Presentaremos indicaciones para mejorar fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, limitar la duración de las cuotas, frenar la concentración en la industria y fortalecer institucionalidad pesquera.
Las modificaciones a la Ley de Pesca sorteron este miércoles su primer escollo en la Cámara Alta. Fuí uno de los votos en contra.
En mi caso, mi posición de rechazo al sistema de cuotas por armador ha sido permanente. El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas. La historia nos dio la razón.
Diez años después, la captura del jurel, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año lo que, a su juicio, representa un fracaso del actual mecanismo de asignación de los recursos.
Lamentablemente, el Gobierno insiste en el mismo sistema que ha llevado a la pesca a una situación general de deterioro. Tras esta decisión está la intención de mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos los chilenos hasta casi extinguirlos.
Hay muchas razones para oponerse. entre ellas, la falta de soluciones para la pesca artesanal, la concentración y falta de competencia en la actividad industrial, las debilidades de la actual institucionalidad pesquera y la insuficiente protección de los pueblos originarios.
Respecto de la pesca artesanal, el proyecto no representa avances para este sector. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente, no se protegen los caladeros históricos ni se frena decididamente el arrastre.
En cuanto al sistema de cuotas, otorgarlas indefinidas o por 25 años prorrogables es un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por cuanto el estado en que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación periódica de sus resultados.
Faltan, asimismo, respuestas respecto a las modificaciones a la institucionalidad pesquera. No se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente ni se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. En este sentido requerimos aportes basales fijos para el Instituto de Fomento Pesquero, líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado, como también un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
Por último, no se consideró el parecer de los pueblos originarios, muchos de los cuales, como las etnias australes, han explotado ancestralmente los recursos del mar. Debe darse cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
Presentaremos indicaciones para asegurar un estatuto público para los recursos pesqueros, mejorar el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, acotar el plazo de las cuotas, frenar la concentración, fortalecer la institucionalidad y establecer una plataforma social para los trabajadores.
Diez años después, la captura del jurel, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año lo que, a su juicio, representa un fracaso del actual mecanismo de asignación de los recursos.
Lamentablemente, el Gobierno insiste en el mismo sistema que ha llevado a la pesca a una situación general de deterioro. Tras esta decisión está la intención de mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos los chilenos hasta casi extinguirlos.
Hay muchas razones para oponerse. entre ellas, la falta de soluciones para la pesca artesanal, la concentración y falta de competencia en la actividad industrial, las debilidades de la actual institucionalidad pesquera y la insuficiente protección de los pueblos originarios.
Respecto de la pesca artesanal, el proyecto no representa avances para este sector. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente, no se protegen los caladeros históricos ni se frena decididamente el arrastre.
En cuanto al sistema de cuotas, otorgarlas indefinidas o por 25 años prorrogables es un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por cuanto el estado en que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación periódica de sus resultados.
Faltan, asimismo, respuestas respecto a las modificaciones a la institucionalidad pesquera. No se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente ni se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. En este sentido requerimos aportes basales fijos para el Instituto de Fomento Pesquero, líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado, como también un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
Por último, no se consideró el parecer de los pueblos originarios, muchos de los cuales, como las etnias australes, han explotado ancestralmente los recursos del mar. Debe darse cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
Presentaremos indicaciones para asegurar un estatuto público para los recursos pesqueros, mejorar el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, acotar el plazo de las cuotas, frenar la concentración, fortalecer la institucionalidad y establecer una plataforma social para los trabajadores.
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