Fuerte rechazo generan alzas en el agua potable en Magallanes

Diputados socialistas impulsan Comisión Investigadora sobre plantas de tratamiento de aguas servidas y aumentos tarifarios

Una dura crítica al incremento en las tarifas de la empresa sanitaria Aguas Magallanes, formuló el Diputado socialista por esa zona, Pedro Muñoz Aburto.
El alza en los cargos a los usuarios, que se ha comenzado a advertir en los últimos días, tiene su origen en la entrada en operación de las planta de tratamiento de aguas servidas de Punta Arenas y ha significado un aumento en el alcantarillado por metro cúbico de un 45,6% ($ 101/m3 para Porvenir y $121/m3 para Natales y Punta Arenas), lo que representa una suma promedio por hogar cercana a los $ 2.000 para un consumo medio de 20 m3.
El legislador recalcó que "tales montos resultan desmesurados en tanto, para el mismo servicio y nivel de uso, en la capital, se han estimado valores inferiores a los $ 1000."
Muñoz reiteró sus criticas al proceso de privatización emprendido por el Sistema de Empresas Públicas, denunciando que estos aumentos tarifarios demuestran claramente que el traspaso a particulares era innecesario, pues, en el caso de la sanitaria de Magallanes, las inversiones requeridas para el tratamiento de aguas servidas ya habían sido materializadas por la administración estatal de la entidad.
“Lo sucedido – sentenció – comprueba que empresa pudo seguir en manos del Estado, con márgenes de rentabilidad razonables y, en cambio, la privatización conlleva necesariamente alza de tarifas y despidos.”

COMISIÓN INVESTIGADORA

El Diputado socialista, además de respaldar las críticas de la comunidad y las manifestaciones que empiezan a surgir en la zona austral en contra de las alzas, informó que, junto al Diputado Francisco Encina, también PS, presentaron un Proyecto de Acuerdo que debe ser votado en los próximos días en la Cámara Baja, con el objeto de crear una Comisión Investigadora que analice el cumplimiento de los objetivos técnicos propuestos por el Estado al emprender el proceso de privatización y concesión de los derechos de explotación de las empresas sanitarias del país y el rol de los entes públicos involucrados en el control y regulación del funcionamiento de dichas entidades en sus aspectos operativos, económicos y medioambientales.
El parlamentario explicó que se persiguen, también, objetivos más específicos y que apuntan a indagar las causas de las graves fallas ocurridas en La Farfana y en otras plantas de tratamiento de aguas servidas en el país y las medidas tendientes a evitarlos y mitigar sus efectos; detectar los incumplimientos por parte de las empresas sanitarias de los planes de inversión comprometidos y comprobar si existe correspondencia entre las variaciones tarifarias autorizadas, desde el traspaso o entrega de la administración a privados, con las inversiones efectivamente materializadas.
“En definitiva – culminó señalando Muñoz – queremos tener la certeza de que este proceso se está llevando a cabo en buena forma y que se están resguardando los intereses económicos de la población y cumpliendo con los objetivos sanitarios y medioambientales que el país se propuso al traspasar estas empresas a privados.”