El senador (PS) Pedro Muñoz presentó una moción que establece un procedimiento destinado a enfrentar el sobreendeudamiento de los deudores particulares a través de la mediación, en primera instancia, y la fórmula judicial en caso de no llegar a avenimiento con los acreedores, en segundo lugar.
La iniciativa propone la creación de un mecanismo preventivo de mediación que evalúa la situación de quienes tienen compromisos comerciales por una comisión tripartita compuesta por representantes de los acreedores, expertos en materia de consumo y los deudores.
Si se reúnen los requisitos de insolvencia, se suspenden por ejemplo los embargos de bienes por parte de los demandantes y se acoge o rechaza un plan de pagos propuesto por el ente mediador. En el primer caso se lo consideraría una transacción, mientras que en el segundo los acreedores podrían recurrir al procedimiento ejecutivo, señaló el parlamentario que integra la Comisión de Trabajo de la cámara alta.
Cuando se llega al procedimiento judicial, indicó el autor del Proyecto de Ley, el moroso opondría una nueva excepción de insolvencia para detener el embargo, citándose a una audiencia frente a todos los ejecutantes, que podrían ser casas comerciales o entidades bancarias, en que propondría un plan de pago que si es aceptado por la parte acreedora pondría fin al juicio ejecutivo.
Pero si la programación de pagos no es aceptada, señaló el legislador socialista, corresponderá al juez resolver en definitiva acerca de la situación del deudor, fijando un plazo de hasta 5 años para finiquitar el débito, gozando con amplias facultades para condonar, ampliar plazos, reducir y morigerar tasas y gastos adicionales al capital.
El parlamentario señaló que el Proyecto de Ley se justifica ante el preocupante aumento en los niveles de endeudamiento que presentan los hogares chilenos, quienes destinan el 57% de sus ingresos al pago de compromisos crediticios, al mismo tiempo que el total de estos supera 8 veces el ingreso mensual promedio, según cifras entregadas por el Banco Central.
Si a eso se suman las bajas remuneraciones, la escasa calificación técnica de muchos trabajadores, la falta de información de los consumidores respecto a las condiciones comerciales ofrecidas y la inexistencia de un procedimiento que haga frente al sobreendeudamiento familiar, el cual hace que el deudor enfrente tantos procedimientos como acreedores tenga, torna indispensable legislar sobre la materia, aseveró el congresista.
“El proyecto responde a las inquietudes de los deudores y de las organizaciones de consumidores, además que tiene la ventaja de ser simple aprovechando las instancias y procedimientos ya existentes. De todas maneras está en el límite de las posibilidades parlamentarias, pues lo ideal sería que un organismo como el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) analizara los casos para dar paso a la mediación, pero no tenemos las facultades para ello por ser competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”, manifestó el senador Pedro Muñoz.
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