Anuncios en materia de tarifas del gas en Magallanes son positivos, pero hay que actuar con cautela.

Debemos esperar la concreción de las propuestas para evitar la “letra chica”.

Preliminarmente los anuncios del Gobierno en relación al precio del gas en Magallanes, entregados por los ministros Laurence Golborne y Rodrigo Álvarez, son positivos, aunque debemos tener cautela hasta conocer los proyectos e iniciativas específicas con que éstos se materializarán.

Aunque la propuesta es ya “un triunfo de los magallánicos que conseguimos sensibilizar al Gobierno y al país sobre la necesidad de tener una política energética y financiera especial respecto del uso de este insumo en la zona no hay que cantar victoria.
Respecto de los ejes anunciados por los titulares de Obras Públicas y Energía destaco especialmente el congelamiento de la tarifa residencial e industrial hasta 25.000 m3 mensuales por cinco años, en los cuáles ésta sólo sería reajustada en base al IPC y la instauración de un subsidio permanente y explícito que se reflejará en las boletas y estará asegurado en el presupuesto de la Nación. Esto es mucho mejor que el proyecto presentado el año pasado al Parlamento que rechacé porque no aseguraba un precio estable para el gas ni garantizaba la aplicación de un subsidio.
Es relevante, asimismo, lo informado en relación a la participación futura de ENAP en la exploración de gas y la necesidad de potenciar los esfuerzos en el uso de Energías Renovables No Convencionales. Seguiremos insistiendo en transformar la ENAP en una Empresa Nacional de Energía, ampliando su giro para aprovechar sus recursos humanos y materiales en el desarrollo de energías como la solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, entre otras, al tiempo de permitirle ingresar directamente a la comercialización de hidrocarburos.
En resumen, se trata de un buen primer paso, pero hay que esperar hasta conocer el texto concreto de los anuncios gubernamentales para emitir una opinión definitiva. El Presidente Piñera y sus Ministros nos tienen acostumbrados a la letra chica.

Votación de Ministros sobre Isla Riesco está viciada

Compromiso del Gobierno con proyecto energético invalidó su evaluación ambiental. Documentos oficiales del Ejecutivo respaldan iniciativa minera.

La votación que el Consejo de Ministros del Medio Ambiente debe realizar respecto al proyecto Mina Invierno de Minera Isla Riesco está “absolutamente viciada”.

El proyecto generará un severo impacto ambiental en la zona. Hay claro riesgo de desplazamiento de material particulado hacia canales, parques y reservas nacionales, con efectos en la flora y fauna, al tiempo que se deteriorará sitios arqueológicamente muy valiosos.
El Consejo de Ministros se encuentra inhabilitado para pronunciarse. Acá no sólo se da la anomalía de que el propio Presidente de la República es accionista de COPEC, una de las empresas impulsoras del proyecto, según consta en su declaración de patrimonio; sino que el Gobierno, como tal, ha asumido y respaldado el proyecto lo que invalida su evaluación ambiental.
El propio Presidente Piñera llegó hasta nuestra región en Noviembre de 2010 para presentar el Plan Magallanes, iniciativa que constituye el eje de su administración en la región. Como consta en documentos públicos, emitidos por el propio Gobierno, éste ha comprometido claramente sus esfuerzos en la aprobación de la iniciativa.
En el texto informativo, emanado de la Intendencia y difundido por el Consejo Regional, en septiembre del 2010, se señala expresamente que el actual Gobierno se propone “Facilitar tramitación de los estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros”, al tiempo que se indica que ello generará una inversión por US$ 400 millones, exactamente la proyectada por Minera Isla Riesco.
Posteriormente, con ocasión del anuncio presidencial de Noviembre de 2010, el texto fue modificado, incluso para hacerlo más preciso, al señalar entre los objetivos de la actual administración en la zona “Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco”, como consta aún en la página web de la Intendencia de Magallanes. http://www.intendenciamagallanes.gov.cl/filesapp/Plan_Magallanes.pdf
Lo anterior implica que la evaluación ambiental de Mina Invierno de Minera Isla Riesco está absolutamente viciada, en tanto quienes han debido permanecer imparciales para acometer un análisis objetivo que resguarde los intereses públicos y de la comunidad, se encuentran comprometidos anticipadamente en la aprobación de la iniciativa.

Hemos hecho llegar a la Contraloría General de la República estas presentaciones, con el objeto sean tenidas como antecedente para emitir un pronunciamiento sobre el particular, al tiempo recurriremos de nulidad ante tribunales en caso que el proyecto sea aprobado.

Es imprescindible legislar en materia de sobreendeudamiento

Presenté al Ministro de Economía moción que permitiría a deudores enfrentar situaciones de morosidad

Es urgente legislar en materia de insolvencia a nivel de hogares. Por ello presenté al Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, una moción que tiene por objeto crear un procedimiento que permitiría a los hogares hacer frente a situaciones graves de sobreendeudamiento.
La crisis generada por las repactaciones unilaterales de La Polar ha puesto en evidencia deficiencias estructurales que van más allá del caso de la multitienda y sus clientes afectados y que dicen relación con el sistema crediticio chileno, sus tasas de interés y gastos adicionales y, muy especialmente, con la falta de un mecanismo que permita a los deudores salir de episodios de morosidad.
Es la falta de un mecanismo para los hogares, similar a la quiebra a nivel de las empresas, la que obliga a las personas a incurrir en sucesivas repactaciones en bancos y casas comerciales, bajo condiciones muy desventajosas; a conseguir sucesivos prestamos para pagar otras deudas; o, en casos extremos, sufrir embargos y el remate de sus bienes, sin que ellos alcancen siquiera a cubrir sus deudas.
Tenemos que terminar el drama de la bicicleta. Una ley de insolvencia y sobreendeudamiento permitiría a la gente abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un mecanismo común de pago con tasas y condiciones razonables.
La iniciativa que propuse crea dos procedimientos tendientes a facilitar a los deudores salir de situaciones graves de sobreendeudamiento. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor a la consideración de una Comisión, compuesta en forma tripartita por representantes de los acreedores y expertos en materia de consumo y los deudores. Ella estudia el caso y da lugar, reunidos los requisitos exigidos, a una situación de mediación voluntaria que suspende los procedimientos ejecutivos y que culmina en una proposición, por parte del mediador, de un plan de pagos.
El segundo, de carácter judicial tiene lugar cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, el afectado podría oponer una excepción de insolvencia grave. De allí en adelante se genera una especie de quiebra de la que serán notificados todos los demás acreedores del deudor moroso. En una audiencia el deudor propondrá un plan de pago. Si éste es aceptado, culmina inmediatamente el juicio ejecutivo. Si éste no es aceptado, corresponderá al Juez resolver en definitiva sobre la situación del deudor, fijando un plan de pago hasta en 5 años, teniendo amplias facultades para condonar deudas, ampliar plazos, reducir y morigerar tasas y gastos adicionales al capital.
Se trata de una normativa que existe en muchas naciones del mundo; que se ha revelado imprescindible y que resultará positiva no sólo para los deudores sino también para los acreedores, pues éstos podrían mejorar la recuperación de sus créditos sin tener que competir por ser el primer ejecutante, como ocurre hoy.
El Ministro Fontaine valoró la iniciativa y se comprometió a que sería analizada por los técnicos de la cartera, en el marco del estudio que el Ministerio de encuentra desarrollando con miras a una eventual legislación sobre el particular.

Reajuste del salario mínimo es miserable.

Tras una conflictiva tramitación legislativa, motivada en el rechazo de la Concertación a la propuesta del Ejecutivo, que obligó a un veto presidencial, el nuevo ingreso mínimo quedó en condiciones de ser publicado como ley.
Lamentamos la insensibilidad del Gobierno por no permitir que los beneficios del buen momento económico se extiendan a los trabajadores y hogares de menores ingresos. El precio del cobre y otros productos de exportación y las auspiciosas cifras de empleo, inversión y crecimiento, hicieron pensar que este año podría haber un reajuste del salario mínimo importante, que aliviara la situación de los hogares más modestos y avanzara en mejorar la distribución del ingreso.
Sin embargo, el Gobierno cerró esa puerta y presentó al Congreso un reajuste. Este salario mínimo de 182 mil pesos no sirve para satisfacer las necesidades básicas de una familia y constituye una tremenda injusticia y una bofetada para miles de chilenos.
Estas son las razones de fondo por qué la ciudadanía se está manifestando en las calles de nuestro país y por qué el Presidente Piñera cae en picada en las encuestas: porque se Gobierna para los ricos y se vela más por los equilibrios y las cifras gruesas que por los hogares.
Este tipo de medidas también afectan el prestigio de las instituciones democráticas y los políticos, en general. La gente aprecia que mientras se lucen cifras de empleo y crecimiento, se vive en una sociedad tremendamente injusta, desigual, que no les da oportunidades para mejorar sus niveles de vida sino al precio de un endeudamiento usurero, mientras el Gobierno y la clase política poco o nada hacen para corregir esta situación.

La participación del sector público en la propiedad de las empresas sanitarias no puede ser inferior al 51%

Proyecto de reforma constitucional pretende evitar futura privatización de Aguas Magallanes y otras empresa regionales.

Presenté un proyecto de reforma constitucional que considera que en ningún caso la participación del sector público en las empresas sanitarias podrá ser inferior al 51%.
El creciente valor estratégico del agua a consecuencia del cambio climático y la inadecuada gestión de los recursos hídricos al amparo de una legislación privatista, que ha sido incapaz de asegurar la primacía del bien común por sobre los intereses individuales de los grupos de interés amerita una reforma de la Carta Fundamental.
Hoy las cuencas de los ríos se encuentran sobre explotadas, a la vez que se aprecia una enorme concentración, con el 90% de los derechos de aprovechamiento no consuntivos pertenecientes a sólo 3 empresas generadoras.
Por ello, la Presidenta Michelle Bachelet propuso al Parlamento una reforma constitucional que declaraba el dominio público sobre todas las aguas, incluyendo las subterráneas y los glaciares junto con asegurar un marco que permitiera un mayor margen de acción al Estado para garantizar los derechos de todos, especialmente ante situaciones graves de desabastecimiento.
A la reducción del ámbito público en un bien crecientemente estratégico, se añaden las complejidades de regulación y fiscalización en un servicio donde no se tiene información relevante y la evidencia que no se ha producido un beneficio palpable para la ciudadanía, más allá de las inversiones en tratamiento de aguas servidas, pues, en lo fundamental, las tarifas siguen siendo altas.

Por eso, necesitamos asegurar que al terminar la concesión de las restantes empresas sanitarias, como Aguas Magallanes, que no se privatizaron del todo, sino sólo se entregó su gestión, ellas permanezcan en el Estado y no puedan ser enajenadas, como acaba de ocurrir con las acciones de Aguas Andinas, ESVAL, ESSBIO y ESSAL.

Toda mi solidaridad con movilización de los trabajadores del cobre

Gobierno debe terminar con incertidumbre de privatización en empresas públicas.

Solidarizo con las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores del cobre, quienes han denunciado que las políticas de modernización de la cuprífera apuntarían hacia una privatización al traspasar a sociedades algunos activos y generar un cuantioso endeudamiento en la empresa.
Lamento que se haya tenido que llegar a esta medida extrema. Las políticas poco claras del Gobierno en relación al futuro de las empresas estatales no ha dejado otra alternativa. Es la incertidumbre, que también hemos visto en relación a ENAP y que se expresa en traspaso de activos a privados, lo que hace que los trabajadores no encuentren otra forma que la movilización para hacer ver sus puntos de vista y defender no sólo sus perspectivas laborales, sino el patrimonio de todos los chilenos.
Es necesario reafirmar la importancia de CODELCO en el desarrollo del país, más aún cuando se conmemoran 40 años de la nacionalización del cobre gestada bajo la Presidencia de Salvador Allende. A menudo los medios de comunicación y la derecha se esfuerzan en recalcar aspectos negativos del Gobierno de la Unidad Popular olvidando logros como éste que ha traído enorme estabilidad y progreso al país.
Cuando hace unos años vimos que el país sorteó con éxito una severa crisis mundial gracias a los excedentes del cobre y que el año recién pasado conseguimos nuevos recursos para enfrentar la reconstrucción tras el terremoto, modificando la contribución de las empresas minera mediante el royalty, vemos que la recuperación para el país de esta riqueza fundamental constituye uno de los principales hitos del siglo pasado y un fundamento de los avances económicos del Chile actual.
Espero que a la brevedad se retome el diálogo y la confianza entre la plana ejecutiva de CODELCO y los trabajadores, pero para ello es necesario que el Gobierno de a conocer una postura clara que termine con los fantasmas de privatización tanto en el cobre como en ENAP.

Propuesta de educación del Gobierno es como la solución para deudores de La Polar

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado del Ministro Joaquín Lavín presentó anoche en cadena nacional de televisión la propuesta en materia de educación con la que responde a las movilizaciones de las últimas semanas.

La iniciativa del Gobierno es decepcionante, parcial y ambigua. No ha sido debatida ni cuenta con el apoyo de federaciones de estudiantes, profesores ni rectores y no se hace cargo de los temas centrales: la desmunicipalización, modificar el sistema de financiamiento de la educación superior y, especialmente, terminar con el lucro.

En el caso de la administración municipal no hay ninguna propuesta concreta para eliminar el actual sistema que ha fracasado estrepitosamente y que explica, en buena parte, el deterioro de la Educación Pública. En materia de financiamiento de la educación superior, se mejoran las condiciones a través de reducir las tasas e incrementar las becas, pero las familias seguirán teniendo que aportar grandes sumas para la educación de sus hijos.

Respecto del lucro sólo se habló de transparentar y sincerar, lo que significa legitimar el fraude actual y que buena parte de los nuevos recursos anunciados irán a parar al bolsillo de los sostenedores y propietarios de colegios y universidades privadas.

Me parece una propuesta frustrante, muy similar a las soluciones ofrecidas por La Polar y el Gobierno a los clientes y usuarios afectados por las repactaciones ilegales. O sea, aclarar algunas cosas, mejorar las condiciones, bajar un poco las tasas de interés y fiscalizar mejor. No hay respuestas de fondo.

La cifra de 4.000 millones de dólares anunciada por el Presidente Piñera me parece dudosa. Primero hay que ver de dónde salen, para cuántos años son y en qué se invierten, pues muchos anuncios de este Gobierno están proyectados para ocho años, como duplicar la subvención preferencial.

Asimismo, recordemos que durante el año pasado el Ejecutivo acusó a la oposición de boicotear la reconstrucción por rechazar un paquete de ajustes tributarios que implicaban una recaudación de 3.200 millones de dólares y ahora el Presidente saca del sombrero 4.000 millones como si nada.

Beca Zonas Extremas debe mantenerse aunque se abran carreras similares al interior de la región

Se solictó una interpretación a la Contraloría y presenté un proyecto de ley.

La Beca Zonas Extremas data del año 1987 y en sus inicios estaba destinada a ayudar a que los jóvenes estudiaran en otras regiones del país cuando no existieran en la región de origen las carreras profesionales requeridas.
Con posterioridad, gracias a una modificación legal que impulsé, se permitió ampliar la cobertura de estas becas, tanto en Aysén y Magallanes, para los estudiantes que, sin abandonar la respectiva región, debieran trasladarse de provincia para proseguir sus estudios. Así, un estudiante de Porvenir podía postular si se trasladaba a Punta Arenas a proseguir sus estudios superiores.
Ahora la ampliación de las alternativas educacionales en regiones ha generado un problema. Según la interpretación de la JUNAEB, los estudiantes que habiendo iniciado sus estudios en disciplinas no impartidas en su Región o Provincia de origen y obtuvieron por ello la beca, la pierden cuando, con posterioridad, la misma carrera comienza a ser ofrecida en su zona de origen. O sea, un alumno que recibió la beca para estudiar medicina veterinaria en Valdivia la pierde, aunque esté en su último año, si en Magallanes se abre la misma carrera en una entidad privada.

Lo anterior es injusto y poco razonable, en tanto generalmente no coinciden las mallas curriculares, el perfil de las carreras ni menos la calidad de los planteles que las imparten. Más aún los estudiantes ya se encuentran ambientados a las instituciones que han elegido. ¿Qué deberían hacer? ¿Cambiarse en el último año?
Por ello, he propuesto, junto con los senadores Walker y Bianchi una modificación legal que precise que la creación posterior de la misma carrera en la Provincia o Región de origen no implicará la interrupción de una beca ya obtenida si se mantienen los requisitos socioeconómicos y académicos exigidos, al tiempo qie he solicitado a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre el asunto.