Proyecto de reforma constitucional pretende evitar futura privatización de Aguas Magallanes y otras empresa regionales.
Presenté un proyecto de reforma constitucional que considera que en ningún caso la participación del sector público en las empresas sanitarias podrá ser inferior al 51%.
El creciente valor estratégico del agua a consecuencia del cambio climático y la inadecuada gestión de los recursos hídricos al amparo de una legislación privatista, que ha sido incapaz de asegurar la primacía del bien común por sobre los intereses individuales de los grupos de interés amerita una reforma de la Carta Fundamental.
Hoy las cuencas de los ríos se encuentran sobre explotadas, a la vez que se aprecia una enorme concentración, con el 90% de los derechos de aprovechamiento no consuntivos pertenecientes a sólo 3 empresas generadoras.
Por ello, la Presidenta Michelle Bachelet propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento.
A la reducción del ámbito público en un bien crecientemente estratégico, se añaden las complejidades de regulación y fiscalización en un servicio donde no se tiene información relevante y la evidencia que no se ha producido un beneficio palpable para la ciudadanía, más allá de las inversiones en tratamiento de aguas servidas, pues, en lo fundamental, las tarifas siguen siendo altas.
Presenté un proyecto de reforma constitucional que considera que en ningún caso la participación del sector público en las empresas sanitarias podrá ser inferior al 51%.
El creciente valor estratégico del agua a consecuencia del cambio climático y la inadecuada gestión de los recursos hídricos al amparo de una legislación privatista, que ha sido incapaz de asegurar la primacía del bien común por sobre los intereses individuales de los grupos de interés amerita una reforma de la Carta Fundamental.
Hoy las cuencas de los ríos se encuentran sobre explotadas, a la vez que se aprecia una enorme concentración, con el 90% de los derechos de aprovechamiento no consuntivos pertenecientes a sólo 3 empresas generadoras.
Por ello, la Presidenta Michelle Bachelet propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento.
A la reducción del ámbito público en un bien crecientemente estratégico, se añaden las complejidades de regulación y fiscalización en un servicio donde no se tiene información relevante y la evidencia que no se ha producido un beneficio palpable para la ciudadanía, más allá de las inversiones en tratamiento de aguas servidas, pues, en lo fundamental, las tarifas siguen siendo altas.
Por eso, necesitamos asegurar que al terminar la concesión de las restantes empresas sanitarias, como Aguas Magallanes, que no se privatizaron del todo, sino sólo se entregó su gestión, ellas permanezcan en el Estado y no puedan ser enajenadas, como acaba de ocurrir con las acciones de Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL.
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