Iniciativa del Diputado Pedro Muñoz (PS) persigue mejorar remuneraciones y excluir de licitaciones a empresas que infrinjan leyes laborales, sociales y tributarias
Su primer avance legislativo registró el proyecto de ley del Diputado Pedro Muñoz (PS) destinado a asegurar una mayor protección de los trabajadores de empresas contratistas del Estado. Éste fue aprobado durante la presente semana en la Comisión de Trabajo y deberá ser analizado por la Sala de la Cámara Baja en los próximos días.
La iniciativa surgió hace varios meses, a consecuencia de la huelga que realizaron en Magallanes los empleados de una naviera, con el objeto de conseguir un mejoramiento en sus condiciones laborales. Transcurridos unos días, el movimiento terminó sin los resultados esperados. Uno de los aspectos que más decepción provocó fue que la empresa es contratista del Fisco en servicios de transporte.
Dicha situación motivó al diputado socialista a presentar una moción que pretende exigir a los organismos de la administración pública, que realicen licitaciones para la prestación de servicios periódicos, contemplar en las bases del concurso requisitos que aseguren a los trabajadores mayores beneficios que en el contrato anterior.
El parlamentario destacó la importancia práctica del proyecto, que beneficiaría a los trabajadores de múltiples servicios, tales como los de alimentación escolar, aseo, parquímetros, transporte y muchos otros que son licitados por entidades públicas, sean éstas ministerios o municipios.“
“Queremos evitar – recalcó - que las empresas mejoren las posibilidades de sus propuestas manteniendo inalterables, o incluso reduciendo, las remuneraciones y beneficios de sus trabajadores y, por el contrario, favorecer a quienes sí ofrezcan mejoramientos en las condiciones laborales.”
Asimismo, el legislador propone que en el caso de toda adquisición de bienes o prestación de servicios, sea a través de licitaciones públicas o privadas o contratación directa, se excluya a las empresas que mantengan deudas tributarias, sociales o provisionales o que hayan sido sancionadas, en los últimos 5 años, por infracciones a la legislación laboral.
“No es razonable que empresas que violan las leyes del trabajo y defraudan al propio Estado, sean al mismo tiempo favorecidos con suculentos contratos” – sentenció - agregando que si bien esta norma está establecida actualmente en un reglamento es importante darle rango legal.
En último término, la propuesta del Diputado magallánico persigue que las garantías que se constituyen a favor de los organismos públicos, para asegurar el cumplimiento del contrato, permanezcan vigentes hasta 60 días después de que éste haya concluido y afiancen, también, las obligaciones laborales y sociales de los contratistas con sus trabajadores. Se busca así evitar que los organismos públicos cancelen la totalidad de los importes a las empresas y éstas dejen deudas pendientes con sus funcionarios.
“Creo que este conjunto de medidas – culminó afirmando Muñoz - apuntan al objetivo de dar más oportunidades a los trabajadores de estos servicios, generalmente mal remunerados y donde se registra una gran morosidad e incumplimiento, al tiempo de cautelar la competencia leal en estas licitaciones, toda vez que quien no cumple la legislación se encuentra en una condición de ventaja en sus costos, perjudicando a quienes sí respetan las normas.”
Su primer avance legislativo registró el proyecto de ley del Diputado Pedro Muñoz (PS) destinado a asegurar una mayor protección de los trabajadores de empresas contratistas del Estado. Éste fue aprobado durante la presente semana en la Comisión de Trabajo y deberá ser analizado por la Sala de la Cámara Baja en los próximos días.
La iniciativa surgió hace varios meses, a consecuencia de la huelga que realizaron en Magallanes los empleados de una naviera, con el objeto de conseguir un mejoramiento en sus condiciones laborales. Transcurridos unos días, el movimiento terminó sin los resultados esperados. Uno de los aspectos que más decepción provocó fue que la empresa es contratista del Fisco en servicios de transporte.
Dicha situación motivó al diputado socialista a presentar una moción que pretende exigir a los organismos de la administración pública, que realicen licitaciones para la prestación de servicios periódicos, contemplar en las bases del concurso requisitos que aseguren a los trabajadores mayores beneficios que en el contrato anterior.
El parlamentario destacó la importancia práctica del proyecto, que beneficiaría a los trabajadores de múltiples servicios, tales como los de alimentación escolar, aseo, parquímetros, transporte y muchos otros que son licitados por entidades públicas, sean éstas ministerios o municipios.“
“Queremos evitar – recalcó - que las empresas mejoren las posibilidades de sus propuestas manteniendo inalterables, o incluso reduciendo, las remuneraciones y beneficios de sus trabajadores y, por el contrario, favorecer a quienes sí ofrezcan mejoramientos en las condiciones laborales.”
Asimismo, el legislador propone que en el caso de toda adquisición de bienes o prestación de servicios, sea a través de licitaciones públicas o privadas o contratación directa, se excluya a las empresas que mantengan deudas tributarias, sociales o provisionales o que hayan sido sancionadas, en los últimos 5 años, por infracciones a la legislación laboral.
“No es razonable que empresas que violan las leyes del trabajo y defraudan al propio Estado, sean al mismo tiempo favorecidos con suculentos contratos” – sentenció - agregando que si bien esta norma está establecida actualmente en un reglamento es importante darle rango legal.
En último término, la propuesta del Diputado magallánico persigue que las garantías que se constituyen a favor de los organismos públicos, para asegurar el cumplimiento del contrato, permanezcan vigentes hasta 60 días después de que éste haya concluido y afiancen, también, las obligaciones laborales y sociales de los contratistas con sus trabajadores. Se busca así evitar que los organismos públicos cancelen la totalidad de los importes a las empresas y éstas dejen deudas pendientes con sus funcionarios.
“Creo que este conjunto de medidas – culminó afirmando Muñoz - apuntan al objetivo de dar más oportunidades a los trabajadores de estos servicios, generalmente mal remunerados y donde se registra una gran morosidad e incumplimiento, al tiempo de cautelar la competencia leal en estas licitaciones, toda vez que quien no cumple la legislación se encuentra en una condición de ventaja en sus costos, perjudicando a quienes sí respetan las normas.”
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