Presenté más de 130 propuestas que apuntan a fortalecer pesca artesanal, limitar duración de las cuotas, frenar concentración en la industria y fortalecer institucionalidad.
Voté en contra de la actual ley de pesca el 2002 y he sido uno de los más firmes críticos a la renovación del sistema de cuotas que impulsa el Gobierno y que está en una etapa decisiva en el Senado.
El pasado lunes venció el plazo para presentar indicaciones. Suscribí más de 130 de las cerca de 700 observaciones ingresadas.
Espero que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta pueda analizarlas con seriedad y sin prisa. Sería muy inconveniente que el Ejecutivo impusiera una urgencia excesiva que no permitiera el estudio profundo que se requiere. En la Cámara de Diputados esta etapa de revisión de indicaciones duró varias semanas.
En las indicaciones he patrocinado, muchas de ellas con otros senadores de la oposición, se abordan las materias más conflictivas del proyecto.
En primer término, creo imprescindible favorecer al sector artesanal. Para ello hemos propuesto resguardar las cinco millas de acceso protegido; establecer el control de esfuerzo como alternativa de administración, eliminar el pago de la patente, declarar diversas pesquerías, tales como la sardina, anchoveta y merluza como exclusivamente artesanales, prohibir el arrastre y asegurar el acceso a pesquerías incipientes y en recuperación.
Respecto del sistema de cuotas por armador, insisto en mi oposición a su prórroga. Creo que ha sido un fracaso por lo que votaré en contra de la reposición de los artículos referidos a las licencias transables que se rechazaron en la Cámara de Diputados, por falta de quórum. Sin perjuicio de ello, para el caso de que éstas sean repuestas por el Gobierno, hemos propuesto, a través de indicaciones, limitar su duración a 10 años. No es posible sostener la existencia de cuotas a perpetuidad o con una duración excesiva que en el fondo equivale a ceder a privados bienes de todos los chilenos.
Reafirmamos, también, la importancia de establecer un estatuto jurídico de los recursos pesqueros. Nos parece que es imprescindible dejar plenamente claro que éstos pertenecen a todos los chilenos y que los particulares sólo son autorizados a extraerlos por una declaración graciosa del Estado, que puede concluir en cualquier minuto si así lo exige el interés público.
Nos preocupa, además, evitar la concentración de la industria. Creemos que la acumulación de la propiedad de fracciones muy relevantes de las pesquerías en manos de algunos operadores es nociva. Proponemos prohibir que una misma empresa disponga más de un 15% de las cuotas de una determinada especie.
Fortalecer la institucionalidad pesquera, es también una urgente necesidad. Parte importante de la crisis que vive la pesca se debe a que contamos con una investigación y fiscalización con insuficiente presupuesto para el rol de la actividad en la economía nacional. En este ámbito, se formularon indicaciones para establecer aportes basales fijos y líneas investigativas permanentes para el Instituto de Fomento Pesquero, al tiempo de plantearse un reencasillamiento del personal del SERNAPESCA y un rediseño de las sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad.
Por último, incorporamos indicaciones tendientes al resguardo de los pueblos originarios, para los cuales se pide un acceso garantizado a los recursos y el apoyo social para los trabajadores desplazados de la industria.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario