Senador Pedro Muñoz presentó una moción que reemplaza el actual procedimiento de reclamos por cobros de aranceles de notarios y conservadores

Nuevo mecanismo se regirá por la Ley de Derechos del Consumidor


Modificar el procedimiento de reclamos por cobros de notarios, conservadores y archiveros para que se rijan por las normas generales de la Ley del Consumidor, en lugar de hacerlo acogiéndose a los diversos decretos del Ministerio de Justicia dictados para fijar los aranceles de las prestaciones, propusieron los senadores Pedro Muñoz, Jaime Naranjo y Camilo Escalona , autores de la moción que será analizada por la Comisión de Constitución.

Para terminar con el trámite burocrático, los legisladores establecen que cualquier persona podrá formular reclamos por el incumplimiento de los preceptos de los aranceles de Notarios Públicos, Conservadores de Bienes Raíces, Conservadores de Minas y Archiveros, de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley de Derechos del Consumidor que contiene normas generales de protección.

Los parlamentarios autores de la iniciativa, afirmaron que los ministros de fe que se desempeñan en Notarías son objeto de constantes reclamos por el incumplimiento en los cobros de los aranceles. Sin embargo, puntualizaron que el principal problema al que se ven enfrentados los usuarios cuando quieren hacer respetar los precios establecidos en los aranceles es que el proceso para presentar los reclamos es engorroso y desconocido por la mayoría.

De hecho, según los respectivos decretos leyes estas denuncias deben ser presentadas ante un Ministro Visitador, quien debe velar por el buen funcionamiento de las Notarías, o las Intendencias y Gobernaciones, en su caso, para que éstas los deriven a la justicia ordinaria.

El senador Pedro Muñoz explicó que “este complejo procedimiento hace que los afectados prefieran aceptar pasivamente estos abusos, más aún cuando los ciudadanos no conocen el valor de dichos trámites”.

Argumentó que “en el caso de las Notarías y Conservadores, existe un servicio que presta el servicio y una persona que es el usuario del mismo, por lo que resulta incomprensible que esta relación no se encuentre reglamentada por la Ley de los Derechos de los Consumidores”.

Agregó que, de acuerdo a esta legislación son consumidores “las personas naturales o jurídicas que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso adquieran, utilicen, o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios”.
De igual forma, la ley define como proveedores, a las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores por las que se cobre precio o tarifa.

Por tal motivo, expresó el legislador que “deben suprimirse las referencias especiales en los Decretos Leyes que regulan la forma de reclamo en caso de incumplimiento de aranceles a los auxiliares de la administración de justicia que impiden actualmente que estas prestaciones se rijan por la Ley sobre Derechos del Consumidor”.

El senador Muñoz recordó que al igual que lo anunció la presidenta Bachelet el 21 de mayo “no es posible que los trámites demoren varios días o semanas, ni que su costo sea tan elevado. El Estado ha hecho gran parte de su tarea y es pionero en la tramitación electrónica en los servicios de Impuestos Internos y de Registro Civil, entre otras instituciones. Ahora es el turno de notarios y conservadores”.

No obstante, dicha reforma se encuentra en etapa de estudio y aún no ha ingresado a tramitación al Congreso Nacional ningún proyecto del Ejecutivo relativo a tal materia, informó el parlamentario.

Por qué me opóngo a terminar con indemnizaciones por años de servicio

Críticas al mecanismo carecen de fundamento

Rechazo introducir cambios en la legislación sobre indemnización por años de servicio. A mi juicio las críticas a este sistema se han fundado en argumentos que resultan muy cuestionables.

Se ha dicho que encarecerían el despido, constituyendo un freno a la contratación de nuevos trabajadores. Ello es rebatido con cifras del propio Banco Mundial que señalan que el costo del despido en Chile está en el promedio de las economías del mundo y por debajo de países como Alemania, España, Portugal, Corea, China y Argentina.
Esos mismos estudios demuestran que la facilidad que los empresarios tienen para poner fin a la relación laboral es muy alta en nuestro país, existiendo gran flexibilidad de las normas, a diferencia de lo que ocurre en otros países del continente y en las naciones más desarrolladas. No resulta razonable utilizar las cifras de estudios internacionales cuando convienen y hacer vista gorda cuando muestran lo contrario.

En otro sentido, se ha sostenido que la existencia del mecanismo indemnizatorio es un obstáculo al alza del nivel de remuneraciones. Ello tampoco es efectivo. En los sectores de uso intensivo de empleos temporales, donde no hay acceso a la indemnización, como en las faenas agrícolas, el procesamiento de productos del mar y la construcción, no se observan ingresos de los trabajadores superiores a los empleos permanentes y, por el contrario, se trata de áreas donde existe una grave y permanente vulneración de los derechos laborales.

Por último, se ha argumentado señalando que del total de indemnizaciones que se pagan en el país un amplio porcentaje las reciben los grupos de mayores ingresos. El criterio estadístico es erróneo, pues ello es consecuencia de la desigual distribución del ingreso. Esa misma lógica podría llevar a concluir que la protección de las remuneraciones y de los derechos de los sectores más pobres del país, por su escasa incidencia en el total, carece de sentido, lo que resulta un despropósito.

Me parece que hay que generar políticas que apunten a aumentar los empleos, especialmente, en los sectores más vulnerables, como jóvenes y mujeres, pero no a costa de financiarlos con el bolsillo de los trabajadores.

Senadores Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier proponen modificar Código Aeronáutico para proteger derechos de los usuarios del transporte aéreo

Moción propone modificaciones sustantivas en indemnizaciones, compensaciones y reembolsos por cancelación de vuelos y denegación de embarque



Los senadores socialistas Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier presentaron un Proyecto de Ley que reforma drásticamente el Código Aeronáutico para proteger de manera más eficiente los derechos de los pasajeros, quienes según los autores, se encuentran insuficientemente resguardados ante lo que califican como un virtual monopolio por parte de Lan.

Los legisladores fundamentaron la iniciativa en que la comunicación aérea es imprescindible en un país tan extenso y fragmentado como Chile, en que lamentablemente existiría una situación anómala pues sumado a alta concentración del mercado se añade que no existe todavía una fuerte competencia entre los distintos operadores aéreos que favorezca a los usuarios, quienes muchas veces no tienen alternativas en algunos itinerarios.

Por lo anterior señala el senador Muñoz, “el mercado aéreo presenta particularidades que hacen difícil las comparaciones entre tarifas, pues la existencia de pasajes muy diferenciados imponen un significativo factor de distorsión, ya que las alzas pueden ser encubiertas a través de alteraciones en el régimen de cupos”.

“Además la posición dominante de un oferente particular le permite suspender o retrasar vuelos por razones de escasa venta de pasajes o la insuficiente rentabilidad de algunos vuelos, más que por factores climáticos o de seguridad, junto a la escasez de información referida al viaje desde la compra del billete hasta su llegada a destino”, afirmó el parlamentario.

El Proyecto de Ley obliga a los vendedores de tickets aéreos a informar claramente las diversas alternativas existentes para las rutas, privilegiando las de menos valor y entre estas, los vuelos directos respecto de los que tienen escalas y explicitar en los propios billetes las condiciones y limitaciones de estos.

También el texto incorpora disposiciones concernientes al transporte de personas discapacitadas y equipara las indemnizaciones, reembolsos y prestaciones a las vigentes en la Unión Europea, junto con establecer que en caso de accidente aéreo el operador tendrá la obligación de anticipar a los familiares de las víctimas una parte de las indemnizaciones para atender los gastos más inmediatos.

Las indemnizaciones contempladas van de un rango de 9 a 22 Unidades de Fomento para vuelos comprendidos entre los 1500 y los 3500 kilómetros o más, considerando el último punto al que el pasajero llegará con retraso como consecuencia de una denegación de embarque o cancelación injustificada, todos pagos que se cancelarán inmediatamente.

Se reembolsará el valor integro del pasaje o en su defecto se proporcionará al afectado un transporte alternativo de responsabilidad de la empresa, sin perjuicio de las acciones establecidas ante los tribunales ordinarios en caso de considerar que los perjuicios materiales y morales exceden la magnitud de lo contemplado en la norma
El senador Pedro Muñoz destacó que la modificación al Código Aeronáutico, cuyas disposiciones relativas a indemnizaciones no han sufrido cambios sustantivos durante el último tiempo, pretende proteger a los usuarios de abusos como el sufrido recientemente por cientos de compatriotas que compraron pasajes de Air Madrid y quedaron parados por varios días en la capital española, estableciendo explícitamente y de manera inmediata las compensaciones a recibir por parte de la empresa responsable.

Senador Pedro Muñoz presentó moción que establece la publicación de los precios de los libros fijados por sus editores, importadores o distribuidores

Moción busca fomentar competencia en la distribución de libros


Una moción para fomentar la lectura y estimular la competencia en la distribución de libros presentaron los senadores Pedro Muñoz Aburto, en calidad de autor, Andrés Chadwick, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez y Mariano Ruiz-Esquide. La iniciativa fue acogida a tramitación y será discutida por la Comisión de Educación de la cámara alta.
Los parlamentarios argumentaron que al publicar los precios preestablecidos en las obras, fijados por sus editores, distribuidores mayoristas o importadores, se evita su encarecimiento artificial en la cadena de comercialización y la distorsión que las políticas de descuentos generan en perjuicio de pequeños editores y libreros.
El senador Pedro Muñoz señaló que “este procedimiento se ha aplicado con éxito en muchos países, ya sea a través de acuerdos privados entre los editores o, mediante la regulación y la publicación de normas legales y administrativas”. Agregó que, por ejemplo, buena parte de los países miembros de la Unión Europea disponen de este tipo de medidas.
Añadió el parlamentario magallánico que “la adopción de un mecanismo de esta naturaleza en nuestro país permitiría continuar avanzando en la promoción del libro y la lectura, masificar su difusión y promover la diversidad en la creación artística”.
Una iniciativa como la que se propone, a juicio de sus patrocinantes, constituiría un importante medida regulatoria a favor de la libre competencia, fortaleciendo a las pequeñas librerías que en la actualidad no logran conseguir los descuentos por volúmenes aplicados por las distribuidoras, tal como lo han planteado tanto la Cámara Chilena del Libro como la Asociación Gremial de Editores Independientes Universitarios y Autónomos de Chile.
El senador Muñoz puntualizó que la eventual aprobación de estas disposiciones no se opone a la aplicación de otras políticas con los mismos objetivos tales como el incremento de los subsidios y fondos destinados a promover la edición e incentivar la comercialización de los libros; mejorar las bibliotecas, respaldar a los autores y, especialmente, flexibilizar las normas tributarias existentes particularmente en lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
NORMAS DE LA INICIATIVA
El proyecto señala que los editores, distribuidores, mayoristas o importadores de libros deberán establecer un precio de venta para las obras que comercialicen, el que deberá incorporarse en un lugar visible de la contraportada de las obras.
Las distribuidores minoristas, libreros, y vendedores por cuenta propia estarán obligados a respetar dicho valor. Sólo será admisible la aplicación de descuentos de hasta un 5% del valor fijado tratándose de compras al contado, políticas de premio a clientes frecuentes, textos con más de tres años de exhibición y adquisiciones hechas a través de Internet.
El proyecto establece además, que la infracción a lo dispuesto será considerado un hecho atentatorio contra la libre competencia y sancionado con una multa que irá entre las 5 a 1000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir entre 160.000 y 32 millones de pesos.
Sin embargo, en el caso de que los infractores sean distribuidores minoristas, se les aplicará una multa que irá entre los 160 mil y los 3 millones 200 mil pesos

Senado aprueba Proyecto de Ley que crea el Día Nacional del Teatro

Pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados


Por unanimidad el senado aprobó en sala el proyecto de ley que crea el Día Nacional del Teatro en homenaje al fallecido actor y director Andrés Pérez Araya.

La iniciativa legal, presentada por los senadores Pedro Muñoz, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri y Pablo Longueira, contempla instaurar el 11 de mayo, fecha del natalicio de Andrés Pérez, como Día Nacional del Teatro en reconocimiento a la fructífera labor de creación y difusión de quién fuera fundador y director de la Compañía Gran Circo Teatro.

Andrés Pérez Araya se destacó como autor de la recordada obra La Negra Ester, con la cual recorrió exitosamente escenarios de Chile y el extranjero, sin mencionar montajes tales como Popul Vuh, Madame de Sade y La Huida, todos los cuales fueron en su momento bien recibidos por el público y la crítica.

El senador Pedro Muñoz, quién es creador de la propuesta, indicó que aunque otras figuras de la dramaturgia chilena podrían ser merecedoras de tal reconocimiento, el sello innovador de Andrés Pérez, recreando el imaginario popular y aproximando el arte escénico a sectores humildes de la población no habituados a presenciar espectáculos artísticos son razones contundentes para aprobar dicha medida.

El parlamentario destacó las actividades realizadas por la agrupación Acción Kultural en Punta Arenas para difundir y resaltar la importancia de Andrés Pérez, nacido en la misma ciudad en 1951, acciones que sin duda estimularon la idea de festejar su natalicio.

El proyecto será despachado a la Cámara en segundo trámite para su revisión, donde en caso de aprobarse sin observaciones, el proyecto de ley se sumaría a la celebración del Día Mundial del Teatro instaurado por la UNESCO cada 27 de marzo.

Senador Muñoz respaldó demandas de la Asociación de Funcionarios Municipales de Magallanes

Exigen modificar la asignación de zona



El senador Pedro Muñoz respaldó plenamente las gestiones realizadas por la Asociación de Funcionarios de Magallanes en la zona central, quienes han planteado la necesidad de modificar el cálculo de la asignación de zona para que este se realice sobre el total de las remuneraciones, y no a partir del sueldo base como sucede en la actualidad.

La petición de los dirigentes municipales se fundamenta en las importantes diferencias existentes entre los funcionarios comunales y el personal médico y de Fuerzas Armadas a los que la asignación se les calcula por el 105% del total de sus remuneraciones. Destacaron que el personal del Poder Judicial recibe el beneficio aplicado al 200% de sueldo base.

El problema, a juicio de La Asociación de Funcionarios Municipales, se resolvería modificando el Decreto Ley 3.551 que establece la asignación de zona junto con agregar al nuevo cálculo la asignación por antigüedad.

“El alto costo de vida que conlleva vivir en Magallanes ya sea por el mayor precio de las mercaderías o los prohibitivos valores del transporte al resto del país, justifica plenamente igualar las condiciones con que los funcionarios de los servicios públicos se desempeñan en nuestra región”, señalo el parlamentario.

“Por ello y haciéndome parte en las demandas de los funcionarios municipales es que recibí respuesta de parte de la Subsecretaría de Hacienda a una misiva en que solicitaba la factibilidad de equiparar el monto que reciben los trabajadores municipales por concepto de asignación fiscal, cuya situación es desmejorada en relación al Poder Judicial y las Fuerzas Armadas”, precisó el senador Muñoz.
El legislador señaló que de manera adicional le planteó al Ministro Andrés Velasco y a la Subsecretaria María Olivia Recart la inclusión del bono austral para los funcionarios municipales, beneficio que en la actualidad perciben los trabajadores de la administración pública.

Senador Pedro Muñoz pide excepción legal que permita al Casino de Puerto Natales seguir operando más allá del fin de su concesión el 2015

Presentó indicación a la Ley de casinos


El senador Pedro Muñoz presentó una moción que exime a Puerto Natales de considerar factores tales como el monto de la inversión, el incremento de la oferta turística y la evaluación del resultado operacional a la hora de continuar en funcionamiento más allá del año 2015, que es cuando se definirán los nuevos contratos de concesión mediante concurso.

El parlamentario señaló que la iniciativa nació a raíz de las disposiciones transitorias contenidas en la Ley de casinos de juegos, que según su opinión, favorecen ampliamente las grandes inversiones que incluyen la habilitación de hoteles de 4 y 5 estrellas en grandes núcleos urbanos, en desmedro de comunas menos pobladas y de menor condición socio económica.

El senador Muñoz destacó que con el actual sistema de asignación de permisos de operación será difícil para la comuna de Puerto Natales competir con otras comunas del centro del país que gozan de una ventajosa interconexión vial y un extenso número de habitantes , tanto permanentes como flotantes, a diferencia de la capital de la Provincia de Última Esperanza que sólo ve incrementada su densidad poblacional en época estival a causa de los visitantes extranjeros que visitan el Parque Nacional Torres del Paine.

“Perder la condición de ciudad sede de un casino lesionaría gravemente los ingresos comunales, por cuanto estos provienen en un 40% de la actividad turística y de esparcimiento, sobre todo ante la reciente adjudicación de un permiso de operación en Punta Arenas, lo cual podría restar interés en realizar una oferta que compita con una ciudad del centro de país”, indicó el legislador.

Agregó que existen precedentes, pues la propia ley 19.995 incluye excepciones a la regla . Prueba de ello, afirmó, es su articulo 64 que reconoce la especial condición social, económica y geopolítica de Arica al eximirla de la cantidad nacional y regional de casinos de juegos vigente para el resto del país.
El senador Muñoz finalizó reiterando la importancia de atender el tema con antelación y no cuando el proceso de licitación se encuentre próximo a su fin, ya que al culminar los permisos actualmente vigentes, la situación será completamente distinta pues ya estarán definidos los 17 restantes permisos de operación