sus procesos productivos.
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA OCDE
De registrarse cambios que representen un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, estudiaré recurrir al Tribunal Constitucional, pues estoy convencido que las hipotecas contenidas en el proyecto constituyen una vulneración al derecho de dominio público sobre el mar y el borde costero, al quedar el Estado impedido de declarar la caducidad y, por tanto, de ejercer los atributos inherentes a la propiedad, como consecuencia de un conflicto económico entre privados. Asimismo, se lesionaría también la igualdad ante la ley al establecerse un indudable privilegio en favor de una actividad.
En el mismo sentido, junto con organizaciones ambientales y sindícales podríamos, además, aportar los antecedentes al Forum de la OCDE, pues con estas normativas se están vulnerando los estándares mínimos laborales y estableciendo un evidente subsidio estatal implícito a la salmonicultura, al afianzar el Estado los créditos privados, entregando para ello en garantía el borde costero. Hay un aporte fiscal camuflado, susceptible de avaluación pecuniaria, que incidirá en el acceso y condiciones de crédito de las empresas y, con ello, en sus costos.
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