El Gobierno abandonó a nuestra región. Este es el verdadero Plan Magallanes.

ENAP decidió incrementar el valor del gas que vende a la distribuidora local Gasco Magallanes y con la que ésta provee a nuestra región. En el marco de la renovación del contrato entre ambas entidades, la estatal anunció un aumento en el valor del insumo de un 16.8%, la mayor alza aplicada en los últimos años.

Asimismo, el convenio implicaría una importante modificación en la estratificación de los usuarios, incorporándose un sobreprecio a los medianos consumidores a través de disminuir el umbral para aplicar una sobretasa, la que se rebajaría de los 25.000 m3 mensuales de consumo actuales a sólo 1.000 m3, afectando a sectores residenciales y productivos y, también a otros suministros, como la electricidad, pues la abastecedora local EDELMAG utiliza dicho combustible.

Lo ocurrido significa un duro golpe para Magallanes, pues implicará un alza importante en las tarifas, tanto a nivel residencial como industrial, pero más que eso, el resultado de este contrato significa poner fin a una política sostenida de contener el precio de este importante insumo a través de ENAP.

El Gobierno abandonó a Magallanes. Se ha privilegiado equilibrar el balance de ENAP con miras a una eventual privatización y alentar la inversión de los privados en la exploración a costa de cargar con un mayor costo a los usuarios. El Gobierno Regional ha actuado con pasividad y ha sido incapaz de defender los intereses de los habitantes de nuestra zona.

Exigimos que se expliquen las razones de este incremento en el precio de venta a Gasco Magallanes y clarificar el impacto preciso que tendrá en las tarifas. Al mismo tiempo, llamo a la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales y a los sectores productivos a movilizarse para rechazar las eventuales alzas y, especialmente, el cambio de orientación de las políticas públicas que implican entregar exclusivamente al mercado un tema tan vital para los magallánicos.

Este es el verdadero Plan Magallanes que ofrece este Gobierno, castigar a los usuarios para mejorar los negocios. El Gobierno Regional debe asumir la responsabilidad que le compete para defender ante las autoridades centrales el derecho de los magallánicos a contar con un insumo tan imprescindible a precios bajos. Estamos hablando de precios bajos y no de precios preferentes, juego de palabras con el Gobierno ha pretendido eludir la problemática.

Funcionarios públicos merecen reajuste digno y compromiso de estabilidad laboral

Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública

El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.

El actual sistema de administración pesquera fracasó.

No hay razones para prorrogar el Límite Máximo de Captura.

La situación que atraviesa la pesca nacional es muy preocupante. Según las cifras emanadas del Ministerio de Economía existe una sobreexplotación de diversas especies, algunas de las cuales se ven amenazadas por un inminente colapso de mantenerse el ritmo actual de captura.
Valoro la preocupación de las autoridades por el futuro de la industria, pero demando una acuciosa evaluación de los resultados de las medidas implementadas en los últimos años. La principal crítica apunta al actual sistema de administración.
El límite máximo de captura fracasó. Este mecanismo se prorrogó hace ya doce años con el objeto de darle sustentabilidad y eficiencia a la pesca industrial lo que no se ha conseguido, como lo demuestran claramente las cifras del Ministerio de Economía.
Doce años después los problemas son exactamente los mismos que cuando se dictaron y prorrogaron las actuales normativas, una aguda sobreexplotación y una flota sobredimensionada para el nivel de biomasa. Los únicos ganadores han sido las grandes empresas que reorganizaron sus flotas, abarataron costos y negociaron créditos con las cuotas como garantía y sin permitir el ingreso de nuevos operadores.
La polémica surgida ahora en torno a las pesquerías es coyuntural y parece sospechoso que justo cuando se va a discutir la continuidad del actual sistema de administración, tal como hace doce años, comience a hablarse del colapso de las pesquerías y la necesidad de adoptar medidas.

Lo curioso es que ante este problema evidente se plantea como solución prorrogar el mismo sistema que ha fracasado estrepitosamente y que tiene a las principales pesquerías del país amenazadas de extinción.
Requerimos un debate serio en torno a la viabilidad de este sistema que alienta la concentración y no ha sido eficaz para darle sustentabilidad a la industriaAsimismo, reclamamos una mayor preocupación por la pesca artesanal, la investigación y especialmente la fiscalización, áreas en que existen enormes falencias que impactan negativamente en la adecuada administración de los recursos.

A no olvidar que los orígenes de la tragedia se encuentran en la precariedad laboral

Necesitamos ampliar negociación colectiva y fiscalización

El drama de los 33 mineros se trata de un hecho que pudo no haber ocurrido si se respetaran las normas laborales y contáramos con una fiscalización adecuada sobre las medidas de seguridad e higiene en las faenas.
La satisfacción y orgullo que cunde en el país no deben hacernos olvidar el origen de esta tragedia ni alejarnos del imprescindible objetivo de impedir que hechos tan desgraciados vuelvan a ocurrir.
Cada día hay muchos otros hombres y mujeres que no tienen la suerte de ser rescatados y que quedan gravemente heridos o mueren en sus puestos de trabajo por causas enteramente evitables.
La lección que emerge de las profundidades de la mina San José es que muchas cosas deben cambiar en el ámbito laboral. En este caso, la de cambiar costumbres, prácticas, instituciones y, por cierto, normas, para proteger más al trabajador y evitar los abusos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica.
El desafío es avanzar en un mejoramiento e información de la legislación para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva e impulsar la denuncia de irregularidades reformulando la Dirección del Trabajo, otorgándole autonomía respecto del gobierno y dándole pluralismo a su gestión mediante un Consejo Directivo, junto con aumentar sus recursos asegurando procedimientos transparentes y eficaces.
Lo mismo debiera ocurrir con otros servicios cuya labor tiene incidencia directa en la seguridad e higiene de los espacios de trabajo, como Sernageomin, los Servicios de Salud, Directemar, entre otros.
Debemos avanzar hacia una nueva ética del quehacer productivo que impida que se minimicen costos arriesgando a los trabajadores por medio de un compromiso de todos, especialmente del gobierno, para mejorar la legislación laboral, la fiscalización y los estándares productivos existentes.

Apoyo decididamente a trabajadores de ENAP ante posibles despidos

Debemos crear un Frente de Defensa de las Empresas del Estado.

Expreso mi solidaridad con los trabajadores de ENAP y los llamo a coordinar sus esfuerzos con otras empresas estatales, como CODELCO, con el objeto de defender su carácter público. Tal como en la Dictadura, debemos conformar un gran Frente de Defensa de las Empresas del Estado. Lo mismo haremos en el Congreso Nacional los parlamentarios de las regiones involucradas.
Los ajustes en el balance que realiza ENAP - y para lo cual anunció este plan de desvinculaciones - tienen por objeto mejorar sus cifras con el objeto de avanzar en la incorporación de capital privado, lo que constituye el comienzo de la enajenación de la empresa.

Cuando se incorpora la presencia privada, aún en un porcentaje reducido, como el 5, 10 ó 20%, se rompe el principio de la propiedad estatal y de allí en adelante la discusión es meramente numérica.

La nueva administración de la empresa, bajo el actual Gobierno, ha optado por el camino más fácil, sin reconocer el carácter estratégico que el tema energético tiene para el país. En lugar de buscarse la privatización se debiera avanzar hacia la transformación de ENAP en una gran Empresa Nacional de Energía, que amplíe su giro a la comercialización directa de combustibles y que se enfoque hacia las energías alternativas.