Contraloría debe invalidar aprobación de Mina Invierno en Isla Riesco

Apoyo explícito del Gobierno restó imparcialidad a la evaluación ambiental

Junto a la Coordinadora de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, nos entrevistamos hoy con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, a quien solicitamos analizar la legalidad de los actos administrativos que concluyeron en la aprobación del proyecto Mina Invierno en Isla Riesco.

Creemos que el procedimiento aprobatorio y especialmente los pronunciamientos de la Comisión de Evaluación Ambiental y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se encuentran viciados como consecuencia del apoyo explícito y formal que el Ejecutivo otorgó a la iniciativa en el denominado Plan Magallanes.

Entregamos a la entidad fiscalizadora un completo dossier con documentos oficiales y publicaciones de prensa que recogen la historia de la propuesta gubernamental de desarrollo para la Región de Magallanes.

En los escritos se confirma que en la elaboración del Plan Magallanes sólo intervino el ejecutivo regional, de acuerdo a un formato y siguiendo una propuesta presidencial. Ello significa que las ideas y acciones contenidas en el Plan Magallanes fueron elaboradas y conocidas por los ministerios respectivos y sus Secretarías Regionales Ministeriales.

En lo que se refiere al área Crecimiento y Empleo, el apartado Desarrollo Minero en la Región de la primera versión del texto, presentada al Consejo Regional el 6 de Septiembre del 2011, indica como acción a ejecutar “Facilitar el desarrollo de nuevos proyectos mineros y otros recursos…”, asignando esta labor al Ministerio de Minería y Seremi. Asimismo, se establece como acción a realizar “Facilitar tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros”, señalando como responsables al Seremi de Minería / Conama / Corema 2011 – 2014. Las metas indican que estas acciones acarrearán la creación de 1600 nuevos empleos al 2014 y una inversión por “US$ 400 millones en proyecto carbonífero”, lo que hace evidente que se refiere al proyecto Mina Invierno.

El 5 de Noviembre de 2010, el Presidente de la República, Sebastián Piñera anunciaba oficialmente el Plan Magallanes. Para ese entonces, una nueva versión del texto no admitía dudas, consignando entre los objetivos de la actual administración en la zona “Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco”.

Lo ocurrido constituye una ilegalidad y un evidente desacierto. Como lo señala la constitución y diversas leyes que regulan la actuación de la administración pública, ella debe ejercer sus funciones bajo el principio de probidad, una de cuyas derivaciones es que las autoridades deben ser imparciales en la toma de decisiones, vale decir actuar desprovistas de cualquier prejuicio.

Ello contrasta con la disposición abiertamente favorable al proyecto Mina Invierno, pues el Gobierno compromete sus esfuerzos para facilitar la aprobación ambiental e incentivar el proyecto, más aún entregando esa responsabilidad a los mismos servicios públicos cuyos representantes debían pronunciarse posteriormente sobre el asunto, tanto en la Comisión Evaluadora como en el Consejo de Ministros.

El vicio es tan evidente que el Ministro de Energía, Don Rodrigo Álvarez, se excusó de intervenir en la decisión del Consejo de Ministros, precisamente argumentando que “no es legalmente adecuado ni correcto en justicia para los requirentes, que participe o decida en esta materia” (en
tanto, como diputado) “y con la información que disponía, hice comentarios públicos y privados a favor del proyecto Mina Invierno.”

El asunto es que todas las autoridades y servicios que habiendo participado en la elaboración del Plan Magallanes concurrieron a los acuerdos de la Comisión de Evaluación Ambiental y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad incurrieron en ese prejuzgamiento ilegal e incorrecto.

En consecuencia, solicitamos a la Contraloría General de la República que analice la legalidad de la evaluación ambiental de Mina Invierno y los actos administrativos que la componen, especialmente las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental el 15 de febrero pasado y la del Comité de Ministros para la sustentabilidad, el pasado viernes 12 de agosto.

Suspensión de seguimiento de redes sociales es un triunfo de la libertad y la democracia.

Se demostró solidez de recurrir a la Contraloría contra este mecanismo ilegal.

La decisión del Gobierno de suspender la aplicación del sistema de seguimiento de redes sociales, anunciada por el Ministro vocero Andrés Chadwick no puede sino producir satisfacción. El Ejecutivo ha echado pié atrás a una mala idea y a un contrato ilegal que vulneraba los derechos ciudadanos, transgrediendo la ley de protección de datos personales y afectando gravemente las garantías individuales, como lo argumenté ante la Contraloría General de la República.

Las explicaciones dadas, en su momento, por la ex Ministra y actual senadora Ena Von Baer fueron muy débiles y dejaron de manifiesto que lo que se licitó no era una plataforma de seguimiento de los comentarios emitidos por los usuarios en las redes sociales, sino un registro de opiniones políticas, lo que se encuentra prohibido.

Las opiniones políticas son datos sensibles y no se pueden registrar en caso alguno. Y resulta que las bases técnicas de la plataforma licitada por el Gobierno señalaban que se identificaría el origen de los comentarios, vale decir su autor; la red en que se expresaron (twitter, facebook, blogs) y, más aún, que éstas se almacenarían por un plazo no inferior a cuatro meses.

Eso no era una encuesta o una percepción del parecer de la ciudadanía, como se quiso hacer pasar, sino que era sencillamente la creación de un registro de opiniones políticas, prohibido por la ley y, por tanto, era evidente que sería reparado por la Contraloría. El inminente pronunciamiento contrario de dicha entidad motivó al decisión del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Dejar atrás este sistema constituye un triunfo de los usuarios de las redes sociales, pero más que eso de la libertad de expresión y de nuestra democracia, en que cualquier ciudadano debe poder expresar sus ideas sin el temor de que sus expresiones serán enlistadas. Si el Gobierno quiere escuchar a la gente debe salir a terreno o incluso contar con encuestas y sondeos, pero jamás registrar las opiniones políticas de los ciudadanos, si no queremos volver a los tiempos de la censura y las listas negras.

Estamos conformes con esta decisión, pero requeriré mayores antecedentes respecto de la ejecución del contrato, vale decir si éste se invalidó y si, en definitiva, el Fisco tuvo que desembolsar los más de 14 millones de pesos que costaba el monitoreo. Asimismo, solicitaré que la Contraloría emita de igual forma su pronunciamiento con el objeto de sentar un precedente respecto de eventuales situaciones similares que puedan darse en otras reparticiones públicas.

Sindicato de Enap expone ante la Comisión de Defensa y alerta ante eventual cierre de refinería San Gregorio

Senador Muñoz citó a jefatura de la empresa estatal y a comandantes de las FFAA

La directiva del Sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) expuso ante la comisión de Defensa del senado, donde plantearon su preocupación por el eventual cierre de la refinería San Gregorio.

Aunque los ejecutivos de ENAP negaron enfáticamente que se contemple la venta o cierre definitivo de la refinería San Gregorio, los representantes de los trabajadores señalaron que el gobierno está preparando poco a poco el término de las faenas en dicha instalación, disminuyendo por ejemplo, drásticamente los días trabajados este año que apenas llegarían a 36.

Además, la directiva sindical advirtió de los riesgos geopolíticos de paralizar las actividades en la misma refinería donde se procesan combustibles destinados a las fuerzas armadas, haciéndolas por consiguiente dependientes del suministro proveniente desde Argentina.

En tanto en parlamentario se comprometió, en conjunto con los otros integrantes de la Comisión de Defensa, a solicitar la presencia de la jefatura de ENAP junto los comandante de las Fuerzas Armadas para aclarar el tema.

Debemos terminar con el lucro de las AFP

Nuevamente bajas en la rentabilidad por inestabilidad internacional afectarán a cotizantes. La modificación del sistema previsional es, después de la educación, el siguiente desafío de la sociedad chilena.

Debemos terminar de una vez con el gigantesco lucro de las Administradoras de Fondos de Pensiones, sistema que hace más de 30 años viene perjudicando gravemente el futuro de millones de chilenos.
La crisis de la educación demuestra que los chilenos se cansaron de que unos pocos hagan negocio con los servicios básicos y las AFP’s constituyen uno de los ejemplos más claros del abuso, por lo que debe ser, tras la educación, el siguiente desafío de nuestra sociedad.
Se trata de un sistema fracasado, ineficiente y caro, que no ha logrado entregar pensiones decentes a sus afiliados, que está construido sobre supuestos que no se cumplieron y que tiene costos de administración que superan lo razonable.

Las pensiones que entrega el sistema están muy lejos de lo que se prometió, lo que se explica en que no se dieron los supuestos fundacionales. Tras unos años de alta rentabilidad, producto del ciclo positivo de la salida de la crisis de los ’80 y las privatizaciones, los rendimientos del nuevo sistema se estabilizaron en torno a un 6-7%, a lo que se suma una rotación laboral muy lejana al 70% proyectado y una densidad de imposiciones que apenas alcanza a ¾ partes de la vida laboral.
Más aún, los costos del sistema son exagerados. Según estudios las administradoras y sus compañías de seguro han recibido, como primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981. No cabe duda, el próximo lucro que hay que terminar es el de la administración de los fondos de pensiones. Esta debe ser una demanda prioritaria que debe estar presente en las próximas movilizaciones anunciadas por la CUT.

Tal como ocurre con la educación hoy, en que los jóvenes han tomado conciencia de la necesidad de avanzar hacia un sistema más justo, los trabajadores deben darse cuenta que la única forma de asegurar pensiones de mejor calidad es a través de un sistema distinto, que solidarice los riesgos y que no deje entregada la previsión exclusivamente al esfuerzo individual, más aún con costos tan elevados.

Avances para permitir voto de chilenos en el exterior

Bastaría inscripción en el consulado para ejercer derecho al sufragio.

Resulta satisfactorio ver avances que posibilitarían destrabar el proyecto en trámite en el Parlamento y permitir el voto de los chilenos que residen en el extranjero. Tras varios meses, el Ejecutivo desistió ayer de exigir un vínculo para que los connacionales pudieran ejercer su derecho al sufragio. Se requeriría sólo la inscripción en el consulado respectivo para poder votar.
Es importante que el Gobierno haya desestimado aplicar esta exigencia que contradecía el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con los chilenos residentes en el exterior. Era una condición muy injusta que condicionaba un derecho básico a la situación económica manifestada en la posibilidad de poder viajar frecuentemente al país. Por ello, la Concertación rechazó sistemáticamente cualquier mecanismo que impusiera exigencias adicionales a las prescritas en la Constitución.
El principal vínculo que une a los chilenos con su país es el cariño por la tierra y los afectos que conservan con familiares y amigos, eso no se expresa en un pasaje ni en una remesa de dinero frecuente, sino que se demuestra en el interés en informarse permanentemente y participar de las decisiones ciudadanas.
El Gobierno comprometió la presentación para los próximos días de una indicación que materializaría este acuerdo, lo que permitiría avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto que tiene gran importancia para muchos chilenos que residen en la Patagonia argentina y que ya no tendrán que desplazarse al país para ejercer su derecho al voto.

Respaldo totalmente petitorio estudiantil

Propuesta del Gobierno es insuficiente. Necesitamos una reforma tributaria para financiar modificación profunda a sistema educativo.

Reitero mi apoyo a las movilizaciones estudiantiles que se desarrollan tanto en la región como en el resto del país. La propuesta educacional del Gobierno ha sido decepcionante. Tras una aparente flexibilidad se eludió un pronunciamiento respecto de los puntos fundamentales demandados por los jóvenes, lo que redundaría en mantener un sistema que fracasó.
La respuesta entregada por el Ministro Bulnes a las federaciones y organizaciones estudiantiles se desentiende de los puntos centrales: no termina con el lucro, no da señales de un compromiso estatal en la administración de escuelas y liceos que reemplazaría a la municipalización y no asegura la acreditación obligatoria de universidades e institutos.
Mientras ello sea así cualquier aumento de becas y créditos irá a parar a los bolsillos de los dueños de universidades y colegios subvencionados y no habrá mejoramiento alguno en la calidad de la educación básica, media o superior.
El conflicto educacional se encuentra en un momento crucial. Los estudiantes han hecho un gigantesco esfuerzo que ha puesto sobre la mesa el tema de la educación y su rol en la construcción de una sociedad más justa.
Por mi parte, los respaldo plenamente y considero que deben acogerse todos los puntos que han planteado. La solución de este problema requiere una decisión política de conseguir más recursos para invertir en educación.
Si para ello necesitamos recursos, el Partido Socialista y la Concertación estamos disponibles para una reforma tributaria que permita que quienes tienen más contribuyan a que tengamos una sociedad más justa e integradora.