No a la licitación de ex Centro de Detención y Tortura en Magallanes

Bienes Nacionales debe detener enajenación del recinto e impulsarse creación de un museo en el lugar.

Rechazo la licitación del antiguo Hospital Naval, ubicado en calle Colón 636 de Punta Arenas, que funcionó como centro de detención y tortura durante el régimen militar. El inmueble había sido traspasado el año 2006, por la Armada de Chile al Gobierno Regional, quien lo cedió a las organizaciones de derechos humanos de Magallanes.

La eventual enajenación del recinto es un hecho muy lamentable y grave, por cuánto éste constituye un símbolo de las atrocidades cometidas durante la dictadura a tantos magallánicos que debe servir para que las futuras generaciones conozcan esta parte oscura de nuestra historia y reafirmen su compromiso de no volver a cometer estos horrores.

Valoro, en ese sentido, la propuesta de ex presos políticos magallánicos de crear un museo y centro cultural a cargo de las organizaciones de derechos humanos que agrupan a ex detenidos y torturados. Como legislador, recogiendo las orientaciones que las organizaciones Dawson 2000 y la Agrupación de Derechos Humanos Orlando Letelier entregaron en un significativo documento titulado “Propuesta por Reparación y Justicia de Victimas de Prisión Política y Tortura de Isla Dawson y Magallanes” propuse a consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca rescatar la memoria histórica de esta época de la historia nacional.

Entre los contenidos del texto figura expresamente la declaración, por el sólo ministerio de la ley y en testimonio de sus víctimas, como Monumentos Históricos, de aquéllos referidos en la Ley 17.288, a los recintos utlizados como centros de detención y tortura contenidos en el Informe de la Comisión Valech. Asimismo, se ordena al Estado favorecer la creación en cada región del país de museos, parques y sitios públicos destinados a recordar las violaciones a los derechos humanos ocurridas con posterioridad al 11 de Septiembre de 1973, testimoniar a sus víctimas y promover una cultura de respeto de dichas garantías a las futuras generaciones.

Constituye, sin duda, un aspecto especialmente negativo que se busque realizar esta licitación precisamente a pocos meses de cumplirse los 40 años del Golpe de Estado y a pocos días de que la justicia ordenara la reparación a las víctimas. Por ello, solicitaré al Ministerio de Bienes Nacionales paralizar esta enajenación y, por el contrario, avanzar en la habilitación en el recinto de un espacio de información y reflexión.