“Bases de licitación permiten cobrar por estacionar y no por el mero acceso al recinto” - afirmó el Diputado regional.
El Diputado Pedro Muñoz planteó la ilegalidad del cobro existente en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, pues – según señaló – la barrera respectiva está ubicada en el acceso al terminal aéreo y no en el espacio destinado a estacionamientos.
El parlamentario basó su denuncia en las propias bases de la licitación que se adjudicó Austral Sociedad Concesionaria, la que – indicó – “le permite explotar las áreas de estacionamientos públicos, pero se excluye, expresamente, la posibilidad de cobrar por el acceso al aeropuerto, como está ocurriendo en la práctica.”
El legislador magallánico denunció que “ésta es una situación irregular y anómala, que no tiene explicación ni justificación legal, ya que se está cobrando por el mero hecho de acceder al recinto, independiente que se otorguen a los usuarios determinados minutos para salir.” “La empresa ganó una licitación para explotar comercialmente un aeropuerto con sus áreas de servicios anexos y no una concesión caminera” – sentenció Muñoz.
"Lo que corresponde – afirmó el legislador – es que la barrera se ubique claramente en el sector de estacionamientos, de modo que quienes quieran dejar el vehículo, sea por algunas horas o por un par de días, cancelen el importe correspondiente, pero no que esté ubicada en el acceso y que, por las demoras en la atención de los usuarios en la caseta, termine pagando gente que no ha utilizado ese servicio.”
El Diputado manifestó que dicha situación no ocurre en otros terminales del país, ejemplificando con el aeropuerto de Santiago, donde en el espacio mismo de la concesión no se paga por acceder, sino por estacionar, cuando uno accede a las áreas habilitadas para ello, pues si bien existe un peaje externo este no tiene nada que ver con la concesión misma, sino que está destinado a costear el mejoramiento de los accesos, ejecutados hace algunos años por el MOP.
El legislador socialista señaló que ofició al Ministerio de Obras Públicas para que a través de las Direcciones involucradas, de Concesiones y de Aeropuertos emita un pronunciamiento sobre el particular, ajustando la ubicación de la barrera a las bases de concesión y evitando que, por esta vía, los usuarios de Punta Arenas terminen pagando por acceder al terminal aéreo, no descartando, además, en caso de no obtener una respuesta favorable, recurrir a la justicia sea a través de la nueva ley del consumidor o de un recurso de protección.
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