Medicamentos deben tener precio fijo.

Propuesta fue incluida en iniciativa legal en trámite en la Cámara Alta
Respaldo plenamente la propuesta de la Asociación de Farmacias Independientes en el sentido de fijar un rango de precio a los medicamentos de uso más habitual, con el objeto de evitar así acciones de colusión o especulación por parte de laboratorios y grandes cadenas.

Propuse dicha medida como un proyecto de ley y fue acogida por la Comisión de Salud de la Cámara Alta, en el marco de una iniciativa legal de mayor alcance que pretende mejorar la regulación existente sobre la venta de productos farmacéuticos en el país.

Tras la denuncia de acuerdo en los precios de las tres mayores operadores, ingresé a tramitación una iniciativa que obliga a los fabricantes y distribuidores de medicamentos a fijar su precio de venta, rotulándolo en los envases, de modo de evitar encarecimientos indebidos en la comercialización, en perjuicio de los usuarios.

Existen experiencias extranjeras de regulación de este mercado a través de leyes de precio fijo. España, el Reino Unido, Francia y Alemania disponen, en diversa medida, de sistemas como el sugerido.

Una norma de esta naturaleza permitiría equilibrar, también, el mercado de los medicamentos, evitando la competencia desleal que supone para pequeñas empresas farmacéuticas las políticas de descuentos por volumen que consiguen los grandes operadores, favoreciendo con ello la existencia de farmacias en lugares aislados y sectores poblacionales.

La venta de medicamentos es un mercado muy sensible y relevante para la población por lo que no puede quedar al arbitrio de acciones inescrupulosas como las que se han demostrado, debiendo aplicarse, por el contrario, medidas que aseguren su acceso.

La norma respectiva ha sido incluida en el proyecto de ley que analiza la Comisión de Salud y que se encuentra aprobado en general y en etapa de indicaciones. La rotulación de precios se aplicaría a todos los productos del formulario nacional de medicamentos, establecido en el Código Sanitario. Las infracciones al precio sugerido serían sancionadas como vulneración de las normas de protección al consumidor, para el caso del expendio, y de las reguladoras de la libre competencia, en el caso de los fabricantes y distribuidores.