
Esta fecha es una ocasión para reconocer que, lamentablemente, este es un problema grave que afecta a nuestra sociedad y, en particular, a la Región de Magallanes y que, por lo tanto, debe continuar siendo un motivo de preocupación de autoridades, organismos policiales, tribunales y de la comunidad toda.
Desde el retorno a la democracia hemos tenido importantes avances. Significativa ha sido la acción del Sernam en la promoción de políticas de apoyo y modificaciones legislativas. También han sido trascendentes la dictación de las leyes 19.325 y 20.066, que han fijado un procedimiento especial, sanciones y medidas cautelares para las mujeres víctimas de violencia al interior de sus hogares.
Hasta hace algunos años este era un tema tabú para nuestra sociedad, que gracias a estas normas, a la acción decidida de organismos estatales y entidades privadas y al coraje de las víctimas que se han atrevido a denunciar, ha salido a la luz y ha sido abordado a nivel nacional, constituyendo uno de los ejes de las políticas públicas.
Este es un problema que tiene ribetes sociales, económicos y culturales muy arraigados, por lo que es muy importante mantener una labor permanente y sistemática de evaluación de las políticas públicas, promover los cambios culturales que permitan erradicar la violencia y respaldar a las víctimas.
Quiero culminar haciendo un llamado a continuar esta labor y expresando mi compromiso de seguir apoyando las enmiendas legales que permitan avanzar en eliminar este flagelo y fortalecer las medidas de protección para quienes lo sufren.
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