Su pleno respaldo a la idea de condicionar la mantención de las concesiones de acuicultura al cumplimiento de la legislación laboral, en materia de prácticas antisindicales y derechos fundamentales del trabajador, expresó el Senador Pedro Muñoz (PS), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.La propuesta, contenida en el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados que pretende contribuir al salvataje de la industria, afectada por una grave crisis, ha generado inquietud en el empresariado y fue objeto de duros cuestionamientos en el primer trámite legislativo, aunque en definitiva resultó aprobada por un amplio margen.
El proyecto de ley – explicó el Senador – busca entregar soluciones financieras a la salmonicultura que atraviesa por dificultades, al tiempo que se procura establecer mejoras en materia de ordenamiento territorial y regulación sanitaria. “Sería inaceptable que no se avanzara, también, en materia laboral, ámbito que representa una de sus mayores debilidades” – afirmó.
El legislador socialista adelantó su opinión sobre el tema, indicando que “la salmonicultura que interesa salvar es aquélla que crea riqueza, aporta inversión, es sustentable y genera buenos empleos y no la que maximiza utilidades atropellando a sus trabajadores y depredando el entorno.” “No estoy disponible para entregar un cheque en blanco a la industria sin exigirle, al mismo tiempo, compromisos básicos en materia ambiental, sanitaria y laboral” – sentenció.
Muñoz sostuvo que si bien la norma que viene de la Cámara de Diputados tiene algunas imperfecciones que dificultarían su aplicación, ellas deberían corregirse, a través de indicaciones, pero no eliminar la norma ni postergarla para proyectos futuros. Entre las modificaciones necesarias indicó que debería precisarse sobre quien se aplicará la sanción en el caso que el titular de la concesión sea diverso a las empresas que operen sobre ella y establecerse un registro de infractores de derechos fundamentales y su notificación inmediata desde los tribunales a Sernapesca.
Descartó los temores de la industria respecto que la incorporación de estas normas implicarían poner en riesgo los créditos de la banca. “Los medios de comunicación indican que las negociaciones avanzan decididamente y las acciones de las empresas suben, por lo que ese riesgo es un mito” – fustigó.
El parlamentario socialista culminó expresando que respalda, también, la existencia de una moratoria en la entrega de nuevas concesiones en Magallanes, hasta no precisar claramente un ordenamiento territorial que evite daños ambientales irreparables y que resguarde adecuadamente los intereses de la pesca artesanal y del sector turístico regional.
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