Diputado Muñoz valoró proyecto que combina sanciones con mecanismos reales de rehabilitación y reinserción social.
La Cámara de Diputados aprobó hoy, en general, el proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil, que rebaja a 14 años la edad necesaria para hacer imputables a los menores por los delitos que cometan, creando para ellos un sistema especial de procedimiento y sanción, distinto al de los adultos. La iniciativa deberá volver a comisiones para su estudio más detallado.
El Diputado Pedro Muñoz recalcó la importancia del tema, señalando que las normas actuales no dan cuenta de los cambios en la madurez de los menores ni de la creciente participación de éstos en hechos ilícitos, lo que impide que sean sancionados, generando una sensación de molestia e indefensión en la comunidad.
El legislador indicó que “el proyecto viene a poner fin a la anacrónica declaración de discernimiento que actualmente realizan los Juzgados del Crimen los que, muchas veces, por la inexistencia de un procedimiento especial, se ven obligados a exculpar a los jóvenes.”
“Tratándose de jóvenes – añadió el parlamentario regional - la sociedad debe tener la facultad de castigar sus conductas reprochables, representándoles el daño que han causado, pero al mismo tiempo es imprescindible que ello se haga teniendo presente la necesidad de reinsertarlos y no causarles un perjuicio mayor.”
“No queremos que los menores que han cometido delitos queden sin sanción, pero tampoco que producto de penas excesivas e ineficaces se transformen en delincuentes habituales” - sentenció.
Muñoz precisó que, con ese objeto, el proyecto contempla, en forma preferente, medidas y castigos alternativos, como la libertad asistida, el arresto domiciliario, el internamiento en un régimen semicerrado, trabajos para la comunidad y otras sanciones que no provoquen mayores problemas para el desarrollo del adolescente en formación, aunque indicó que “no descarta la prisión, en casos especialmente graves, como asesinato, homicidio, violación, secuestro y sustracción de menores, mutilaciones y lesiones graves, y robo con violencia en las personas.”
Muñoz culminó valorando la cuantiosa inversión fiscal que el proyecto contempla, con el objeto de implementar 19 centros de atención preventiva y cumplimiento de penas para los menores en todo el país, uno de los cuales será inaugurado en Punta Arenas durante el curso del presente año y que serán administrados, en conjunto, por Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores.
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