Rechazo introducir cambios en la legislación sobre indemnización por años de servicio. A mi juicio las críticas a este sistema se han fundado en argumentos que resultan muy cuestionables.Se ha dicho que encarecerían el despido, constituyendo un freno a la contratación de nuevos trabajadores. Ello es rebatido con cifras del propio Banco Mundial que señalan que el costo del despido en Chile está en el promedio de las economías del mundo y por debajo de países como Alemania, España, Portugal, Corea, China y Argentina.
Esos mismos estudios demuestran que la facilidad que los empresarios tienen para poner fin a la relación laboral es muy alta en nuestro país, existiendo gran flexibilidad de las normas, a diferencia de lo que ocurre en otros países del continente y en las naciones más desarrolladas. No resulta razonable utilizar las cifras de estudios internacionales cuando convienen y hacer vista gorda cuando muestran lo contrario.
En otro sentido, se ha sostenido que la existencia del mecanismo indemnizatorio es un obstáculo al alza del nivel de remuneraciones. Ello tampoco es efectivo. En los sectores de uso intensivo de empleos temporales, donde no hay acceso a la indemnización, como en las faenas agrícolas, el procesamiento de productos del mar y la construcción, no se observan ingresos de los trabajadores superiores a los empleos permanentes y, por el contrario, se trata de áreas donde existe una grave y permanente vulneración de los derechos laborales.
Por último, se ha argumentado señalando que del total de indemnizaciones que se pagan en el país un amplio porcentaje las reciben los grupos de mayores ingresos. El criterio estadístico es erróneo, pues ello es consecuencia de la desigual distribución del ingreso. Esa misma lógica podría llevar a concluir que la protección de las remuneraciones y de los derechos de los sectores más pobres del país, por su escasa incidencia en el total, carece de sentido, lo que resulta un despropósito.
Me parece que hay que generar políticas que apunten a aumentar los empleos, especialmente, en los sectores más vulnerables, como jóvenes y mujeres, pero no a costa de financiarlos con el bolsillo de los trabajadores.
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