Cumpliendo lo que manifestó al conocerse los pormenores de la venta del Frigorífico Patagonia al grupo empresarial brasileño Marfrig, el Senador Pedro Muñoz concretó la petición al Contralor General de la República para que esta repartición investigue la legalidad de la operación realizada hace algunos años por el Fisco mediante la cual la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir, propiedad de la empresa pública SACOR, fue adjudicada a una asociación de ganaderos locales.
El legislador informó que el pasado lunes concurrió personalmente a las dependencias de la Contraloría General de la República en la capital, donde hizo entrega a su titular, Ramiro Mendoza, de un completo set con todos antecedentes disponibles vinculados a la licitación de la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir, propiedad de SACOR, entre los que se cuentan archivos de prensa, oficios de la Cámara de Diputados y las actas del Directorio del Sistema de Empresas, dependiente de CORFO.
Precisó que su requerimiento apunta exclusivamente a la venta que realizó dicha entidad fiscal el año 2003, procedimiento respecto del cual expresó dudas acerca del resguardo del patrimonio público. El parlamentario manifestó que espera que la Contraloría despeje definitivamente la arista jurídica de este lamentable caso y señale si el proceso de licitación efectuado se ajustó a las normas vigentes y protegió eficazmente los intereses públicos.
Recordó que se trató de un mecanismo donde hubo una serie de hechos anómalos, entre los que mencionó el cambio de directorio de la empresa, poco tiempo antes de la enajenación; respuestas equívocas a la Cámara de Diputados sobre el propósito privatizador, elaboración de bases de licitación cuestionadas y que se desatendió el informe técnico sobre el precio tentativo de venta y las opiniones, incluso, de los propios futuros compradores, todas cuestiones que, a su juicio, merecen ser revisadas convenientemente.
Muñoz reiteró sus duras críticas a la privatización reiterando sus apreciaciones en el sentido que el SEP tuvo todos los antecedentes necesarios para tomar una mejor decisión y, en cambio, optó por un procedimiento apresurado que sólo consideró el valor libro del inmueble y no su valoración comercial, claramente incrementada con los tratados suscritos por el país en los meses previos.
“Me interesa - recalcó - que se clarifique absolutamente la legalidad de esta licitación, pero no me cabe ninguna duda que, cualquiera sea el resultado de este análisis, lo ocurrido constituye, comercialmente, una torpeza inexcusable que ha afectado gravemente el patrimonio público.”
“Quien, contra todas las opiniones, incluso de los propios compradores, vende en US$ 2.5 lo que se revela, en pocos años, costar más de US$ 8, más aún cuando en el tiempo intermedio el Fisco ha aportado otro tanto, por vía de subsidios, ciertamente ha hecho un pésimo negocio” – culminó expresando.
El legislador informó que el pasado lunes concurrió personalmente a las dependencias de la Contraloría General de la República en la capital, donde hizo entrega a su titular, Ramiro Mendoza, de un completo set con todos antecedentes disponibles vinculados a la licitación de la Planta Faenadora de Carnes de Porvenir, propiedad de SACOR, entre los que se cuentan archivos de prensa, oficios de la Cámara de Diputados y las actas del Directorio del Sistema de Empresas, dependiente de CORFO.
Precisó que su requerimiento apunta exclusivamente a la venta que realizó dicha entidad fiscal el año 2003, procedimiento respecto del cual expresó dudas acerca del resguardo del patrimonio público. El parlamentario manifestó que espera que la Contraloría despeje definitivamente la arista jurídica de este lamentable caso y señale si el proceso de licitación efectuado se ajustó a las normas vigentes y protegió eficazmente los intereses públicos.
Recordó que se trató de un mecanismo donde hubo una serie de hechos anómalos, entre los que mencionó el cambio de directorio de la empresa, poco tiempo antes de la enajenación; respuestas equívocas a la Cámara de Diputados sobre el propósito privatizador, elaboración de bases de licitación cuestionadas y que se desatendió el informe técnico sobre el precio tentativo de venta y las opiniones, incluso, de los propios futuros compradores, todas cuestiones que, a su juicio, merecen ser revisadas convenientemente.
Muñoz reiteró sus duras críticas a la privatización reiterando sus apreciaciones en el sentido que el SEP tuvo todos los antecedentes necesarios para tomar una mejor decisión y, en cambio, optó por un procedimiento apresurado que sólo consideró el valor libro del inmueble y no su valoración comercial, claramente incrementada con los tratados suscritos por el país en los meses previos.
“Me interesa - recalcó - que se clarifique absolutamente la legalidad de esta licitación, pero no me cabe ninguna duda que, cualquiera sea el resultado de este análisis, lo ocurrido constituye, comercialmente, una torpeza inexcusable que ha afectado gravemente el patrimonio público.”
“Quien, contra todas las opiniones, incluso de los propios compradores, vende en US$ 2.5 lo que se revela, en pocos años, costar más de US$ 8, más aún cuando en el tiempo intermedio el Fisco ha aportado otro tanto, por vía de subsidios, ciertamente ha hecho un pésimo negocio” – culminó expresando.
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