Reforma obligaría a compensar a regiones por inversiones especiales en Santiago

Iniciativa haría permanente mecanismo utilizado para financiar el Transantiago

Una reforma constitucional para hacer permanentes las leyes de compensación a regiones, en caso de inversiones especiales en la capital, presentaron los senadores socialistas Pedro Muñoz y Camilo Escalona. La iniciativa persigue transformar en obligatorias para el Fisco medidas como la adoptada en relación al Transantiago, en que los recursos requeridos para financiar el plan de transportes durante el 2007 se replicaron en regiones al dictarse la ley 20.206, lo mismo que se pensaba realizar en la actual Ley de Presupuestos.
Los legisladores argumentan que la igualdad ante la ley debe reflejarse en una equitativa distribución de los recursos públicos, más aún cuando las disposiciones constitucionales obligan, también, a una igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión que fije la ley.
“Si la ley obliga a no hacer distingos entre los ciudadanos y a repartir los impuestos en forma equitativa, lo mismo debe suceder con los frutos de esos esfuerzos, los que a nuestro juicio deben siempre distribuirse favoreciendo a las diversas regiones en forma armónica o atendiendo a factores objetivos de reasignación tales como la población, la situación socio-económica o el aislamiento.” – explicaron.
Muñoz sostuvo que el enorme crecimiento de Santiago y los problemas que esto conlleva en materia de congestión vehicular, contaminación ambiental y dotación de infraestructura y servicios básicos, seguramente obligará a seguir destinando cuantiosos recursos a atenderlas. “A nuestro juicio – añadió – tales inversiones adicionales, que van más allá de lo que habitualmente se invierte en todas las regiones del país y que dicen relación con superar las externalidades negativas de este sobrepoblamiento, debieran ser compensadas siempre a las restantes regiones del país.”
Para los parlamentarios del PS lo realizado en relación a replicar en regiones los recursos invertidos en el Transantiago constituye un esfuerzo público que debiera institucionalizarse en el futuro, pues evita la existencia de una discriminación arbitraria a favor de los habitantes de la capital, al tiempo que, indirectamente, debiera motivar al Estado a realizar acciones más audaces para evitar el crecimiento desmesurado de Santiago.
“En el fondo – recalcó Muñoz – una reforma de este tipo es, también, un llamado de atención para llevar adelante políticas efectivas para frenar la expansión de la capital o, en caso contrario, obligarse a replicar las inversiones en las restantes regiones del país, a través de las denominadas “leyes espejo””.
No es posible – concluyeron manifestando - que mientras el Fisco incurre en Santiago en enormes desembolsos para la ampliación de la red vial urbana, la construcción de autopistas, la extensión de la red del Metro o soluciones millonarias en materia de descontaminación; en otras zonas del país, particularmente aquéllas de gran extensión y con sectores aislados, como las regiones de los Lagos y Magallanes, resulte mucho más difícil obtener recursos para ejecutar acciones de gran nivel como agilizar las pavimentaciones de rutas intercomunales o acometer obras de interconexión e infraestructura.

VALORAN APROBACION DE LEY QUE ELIMINA EL IMPUESTO AL DIVORCIO

Iniciativa del Senador Pedro Muñoz tuvo rápida tramitación legislativa

El Senador Pedro Muñoz valoró la aprobación, por parte del Senado, del proyecto que elimina el denominado “Impuesto al Divorcio”. Con ello, la iniciativa legislativa, que tiene carácter retroactivo, quedó en condiciones de ser promulgada, en los próximos días, como ley de la República

El parlamentario destacó que junto a su colega Jaime Naranjo, fueron los primeros legisladores en advertir los inconvenientes de la norma y presentar una moción al respecto, cuyo contenido fue recogido por el Ejecutivo para la presentación de un Mensaje que, en definitiva, fue el aprobado por el Congreso Nacional.

Explicó que la ley de Matrimonio Civil creó la institución de la compensación económica, como una manera de paliar los efectos que el divorcio produciría en el cónyuge que por haberse dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común no desarrolló una actividad económica independiente, de la manera que quería o podía.

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos determinó que sólo si la compensación económica es establecida por sentencia judicial ejecutoriada no se considerará este ingreso como renta, por lo que quienes llegaban a un acuerdo compensatorio, por medio de la conciliación o mediación, debían cancelar impuesto.

“Ello era injusto y discriminatorio, por cuanto el cónyuge que recibía la compensación económica, habitualmente la mujer, no cuenta con mas recursos que aquellos que justamente se le conceden en virtud de esta reparación, por lo que obligarle a pagar impuestos le condenaba a perder parte de lo obtenido y, a veces, a deshacerse del bien inmueble que, generalmente, se le entrega por este concepto”, destacó el parlamentario.

Asimismo, el legislador señaló que con ello se evita un innecesario estímulo a la “judicialización” de las rupturas, por cuanto la resolución de Impuestos Internos favorecía que las compensaciones fueran acordadas en los estrados en lugar del acuerdo de las partes, lo que tarde o temprano aumentaría la congestión de los Tribunales de Familia.

Rechazan recurso de CODELCO contra Dirección del Trabajo

Senador Muñoz (PS) “Si minera estatal pierde en Tribunales debería renunciar su Directorio.”

Un enérgico rechazo encontraron en el Senador Pedro Muñoz, Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, los recursos de protección que CODELCO interpuso en las Cortes de Apelaciones de Antofagasta y Copiapó para controvertir la resolución de la Dirección del Trabajo que le obligaría a contratar unos 5000 trabajadores como consecuencia de la aplicación de la ley de subcontratación. A estas acciones judiciales, correspondientes a la fiscalización realizada en las unidades operativas del norte del país se sumarían otras presentaciones por los casos de las Divisiones Andina, Ventanas y El Teniente.
Para el parlamentario la situación es de extrema gravedad y constituye una prueba de fuego tanto para la ley de subcontratación como para la política laboral de CODELCO. “Acá está ocurriendo algo muy grave – sostuvo el legislador socialista – pues una entidad fiscal no sólo rechaza la decisión y criterios técnicos y jurídicos del organismo encargado de velar por los derechos de los trabajadores, sino que, peor aún, va a los Tribunales para señalar que ésta no cuenta con atribuciones para ello, generando un precedente nefasto.”
“Que respeto podemos pedirle a los privados a las decisiones de la Dirección del Trabajo si una empresa pública pone en duda ya no el contenido, sino el rol mismo del organismo fiscalizador” – afirmó Muñoz, para quien lo ocurrido abona el camino para que cualquier empresa, de las que muchas que aún no lo han hecho, recurra a los tribunales para impugnar lo obrado por la DT.
Para Muñoz este hecho termina de poner en jaque la ley de subcontratación, pues a su juicio si la actitud de CODELCO es respaldada por los Tribunales significa que se inclina definitivamente la balanza hacia esta interpretación judicial abriéndose un inmenso forado en la ley, que requeriría, entonces, reformas urgentes o se transformará en letra muerta.
“Si la Justicia respalda a CODELCO en un procedimiento que involucra a 5000 funcionarios, podemos esperar que en lo sucesivo los privados hagan lo mismo y la ley se haga inaplicable, pues es impensable que los trabajadores recurran contra sus empleadores en juicios ordinarios mientras subsisten sus relaciones laborales.” – recalcó.
“Por el contrario – indicó el parlamentario – si se reafirman las facultades de la Dirección del Trabajo, además de validarse la ley, no cabe otra cosa que la renuncia del Directorio en pleno de CODELCO por mantener una política laboral que no se ajusta a las orientaciones del Gobierno, principal impulsor de la ley de subcontratación y al criterio casi unánime del Congreso Nacional.”

Senador Pedro Muñoz valoró aprobación unánime en el senado de beneficios y bonificaciones al personal de la atención primaria de salud

Un apoyo unánime tuvo en el Senado el proyecto, en segundo trámite, que entrega una serie de beneficios al personal que se desempeña en los servicios de atención primaria de salud, tales como bonos por desempeño y de incentivo al retiro voluntario, además de estímulos para quienes se desempeñan en zonas extremas.

El legislador magallánico apoyó la iniciativa, que contiene, además un bono trimestral por desempeño en zonas extremas de $ 157 mil para el presente año, $ 190.000 para el 2008, $ 213.000 para el 2009 y $243.000 a contar del 2010, pero aprovechó la ocasión para insistir en solicitar un feriado mínimo de 20 días, sin condición alguna, para todos los funcionarios públicos, municipales y de la salud primaria de Magallanes.

“El proyecto continua con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de las remuneraciones del personal que labora en dichos establecimientos, a través de la entrega de bonificaciones e incentivos que contribuyan a satisfacer sus requerimientos, fortaleciendo, asimismo, los premios al desempeño colectivo de los equipos de salud que allí trabajen”, señaló el parlamentario.

Explicó que el proyecto de ley viene a entregar a los funcionarios de la salud municipal, respecto de las vacaciones, los mismos beneficios con que hoy cuentan los restantes trabajadores públicos y municipales, vale decir un feriado adicional de 5 días si salen de la región hacia otro punto del país o el extranjero.

Sin embargo, añadió que ello resultaba una desventaja en relación al sector privado que, con posterioridad a la última reforma laboral, cuenta con un piso a todo evento de 20 días.

Muñoz a la vez destacó que existe una situación injusta y que atenta contra la más sana lógica ya que lo que ayer constituyó una ventaja para los funcionarios del sector público hoy es una complicación odiosa. En la práctica, ello o bien favorece a los funcionarios que tienen recursos para salir de Magallanes u obliga a una triquiñuela inútil de concurrir a la frontera para gozar del feriado extendido, afirmó el parlamentario.

La iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputados para que analice los cambios que le introdujo el Senado, finalizó el parlamentario.

Senador Muñoz presenta proyecto para regular jornada del comercio

Iniciativa busca solucionar problemas de interpretación de la actual normativa

Un proyecto de ley para hacer aplicable a todos los trabajadores del comercio los horarios obligatorios de cierre de los establecimientos comerciales en vísperas de Navidad y Año Nuevo presentaron los Senadores socialistas Pedro Muñoz y Jaime Naranjo.

Los legisladores recordaron que, con el objeto de compatibilizar las actividades laborales de los trabajadores con la vida familiar en estas fechas de tanta significación se dictó la ley 20.215. Ella vino a superar por la vía legislativa, el problema que existía con largas jornadas de trabajo y que impedía a muchos empelados compartir estas fechas en sus hogares.

Indicaron, asimismo, que la dictación de dicha norma tuvo su origen ante el fracaso, durante al año recién pasado de un acuerdo voluntario, entre trabajadores y empresarios para regular la materia, el que fue desconocido por estos últimos, lo que obligó a hacerlo a través de una ley que fuera obligatoria.

Sin embargo, los legisladores precisaron que la Dirección de Trabajo, interpretando la ley, ha dispuesto que sus disposiciones sólo deben aplicarse a quienes atienden directamente al público, como vendedores, cajeros, empaquetadores, promotores y vendedores integrales.

“Han quedado, por tanto, excluidos otros trabajadores como guardias de seguridad, aseadores, reponedores, etiquetadores y aquellos que tienen a su cargo la confección de inventarios” – explicó Muñoz.

“Nos parece que esta interpretación vulnera el espíritu que los legisladores tuvimos en cuenta al aprobar la Ley N° 20.215 y por ello, junto al Senador Jaime Naranjo hemos presentado un proyecto de ley destinado a establecer claramente que todos los trabajadores del comercio gozan de este derecho.”

con la sola excepción del personal de seguridad de los establecimientos comerciales y de quienes se desempeñan en clubes, restaurantes y establecimientos de entretenimiento.

Respaldan proyecto que regula carreras universitarias “brujas”

Sin embargo, Senador Pedro Muñoz (PS) propone medidas más enérgicas.

Su firme respaldo a la iniciativa legal del Gobierno que regula la oferta de nuevas carreras por parte de los planteles superiores de enseñanza, entregó el Senador PS Pedro Muñoz, Jefe de la Bancada de de su colectividad en la Cámara Alta.
El legislador destacó que el Ejecutivo haya recogido la inquietud surgida a raíz de las denuncias públicas por publicidad engañosa, efectuadas en los últimos meses, por diversos estudiantes en todo el país, quienes han reclamado por la inexistencia de campo ocupacional para algunas carreras, particularmente en el área de la investigación forense.
“En este sentido – indicó – la propuesta del Gobierno apunta en el sentido correcto al exigir que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica otorguen una mejor información a sus futuros estudiantes sobre las características de los programas que imparten y, en especial, sobre el mercado laboral de los titulados.”
Sin embargo, para el senador socialista la propuesta del Gobierno debe ser complementada en el Parlamento, a lo menos en dos ámbitos. En primer lugar, sostuvo la necesidad de reforzar la información sobre el campo ocupacional efectivo de las carreras universitarias. “El proyecto, en este tema – precisó Muñoz – obliga a elaborar un estudio del mercado, lo que es insuficiente, pues estos se basan en perspectivas y posibilidades, pero no da cuenta de lo que ocurre realmente con los egresados.”
A juicio del legislador se requiere perfeccionar el sistema de información sobre la realidad laboral, realizando estudios obligatorios y periódicos sobre el campo ocupacional, de modo que se sepa, respecto a cada institución si sus egresados se encuentran trabajando o no, si lo hacen en el área de sus estudios y su promedio de ingresos. “Ello se realizó durante algunos años circunscrito a algunas carreras, pero creo que deberíamos hacerlo obligatorio, por universidad y, en lo posible en todas las disciplinas” – apuntó.
Asimismo, el parlamentario considera que resulta indispensable que la creación de nuevas carreras esté sometida a la mayor transparencia posible, por lo que sugirió que se cree un expediente público con todas las actuaciones destinadas a su implementación y en donde entidades públicas y privadas y colegios profesionales puedan expresar responsablemente sus reparos a las nuevas disciplinas, los que podrán, de esta forma, ser conocidos por los futuros estudiantes antes de ingresar a las carreras.
En último término, el parlamentario manifestó su preocupación por la información que se entregue a los postulantes durante el período de matrículas que se avecina para lo que pidió una especial preocupación al Ministerio de Educación. “No podemos esperar que hayan nuevos casos como los vividos este año con miles de jóvenes, algunos de los cuales incluso después de un par de años de estudios, se han dado cuenta que todo lo ofrecido por las instituciones es falso y ven con frustración perderse sus esfuerzos y recursos económicos” – sentenció.

Analizan situación de la justicia a nivel regional

Senador Muñoz se comprometió a gestionar la creación de un tribunal en Puerto Williams y respaldó el nombramiento de un nuevo Juez de Familia en la zona.

Una positiva reunión para analizar los principales aspectos de la administración de justicia a nivel regional sostuvo el Senador Pedro Muñoz con la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Ministra Virginia Bravo Saavedra.
La magistrado y el parlamentario regional analizaron pormenorizadamente los avances y desafíos que enfrentan los tribunales locales, tanto en la capital regional como en las provincias.
Muñoz acogió, en primer término, la inquietud expresada por la Ministra Bravo por crear un Juzgado de Letras de competencia común en Puerto Williams. El parlamentario recordó que durante su gestión como diputado ya había solicitado la implementación de un tribunal en Cabo de Hornos, petición que, lamentablemente, no prosperó.
El legislador se comprometió a insistir ante el Ministerio de Justicia, Carlos Maldonado, en esta materia. “Me parece que la lejanía y la necesidad de asentar la soberanía nacional, a través de la consolidación de todas sus instituciones en la Provincia Antártica, exige que se haga este esfuerzo, independientemente del número de causas que se tramiten” – explicó.

TRIBUNALES DE FAMILIA

Asimismo, se abordó el funcionamiento de los Tribunales de Familia en la zona, respecto de lo cual ambas autoridades coincidieron en la necesidad de contar con un Juez adicional en Punta Arenas, lo que ha sido acogido por el Gobierno y se encuentra incluido como indicación en el proyecto de ley que se tramita en el Senado para perfeccionar esta judicatura.
“Esperamos que el nombramiento de un cuarto Juez de Familia en Punta Arenas contribuya a descongestionar estos tribunales, por lo que, sin duda, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la que formo parte, respaldaremos la indicación presentada por el Gobierno” – expresó Muñoz.

TRIBUNALES DEL TRABAJO

Por último, respecto de la puesta en marcha de los Tribunales del Trabajo, el Senador Pedro Muñoz informó a la magistrado que la iniciativa de gradualidad propuesta por el Ejecutivo contempla que Magallanes esté dentro del primer grupo de regiones donde se aplicará la nueva justicia laboral, a partir de Marzo próximo. En este punto, se contó con la presencia de la titular del Tribunal del Trabajo de Punta Arenas, Cecilia Agüero, quien señaló que se encuentra todo dispuesto para la entrada en funciones del nuevo procedimiento.
“Contar con una nueva justicia laboral desde Marzo, es un logro muy importante para los trabajadores de Magallanes, por lo que constituye una gran noticia, pero al mismo tiempo nos pone en la responsabilidad de que esto funcione en buena forma” – recalcó Muñoz – indicando que la opinión recogida de ambas magistrados le hacen abrigar confianza de que la región será una destacada pionera en este ámbito.

Senadores le piden al gobierno que incorpore solución al daño previsional en la reforma que está en trámite

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta envió una carta a los ministros de Hacienda y de Trabajo para que se busque un acuerdo definitivo sobre la materia.

Una contundente señal para solucionar el daño previsional de miles de funcionarios públicos, envió hoy la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, al acordar en forma unánime solicitarle al gobierno que incluya una solución para ese sector en la reforma previsional que está actualmente en trámite en la Cámara Alta.
Así lo informaron los senadores Pedro Muñoz y Andrés Allamand, presidente e integrante de la citada instancia legislativa, respectivamente, tras señalar que enviaron una carta al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al titular de Trabajo, Osvaldo Andrade, para que consideren esa propuesta.
A juicio de los parlamentarios esta es la oportunidad precisa para solucionar el daño previsional que afecta a miles de funcionarios públicos, más aún si se toma en consideración que el proyecto que entrega un bono post laboral –que busca paliar en parte esa grave situación- no cumple con las expectativas de los eventuales beneficiados.
Al respecto el senador Muñoz señaló que “vamos a solicitarle a los Ministros de de Hacienda y de Trabajo que el bono post laboral, que en parte viene a paliar el daño previsional que han sufrido los funcionarios públicos que se cambiaron del sistema antiguo al sistema nuevo a partir del año 1981, tengan una solución que se incorpore en la reforma previsional”.
El parlamentario destacó la unanimidad que concitó esta propuesta, la que según él, es compartida por todos los senadores que forman parte de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo.

AHORA O NUNCA

En tanto, el senador Allamand señaló que este es el momento propicio para que la solución al daño previsional sea incorporada a la reforma previsional.
“Hasta ahora este tema había sido abordado en un proyecto separad, que era del bono post laboral, cuyo contenido no resuelve para nada la gravedad de la situación. De manera que la Comisión ha entendido que esto es ahora o nunca. O se aprovecha la instancia y el buen clima que existe para alcanzar un acuerdo sustantivo en materia de reforma previsional o simplemente este tema se va a eternizar en perjuicio de los trabajadores del sector público”, sentenció.
El senador señaló que la Alianza valora absolutamente el acuerdo alcanzado por la Comisión de Trabajo. Más aún, si se toma en consideración que los parlamentarios de ese sector han presentado diversas indicaciones destinadas a solucionar el daño previsional.
“Hemos presentado indicaciones en el proyecto de reforma previsional que son coherentes con aquellas que presentamos en la tramitación del proyecto de bono post laboral y que apuntan a una solución que significa efectuar aportes suplementarios en la cuenta individual de los trabajadores del sector público afectados por el daño previsional, en la perspectiva de que sus pensiones se normalicen en torno al 70% de las últimas remuneraciones”, explicó.
Cabe recordar que el proyecto que entrega un bono post laboral, busca mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazos en sus pensiones, por lo que contempla la entrega de un bono de $50 mil mensuales, de carácter vitalicio, para el personal que se desempeña en el sector y que cumplan determinados requisitos.
En lo fundamental, está orientado al personal que se desempeña en los órganos y servicios públicos, las municipalidades, y los funcionarios de los servicios traspasados, siempre que se encuentren afiliados al sistema de AFP; tengan a lo menos 20 años de servicios en las instituciones señaladas y el cálculo de su pensión arroje un monto líquido, igual o inferior al 55% de su última remuneración líquida, e inferior a 600 mil pesos mensuales.

Senador Pedro Muñoz espera que Ejecutivo acoja propuestas para aumentar beneficios de jubilaciones

Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo iniciaron el estudio de los distintos temas contenidos en la iniciativa। El jueves continuarán con el último capítulo y estarían en condiciones de iniciar su votación en particular.

A la espera de que el Ejecutivo acoja la solicitud de reducir la gradualidad de los beneficios de la reforma previsional y de disminuir el umbral de edad para que las mujeres puedan empezar a recibir la Pensión Básica Solidaria a partir de los 60 años, están los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo. Esto, tras iniciar el análisis en particular de los distintos capítulos del proyecto de reforma previsional que cumple su segundo trámite en la Cámara Alta.Según explicó el presidente de la Comisión de Trabajo, senador Pedro Muñoz, se avanzó considerablemente en el estudio del proyecto, por lo que se espera que el jueves el Ejecutivo entregue alguna propuesta que satisfaga las inquietudes mayoritarias de los senadores.“Analizamos en general las principales inquietudes de los senadores, para ver si hay ánimo o no, de acoger algunas indicaciones que tienen que ser patrocinadas por el Ejecutivo. El jueves terminamos con esta pequeña ronda de análisis, y el próximo lunes podríamos comenzar a votar”, explicó el senador.Asimismo, advirtió que si se logra un acuerdo para avanzar en la reforma previsional, éste sólo se conocerá en el transcurso de los próximos días, pues “tenemos que ver qué es lo que va a ofrecer el Ejecutivo”.El senador Muñoz recordó que el interés de los parlamentarios está en lograr que se reduzca de 65 a 60 años el umbral de edad para entregar la Pensión Básica Solidaria (PBS) a las mujeres y también que se disminuya la edad para que los discapacitados puedan recibir beneficios.Asimismo, señaló que existe un grupo mayoritario de senadores que estiman que el aumento de las Pensiones Básicas Solidarias debieran empezar a pagarse antes a las personas de más edad y que debiera estar en régimen no el 2009, sino que a partir del próximo año. “Otra de las inquietudes parlamentarias es aumentar de $200 mil a $300 mil el techo para el aporte previsional solidario, pero el gobierno no ha dicho nada al respecto y ceo que debiera responder el jueves, porque ahí terminamos de analizar el último capítulo del proyecto y no nos queda nada más que empezar a votar”, advirtió.El senador Muñoz recordó que el próximo jueves 6 de diciembre las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo sesionarán en jornada doble durante la mañana y la tarde, donde se abocarán a discutir el último capítulo del proyecto que dice relación con la industria de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), la igualdad de género y la institucionalidad.

Piden que la Contraloría investigue privatización de Frigorífico SACOR

Senador Muñoz (PS) entregó antecedentes sobre la licitación realizada el २००३

Cumpliendo lo que manifestó al conocerse los pormenores de la venta del Frigorífico Patagonia al grupo empresarial brasileño Marfrig, el Senador Pedro Muñoz concretó la petición al Contralor General de la República para que esta repartición investigue la legalidad de la operación realizada hace algunos años por el Fisco mediante la cual la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir, propiedad de la empresa pública SACOR, fue adjudicada a una asociación de ganaderos locales.

El legislador informó que el pasado lunes concurrió personalmente a las dependencias de la Contraloría General de la República en la capital, donde hizo entrega a su titular, Ramiro Mendoza, de un completo set con todos antecedentes disponibles vinculados a la licitación de la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir, propiedad de SACOR, entre los que se cuentan archivos de prensa, oficios de la Cámara de Diputados y las actas del Directorio del Sistema de Empresas, dependiente de CORFO.

Precisó que su requerimiento apunta exclusivamente a la venta que realizó dicha entidad fiscal el año 2003, procedimiento respecto del cual expresó dudas acerca del resguardo del patrimonio público. El parlamentario manifestó que espera que la Contraloría despeje definitivamente la arista jurídica de este lamentable caso y señale si el proceso de licitación efectuado se ajustó a las normas vigentes y protegió eficazmente los intereses públicos.

Recordó que se trató de un mecanismo donde hubo una serie de hechos anómalos, entre los que mencionó el cambio de directorio de la empresa, poco tiempo antes de la enajenación; respuestas equívocas a la Cámara de Diputados sobre el propósito privatizador, elaboración de bases de licitación cuestionadas y que se desatendió el informe técnico sobre el precio tentativo de venta y las opiniones, incluso, de los propios futuros compradores, todas cuestiones que, a su juicio, merecen ser revisadas convenientemente.

Muñoz reiteró sus duras críticas a la privatización reiterando sus apreciaciones en el sentido que el SEP tuvo todos los antecedentes necesarios para tomar una mejor decisión y, en cambio, optó por un procedimiento apresurado que sólo consideró el valor libro del inmueble y no su valoración comercial, claramente incrementada con los tratados suscritos por el país en los meses previos.

“Me interesa - recalcó - que se clarifique absolutamente la legalidad de esta licitación, pero no me cabe ninguna duda que, cualquiera sea el resultado de este análisis, lo ocurrido constituye, comercialmente, una torpeza inexcusable que ha afectado gravemente el patrimonio público.”

“Quien, contra todas las opiniones, incluso de los propios compradores, vende en US$ 2.5 lo que se revela, en pocos años, costar más de US$ 8, más aún cuando en el tiempo intermedio el Fisco ha aportado otro tanto, por vía de subsidios, ciertamente ha hecho un pésimo negocio” – culminó expresando.

Senador Pedro Muñoz valoró decisión del gobierno de terminar con el impuesto al divorcio

Absolutamente conforme con la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso para terminar con el denominado impuesto al divorcio se manifestó el senador Pedro Muñoz, quién entre otros, presentó una moción en esa materia।

El legislador, que previamente manifestó su preocupación por esta situación que perjudicaría a muchas mujeres, se reuniócon la ministra del Sernam, Laura Albornoz, y la Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, quienes firmaron la iniciativa que permitirá exceptuar de la tributación a los bienes que reciben los cónyuges (generalmente las mujeres) en compensación económica cuando ocurre un divorcio.

La iniciativa modificará la ley 824, sobre Impuesto a la Renta, agregando un artículo que plantea que las compensaciones económicas convenidas o determinadas a favor del cónyuge en conformidad a la Ley 19.947 se exceptúan de tributación.

Según explicó la ministra Laura Albornoz el proyecto del Ejecutivo acogió los planteamientos del senador Pedro Muñoz y de otros dirigentes políticos, quienes constataron que muchas mujeres que reciben compensaciones económicas al llegar a un acuerdo de divorcio se verían tremendamente perjudicadas con este gravamen que anunció el Servicio de Impuestos Internos.

“El llamado impuesto al divorcio quedó planteado como un problema a comienzos de noviembre, a partir de una serie de casos particulares que a través de la prensa manifestaron su preocupación después que la entidad emitiera una circular que interpretó que los bienes y patrimonios recibidos en compensación económica en los acuerdos y conciliaciones de divorcio estaban sujetos al pago de impuesto a la renta”.

El senador Muñoz aclaró que “esta normativa tendrá un efecto retroactivo una vez que la ley entre en vigencia, así quienes han pagado un impuesto van a poder recuperarlo haciendo las presentaciones respectivas en Impuestos Internos. Nosotros hemos quedado tremendamente satisfechos porque la iniciativa del Ejecutivo que reemplaza la que presentamos es fiel a la propuesta nuestra”.

A continuación el senador agregó que la interpretación de Impuestos Internos agregaba al drama del divorcio otro adicional al sacar provecho económico respecto de la desaparición y cobrarles impuesto a los cónyuges. Lo importante, es tratar de solucionar los problemas de la gente y es posible que de aquí al 31 de diciembre el tema quede definitivamente resuelto, finalizó el parlamentario.