Debemos modificar el actual sistema de pensiones

Esquema de capitalización individual está agotado. Presentamos reforma constitucional para poder optar por el sistema de reparto.

Junto a los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Fulvio Rossi y Camilo Escalona hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que pretende entregar a los cotizantes la opción de elegir entre un modelo de capitalización individual y alternativas de reparto. La inestabilidad que vive la economía internacional, a sólo tres años de la crisis anterior, ha  generado importantes caídas en las bolsas de todo el mundo y una enorme incertidumbre.

El dato más relevante es que la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones, sigue declinando como lo revelan las cifras. Habitualmente, las estadísticas se realizan tomando o el inicio del sistema, que incluye el ciclo positivo de la salida de la debacle de los ’80 o el inicio de los multifondos, el 2002, que incorpora el período de salida de la crisis asiática. Ello desvirtúa los datos. Si no se toman esos períodos la rentabilidad de las AFP ha disminuido notablemente, al tiempo que no se han cumplido los supuestos bases del sistema, como era una menor rotación laboral y una mayor densidad de cotizaciones de los trabajadores.

Hoy, con la rentabilidad en torno a un 6-7% anual, una rotación laboral muy lejana al 70% proyectado y una densidad acumulada de imposiciones que apenas alcanza a 52% como porcentaje de meses de afiliación en que se registran cotizaciones; las AFP están muy lejos de entregar pensiones del 75% de las últimas remuneraciones como se prometió.

Según el Boletín de la Superintendencia, el número de pensiones pagadas en el mes de marzo de 2011 ascendió a 856.029 con un monto promedio de $175.215, de las cuales 418.678 corresponden a la modalidad de Rentas Vitalicias y 411.891 a la modalidad de Retiro Programado, con un monto promedio de $213.193 y $127.127, respectivamente.

Asimismo, el sistema tiene costos de administración altísimos. Es un sistema ineficiente y caro. Según estudios las administradoras y compañías de seguro han recibido, como primas y comisiones, uno de cada tres pesos cotizados por los afiliados desde 1981.

Es un sistema que fracasó rotundamente. Se trata, sin duda, del próximo lucro que hay que enfrentar en la sociedad chilena, como lo han hecho diversos países que ya han terminado con la capitalización individual en los últimos años.

Indicó que la reforma constitucional que promueve, junto a otros legisladores, tiene por objeto otorgar a los chilenos una alternativa de solidarizar sus riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia, pues se ha comprobado que el sistema de AFP sólo entrega pensiones suficientes a quienes pueden incrementar su ahorro con cotizaciones adicionales, lo que está muy lejano para la inmensa mayoría de trabajadores, que, con su nivel de ingresos, alta rotación y baja densidad, unido a los elevados costos de administración, recibirá pensiones miserables.

¡ A parar la bicicleta !

Necesitamos una ley de insolvencia familiar.

La situación de La Polar instaló el debate sobre los enormes abusos que se cometen con los clientes. Las repactaciones ilegales son sólo una parte de un combo que incluye cargos indebidos, seguros asociados irregularmente, tasas de interés que lindan en la usura y un tema que me ha ocupado permanentemente: la falta de una ley de insolvencia o quiebra de los hogares.

Desde el 2006 he planteado que Chile necesita un sistema que permita a las familias enfrentar situaciones de sobreendeudamiento en condiciones razonables y presenté un proyecto en el Parlamento. Es el drama de la “bicicleta” el que angustia a la familia chilena y agrava su crisis financiera.

Hoy no existe mecanismo alguno para salir de la iliquidez. Si una familia no tiene como pagar sus compromisos económicos comienza una pesadilla donde cada acreedor le cobra por separado. Una seguidilla interminable de amenazas, cobranzas y embargos que el deudor trata de atajar  a duras penas.

En la desesperación, se sube a la bicicleta y comienza el pedaleo. Cuesta arriba. Acepta repactaciones abusivas de multitiendas y bancos y pide préstamos para pagar otras deudas. Salvo un milagro financiero y laboral, sólo agrava su problema. Al cabo de unos meses el colapso es total y deberá varias veces más que cuando explotó la primera deuda. Esto podría evitarse si tuviéramos para los hogares algo similar a la quiebra de las empresas.

Lo que he propuesto – y que recoge experiencia internacional - involucra dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, permite que el deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, entregue su caso a un mediador que procura un acuerdo con sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque una solución.

Así, en la gran mayoría de los casos, con intervención del mediador o del Juez, el deudor logrará un convenio con todos sus acreedores a la vez que contendrá un plan de pagos, con plazos, tasas y condiciones razonables. En casos extremos, en que la situación no le permitiera acceder a un acuerdo o que no cumpliera el plan de pagos y se llegue al remate, el sistema también le favorece, pues le permitiría optimizar el uso de sus bienes para pagar. Hoy, además de la pérdida de tiempo, la existencia de juicios paralelos, aumenta los costos. Cuando la pesadilla termina, el deudor pierde todos sus bienes y ni siquiera abona a la deuda.

Necesitamos bajar las tasas de interés y una fiscalización más activa para detener los abusos. Pero también requerimos, con urgencia, una ley de insolvencia y sobreendeudamiento que permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables.

¡ A parar la bicicleta !

Debemos enfrentar sobreendeudamiento de los hogares

En reunión con Ministro Longueira solicité apoyo para proyecto de ley sobre insolvencia

En una reunión llevada a cabo este lunes en Santiago, con el Ministro de Economía, Pablo Longueira, le presenté una propuesta legislativa en relación al sobreendeudamiento de los hogares. Se trata de un proyecto de ley que crea un mecanismo similar a la quiebra de las empresas, que permitiría a las familias enfrentar estas situaciones se insolvencia, con la intervención de un mediador o el juez.

La idea es que este mediador o el Juez reúna al deudor con todos sus acreedores y, en conjunto, se establezcan condiciones razonables de pago, con bajas tasas y plazos suficientes, que permitan a los hogares salir del sobreendeudamiento, sin tener que recurrir a repactaciones abusivas o a nuevos préstamos.

Tenemos que terminar el drama de la “bicicleta”. Una ley de insolvencia y sobreendeudamiento permitiría a la gente abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un mecanismo común de pago con tasas y condiciones razonables.

El mecanismo involucra dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, el afectado podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que durante el juicio y con la participación activa del Juez, se elabore un plan de pagos, con tasas y condiciones razonables.

En caso que la situación del deudor no le permitiera repactar o que no cumpliera el plan de pagos acordado y se llegara al procedimiento ejecutivo, vale decir el embargo y remate, el sistema le permitiría optimizar el uso de sus bienes. Hoy el deudor se ve enfrentado a sucesivos juicios con cada uno de sus acreedores, lo que constituye una pérdida de tiempo y recursos que sólo aumenta el costo de los procedimientos, perdiendo al final todos sus bienes sin conseguir reducir sus deudas.

Una ley en este sentido, similar a la que tienen muchas naciones del mundo, es el complemento necesario de las medidas que se han anunciado para reducir la tasa de interés máximo convencional. El Ministro Pablo Longueira manifestó su interés en el proyecto, indicando que éste coincide con las líneas de trabajo que está analizando su cartera por lo que comprometió su estudio para evaluar un posible patrocinio o la incorporación de sus contenidos a una iniciativa similar.

Hay que preocuparse de aeródromos y embarcaderos de zonas aisladas.

Comisión de Zonas Extremas del Senado requerirá al MOP un catastro de la infraestructura y equipamiento

Porvenir, XII Región

Recogiendo una solicitud del Senador Pedro Muñoz (PS); la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta acordó requerir al Ministerio de Obras Públicas un informe referido al estado que presentan los principales puertos, embarcaderos y aeródromos de las zonas apartadas del país.

El legislador recordó que “la tragedia aérea que ha costado la vida a 21 compatriotas que se dirigían a la Isla Robinson Crusoe se suma a la ocurrida hace algunos años con el volcamiento de una embarcación en el Lago Maihue y a diversos otros accidentes menos conocidos, revelando las enormes dificultades que los habitantes de las zonas extremas enfrentan habitualmente para sus comunicaciones con el resto del país.”

“Hay muchos lugares donde las condiciones del transporte aéreo, marítimo, lacustre o fluvial son realmente precarias, arriesgando la vida de muchos compatriotas y dificultando enormemente su vida cotidiana, como la provisión de insumos y atenciones de salud” – sostuvo.

A juicio del parlamentario socialista estas dramáticas experiencias deben servir para actualizar la información disponible y adoptar  medidas que permitan disminuir al máximo los riesgos de accidentes, mejorando sostenidamente la infraestructura, equipamiento y condiciones de operación de puertos, embarcaderos y aeródromos, como también las exigencias para las naves y operadores que cubren esas rutas.

La Comisión compartió dicho planteamiento y acordó preliminarmente solicitar al Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, un catastro del estado actual de estos sitios e infraestructuras y sus planes de inversión futuros. Muñoz indicó que es posible que ello sea complementado posteriormente con nuevos requerimientos a las entidades encargadas de la fiscalización de tales instalaciones y sus condiciones de operación, como la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante Nacional.

El legislador por Magallanes descartó completamente que estas gestiones tengan como finalidad adentrarse en las causas que derivaron en el accidente aéreo del Archipiélago de Juan Fernández, manifestando que “esa es tarea de los organismos competentes” y agregando que “nuestra labor y objetivo, como representantes de zonas apartadas de nuestro territorio, es recoger las lecciones que nos dejan estos trágicos hechos y procurar contribuir para minimizar su ocurrencia en el futuro.”

Gran acuerdo para extensión del postnatal.

Aportes de la Concertación fueron sustantivos en mejoramiento del proyecto original

El proyecto que amplía el período de permiso postnatal a seis meses tuvo un decisivo avance tras el acuerdo logrado entre el Gobierno y parlamentarios. La fórmula que destrabó la iniciativa contempla ofrecer a las madres trabajadoras una opción para la extensión del postnatal. Así, después de los primeros tres meses de postnatal con tope de 66 UF que existen en la actualidad; podrán elegir entre un postnatal parental por 12 semanas (tres meses adicionales) con el subsidio íntegro con el mismo tope de 66 UF o sumar 18 semanas de postnatal (cuatro meses y medio adicionales), obteniendo la mitad del subsidio que les correspondería y reintegrándose a sus labores en régimen de media jornada.

La posición unánime adoptada por la Concertación en el Senado en defensa de las madres y sus hijos fue fundamental para que el Gobierno flexibilizara su proyecto original y se allanara a eliminar la reducción del tope al subsidio maternal y que afectaba a miles de mujeres profesionales. “Dijimos que podíamos avanzar en extender el postnatal a seis meses sin letra chica y sin retroceder en los derechos de las trabajadoras y así fue."

Asimismo, durante dicha discusión quedaron descartados otros aspectos negativos del proyecto original como la reducción del fuero laboral y la perdida del derecho a amamantar para las trabajadoras partime y allí surgió, también, la necesidad de aumentar significativamente la cobertura incorporando al proyecto a las trabajadoras independientes y temporeras y también a aquéllas que pertenecen al 60% de los hogares más pobres del país.

Estamos muy satisfechos por este avance que es un premio al esfuerzo y constancia de tantas organizaciones sociales, de mujeres; ONG’s, asociaciones de funcionarios, sindicatos, entidades médicas y científicas y de la comunidad, en general, que se ha visto coronado con este acuerdo que revela la disposición de un país que avanza en la protección y cuidado de sus niños.