Proyecto fue despachado por el Parlamento tras aprobarse veto presidencial
El Congreso Nacional aprobó definitivamente la creación del Instituto de Derechos Humanos, instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de ellos en el país. Se trata de un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que busca sentar las bases para crear una cultura de respeto que evite que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro.
La iniciativa surgió de la propuesta “No hay mañana sin ayer”, del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.
Entre las principales atribuciones de la nueva entidad están la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.
Asimismo, se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo. Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
El proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura. Así, resulta relevante que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado. Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, establecidas en las leyes N° 19.123 y N° 19.992, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.
Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.
El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos. Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado.
El Congreso Nacional aprobó definitivamente la creación del Instituto de Derechos Humanos, instancia que tendrá a su cargo la promoción y protección de ellos en el país. Se trata de un gran paso, que recoge la experiencia vivida por Chile en décadas pasadas y que busca sentar las bases para crear una cultura de respeto que evite que hechos tan repudiables vuelvan a ocurrir en el futuro.La iniciativa surgió de la propuesta “No hay mañana sin ayer”, del Presidente Ricardo Lagos y tuvo una extensa tramitación legislativa, la que no estuvo exenta de dificultades por el rechazo de la derecha a ampliar su ámbito de competencia, garantizar su plena autonomía y aprobar algunas facultades.
Entre las principales atribuciones de la nueva entidad están la posibilidad de asesorar a los organismos públicos en la materia; elaborar un Informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el país, que será remitido a organismos internacionales; comunicar al Gobierno y a otros órganos del Estado situaciones que estime atentatorias contra los derechos humanos y, en general, difundir y promover estas garantías en el país.
Asimismo, se logró aprobar la norma que permitirá al Instituto querellarse y ejercer acciones legales en casos de crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico de migrantes, trata de blancas y, además, los recursos de protección y amparo. Se trata de una norma muy importante, en tanto, por la especial connotación de este tipo de delitos se autoriza a un organismo ajeno al Ministerio Público y las víctimas para ejercer la acción penal.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
El proyecto despachado por el Parlamento, contiene, además, un mejoramiento de las medidas de reparación para los casos de violaciones a los derechos humanos de la Dictadura. Así, resulta relevante que se permita, expresamente, a traspasar a un descendiente la beca educativa contenida en la Ley Valech. Esta es una larga aspiración de muchos ex presos políticos y víctimas de tortura, que no deseaban estudiar, pero sí querían ceder su derecho a sus hijos o nietos, lo que ahora queda solucionado. Del mismo modo, se amplían las excepciones sobre la obligatoriedad del servicio militar, establecidas en las leyes N° 19.123 y N° 19.992, para familiares de víctimas violaciones a los derechos humanos.
Se incorpora, también, una pensión para la cónyuge sobreviviente de las víctimas de tortura y prisión política, para la que se fijaron montos mínimos de $ 104 mil 960 pesos, si la viuda fuera menor de 70 años; $ 114 mil 766 si tuviera entre 70 y 75 años y $ 122 mil 451 si es mayor de 75 años de edad.
El texto establece, también, una Comisión destinada a recibir nuevos antecedentes sobre detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y casos de tortura durante el régimen militar e institucionaliza el PRAIS para evitar que pudiera ser eliminado por futuros Gobiernos. Lo anterior viene a dar seguridad a muchas víctimas y sus familiares, en tanto, este programa se había configurado a través de decretos y resoluciones administrativas cuya continuidad era incierta, lo que ahora queda asegurado.
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