Debe insistirse en búsqueda de verdad y justicia y en acciones de reparación para las víctimas
Valoro la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el penal Cordillera. La medida encuentra plena justificación en la necesidad de terminar con los injustos privilegios de que gozaban personas condenadas por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Desde hace ya varios años parlamentarios y organizaciones venían solicitando el cese de este tipo de recintos con el objeto de asegurar la plena igualdad ante la ley.
Éstos se crearon en un contexto completamente distinto, que hoy ya no se justifica. La necesidad de avanzar en la justicia, sin afectar la estabilidad democrática hizo que los primeros gobiernos de la transición hicieran algunas concesiones que ya han perdido todo sentido.
Como abogado de víctimas de violaciones a los derechos humanos con posterioridad al Golpe Militar, quiero insistir en la necesidad de perseverar en la búsqueda de la verdad y justicia en muchos casos aún no resueltos y persistir, además, en el imperativo ético de mantener viva la memoria de éstos hechos, con el objeto de contribuir a que nunca más se repitan.
La conmemoración de los 40 años del Golpe Militar ha servido para conocer y recordar nuevos antecedentes acerca de la dictadura y sus consecuencias, consiguiéndose un mayor consenso en la condena de las violaciones a los derechos humanos ocurridas.
Es necesario, también, que, junto a este tipo de acciones, se realicen gestos claros de reparación, por ejemplo, ampliando los programas estatales de ayuda social y médica como el PRAIS y favoreciendo el éxito de las demandas a favor de ex presos políticos y otras víctimas. Mientras se dan este tipo de positivas señales, el Consejo de Defensa del Estado apela a las sentencias indemnizatorias de los tribunales, lo que debe corregirse.