Ello reafirma gestiones que realicé durante ley de pesca para rechazar intento del Gobierno de utilizar áreas protegidas con fines productivos
La Contraloría General de la República ratificó criterios anteriores en el sentido que “no resulta posible desarrollar actividades acuícolas dentro del perímetro de un parque nacional y, por ende, otorgar concesiones de acuicultura.” La resolución del ente contralor agrega que “los servicios públicos respectivos deberán adecuar sus procedimientos a los criterios antes descritos y modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura que no se ajusten a esa restricción.”
Valoro ese dictamen que pone fin a una disputa jurídica entre la CONAF y la Subsecretaría de Pesca, en el sentido de cautelar las áreas protegidas del Estado.
Había hecho presente el tema en una sesión especial de la Comisión de Medio Ambiente, solicitada junto con el senador Alejandro Navarro. Asimismo, durante la tramitación de la ley de pesca advertí y logramos frenar el intento de la Subsecretaría de corregir esta situación a través de una indicación incorporada en forma muy sigilosa en la Comisión de Pesca. La rápida denuncia que realicé y el apoyo de entidades ecologistas y ambientalistas permitieron que se desechara esa solución que claramente afectaría a las áreas protegidas.
La acuicultura es una actividad que realizada intensivamente, como se pretende, puede generar graves problemas ambientales, como ya ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén. La pretensión de la Subpesca de que los parques nacionales están conformados sólo por tierra y no por las aguas interiores carece de sustento biológico y ambiental, por cuanto la relación entre ambas es innegable.
La resolución de la Contraloría reafirma que no existe posibilidad de afectar los parques nacionales para este tipo de actividades.
Es probable que el Gobierno intente agudizar el problema prohibiendo también la pesca que se desarrolla en esta áreas, incluso por pueblos originarios. Se trataría de un exceso. Son actividades mucho menos invasivas y contaminantes, protegidas por el propio dictamen que resguarda situaciones jurídicas consolidadas anteriores, para las que, además, existe una clara solución en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de la Biodiversidad, donde se permitiría realizar actividades compatibles con el plan de manejo que se defina y bajo la supervigilancia estricta de la administración de los parques.
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