
Lo anterior por cuanto en el decreto ley 2312 del año 1978 se establece que los recursos emanados del aprovechamiento del gas y el petróleo se refieren exclusivamente a faenas extractivas efectuadas por ENAP, en tanto que las labores desarrolladas en Tierra del Fuego actualmente son realizadas por privados a través de contratos especiales de operación.
Según los congresistas, al tener el Estado de Chile el dominio absoluto e inalienable respecto a todos los hidrocarburos, según lo establece la Constitución de la República en su artículo 19, se deduce que todos los trabajos de extracción y explotación, incluyendo los que se encuentran a cargo de privados, estarán sujetos a contribuir al FONDEMA.
De ahí la necesidad de modificar el decreto 2312 en orden a reconocer indistintamente como susceptibles de pagar derechos de explotación tanto a los privados como a la ENAP, junto con impedir nuevos acuerdos de exploración con la finalidad de adoptar una sola postura frente a un tema tan sensible para la región de Magallanes y que supone un importante apoyo al desarrollo regional, destacaron finalmente los parlamentarios.
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