Senador Muñoz (PS) propone nuevo estatuto del deudor

Incluiría agilizar diversas iniciativas para terminar con los abusos en los créditos

El Senador Pedro Muñoz (PS) sostuvo la necesidad de avanzar en un conjunto de iniciativas legales que protejan efectivamente a los deudores del país, afectados por altas tasas de interés, cobros adicionales excesivos, la falta de un procedimiento de quiebra familiar, la insuficiente protección de sus datos personales y la inexistencia de un organismo público que asesore y respalde a quienes se encuentran en problemas.

Indicó que “son miles los casos de personas y pequeños empresarios que se ven afectadas por situaciones francamente anómalas en materia de obtención de créditos, repactaciones y cobros irregulares, sin encontrar respuestas que les permitan salir de la situación, la que evidentemente se agrava ante una crisis económica como la que vivimos y que motiva incumplimientos en los pagos.”

“Son estos los momentos en que aparecen con más facilidad créditos con intereses leoninos, abultados gastos de cobranza y repactaciones inconvenientes” – sentenció - por lo que llamó a los deudores a informarse adecuadamente antes de realizar cualquier operación, al tiempo que recalcó la necesidad de mejorar la legislación en diversos ámbitos.

En primer término, propuso mejorar la regulación del interés máximo convencional, evitando que éste sea el promedio del mercado, pues ello constituye una distorsión que no alienta la baja en las tasas. En la misma materia, expuso que se deben limitar de una vez por todas los cobros adicionales, considerando derechamente como interés todo monto que exceda el capital reajustado, al tiempo de sancionar drásticamente las facturaciones erróneas y los cargos indebidos.

Manifestó, asimismo, la necesidad de regular especialmente las repactaciones, señalando que actualmente están sirviendo para que, ante el apremio y temor del deudor, se reconozcan deudas que se hayan prescritas, se acepten cobros y productos adicionales o se extiendan los créditos a plazos que atentan contra el sentido común, motivando el pago de cuantiosos intereses.

El Senador PS manifestó que el estatuto del deudor debería incorporar, además, la creación de un sistema de quiebra familiar, como el que ha propuesto en un proyecto de ley, que permitiera a los hogares abordar las situaciones de insolvencia con mejores perspectivas, tratando de conseguir, con ayuda de un mediador o del Juez, acuerdos razonables de pago y evitando deteriorar el patrimonio familiar.

Expuso, además, que debiera considerarse en esta propuesta normativa el sistema de registro consolidado de deudas y un mecanismo más eficaz de evaluación crediticia que, por un lado, haga compartir el riesgo a entidades que, conociendo los antecedentes, contribuyan a abultar más allá de lo prudente la carga financiera del deudor y, al mismo tiempo, evite que un solo incumplimiento elimine a una persona del sistema crediticio, como sucede con el actual Dicom.

El parlamentario señaló que resulta también indispensable abordar el mejoramiento de las normas sobre protección de los datos personales, tanto sensibles como financieros, buscando evitar su uso indebido y, en caso que ello suceda sancionarlo drásticamente.

Indicó, por último, la necesidad de crear un organismo público encargado de asesorar y respaldar a los deudores afectados o ampliar las facultades del Sernac y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pues hoy ninguno de ellos logra cumplir cabalmente ese cometido, el primero en tanto su función se limita a las relaciones de consumo y, la segunda, por carecer de atribuciones para asumir derechamente la defensa de los deudores afectados.

Muñoz indicó que la generación de un nuevo estatuto del deudor, que contemple los aspectos reseñados permitiría reestablecer un equilibrio entre las partes involucradas, regulando diversos aspectos de la actual normativa en materia de crédito que resulta insuficiente para proteger los derechos de las personas y de los pequeños y microempresarios.

Culminó acusando que las políticas laborales de casas comerciales y bancos han distorsionado el sistema, pues vendedores y ejecutivos de cuentas están obligados a buscar maximizar sus rentas, extendiendo lo más posible los plazos de los créditos e incorporando la mayor cantidad de productos adicionales, como seguros y garantías, de modo que las pretensiones del cliente y de la entidad crediticia se han vuelto contradictorias.