El Senador Pedro Muñoz (PS), Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, señaló la necesidad que el Parlamento despache el proyecto de ley de su autoría que favorece a los trabajadores de las empresas que prestan servicios para el Estado y otros organismos públicos.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y que será vista en los próximos días por la Sala del Senado, contribuiría a mejorar la situación de recolectores de basura, controladores de parquímetros y manipuladoras de alimentos, entre otros servicios sujetos a licitaciones periódicas.
En efecto, una de sus disposiciones contempla la necesidad que las bases de los concursos respectivos contemplen la asignación de puntajes adicionales para las empresas postulantes que comprometan el otorgamiento de mejores condiciones laborales y remuneraciones para sus trabajadores.
“El sistema que tenemos hoy privilegia casi exclusivamente las ofertas que implican un costo menor y, en ese marco, los prestadores construyen sus propuestas generalmente a costa de mantener a los trabajadores con el sueldo mínimo y condiciones deficientes.” – afirmó Muñoz.
El parlamentario agregó que las reformas implementadas en los últimos años al sistema de compra de bienes y servicios dirigidos al sector público ha posibilitado un importante mejoramiento en la agilización de procedimientos, transparencia, masificación de la oferta y ahorro de recursos, pero que debe ser corregido incorporando variables que eviten que el Fisco y sus organismos aparezcan pagando indirectamente, a través de sus proveedores, sueldos indignos. “No es lo mismo comprar bienes que contratar servicios donde están involucrados trabajadores” – recalcó.
El proyecto de ley contempla, además, disposiciones destinadas a restringir la posibilidad de participar en estas licitaciones a empresas que mantengan deudas previsionales y de seguridad social. “No puede ser que quienes no cumplan con sus trabajadores sean premiados por el Fisco con nuevos contratos” – sentenció – al tiempo de recordar que ello constituye, además, una competencia desleal con otros proveedores.
Por último, la moción en trámite parlamentario, sugiere extender la garantía existente para el cumplimiento de los contratos de obra hasta que la empresa asegure que ha cumplido con el pago de las remuneraciones y las imposiciones de los trabajadores que le prestaron servicios.
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