Encuesta CERC refleja que sobreendeudamiento gana por paliza cualquier elección.

Debemos legislar en forma urgente para aliviar carga financiera de las familias.

Hay quienes sólo observan los resultados de las encuestas a nivel político, sin ocuparse de aquéllos otros indicadores que revelan los problemas más apremiantes para la ciudadanía, entre los que se cuenta claramente el elevado nivel de endeudamiento.

En este sentido, la CERC nos muestra datos muy inquietantes - pero nada sorprendentes. El estudio demuestra que desde 1987 se viene registrando un aumento sostenido del grupo de personas que están endeudadas y con dificultades para pagar. 

Según el estudio, un 46% de los chilenos tiene dificultades para pagar sus compromisos, en tanto otro 12% se declara en una situación aún más aflictiva. Lo anterior representa un salto de casi 20 puntos en el sobreendeudamiento desde la última vez que se realizó la consulta en la encuesta CERC, en diciembre de 1999.

La masificación en el uso en las tarjetas de crédito y la mantención de un nivel de remuneraciones extremadamente bajo explica en buena parte esta grave situación que se agudiza al analizar las cifras de endeudamiento a nivel juvenil y por grupos socioeconómicos.

Así, quienes se encuentran entre los 18 y 25 años presentan niveles de endeudamiento comparables a los demás tramos, bordeando el 50%, en circunstancias que muchos de ellos están en etapa de estudios o comenzando su vida laboral y, por tanto, con empleos aún precarios. Por segmentos socioeconómicos, en tanto, es muy relevante que un 90% de quienes se declaran de estrato bajo tengan un nivel de endeudamiento elevado, mientras sólo el 6% de ellos, no registran obligaciones financieras.

Estas cifras revelan claramente la angustia que viven millones de chilenos cada mes y que les obliga a vivir exclusivamente para pagar sus deudas o incluso, pedir préstamos en un lugar para pagar otros compromisos. Ello debe ser recogido por las autoridades económicas y por el Parlamento, con el objeto de legislar para incrementar sus ingresos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva y establecer correcciones que alivien su situación financiera, disminuyendo la tasa máxima convencional y, especialmente, legislando sobre la insolvencia de hogares para enfrentar el sobreendeudamiento sin tener que recurrir a la “bicicleta”.

Por eso el 2006 presenté un proyecto de ley que establece un procedimiento para la declaración de insolvencia que recoge experiencia internacional. La iniciativa crea dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque un acuerdo.

La participación del mediador o el Juez, según el caso, permitiría al deudor abordar en un solo procedimiento y con condiciones, tasas y plazos razonables todos sus compromisos, eliminando la necesidad de recurrir a nuevos créditos o repactaciones abusivas.

¡ A parar la bicicleta !

Necesitamos una ley de insolvencia familiar.

La situación de La Polar instaló el debate sobre los enormes abusos que se cometen con los clientes. Las repactaciones ilegales son sólo una parte de un combo que incluye cargos indebidos, seguros asociados irregularmente, tasas de interés que lindan en la usura y un tema que me ha ocupado permanentemente: la falta de una ley de insolvencia o quiebra de los hogares.

Desde el 2006 he planteado que Chile necesita un sistema que permita a las familias enfrentar situaciones de sobreendeudamiento en condiciones razonables y presenté un proyecto en el Parlamento. Es el drama de la “bicicleta” el que angustia a la familia chilena y agrava su crisis financiera.

Hoy no existe mecanismo alguno para salir de la iliquidez. Si una familia no tiene como pagar sus compromisos económicos comienza una pesadilla donde cada acreedor le cobra por separado. Una seguidilla interminable de amenazas, cobranzas y embargos que el deudor trata de atajar  a duras penas.

En la desesperación, se sube a la bicicleta y comienza el pedaleo. Cuesta arriba. Acepta repactaciones abusivas de multitiendas y bancos y pide préstamos para pagar otras deudas. Salvo un milagro financiero y laboral, sólo agrava su problema. Al cabo de unos meses el colapso es total y deberá varias veces más que cuando explotó la primera deuda. Esto podría evitarse si tuviéramos para los hogares algo similar a la quiebra de las empresas.

Lo que he propuesto – y que recoge experiencia internacional - involucra dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, permite que el deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, entregue su caso a un mediador que procura un acuerdo con sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque una solución.

Así, en la gran mayoría de los casos, con intervención del mediador o del Juez, el deudor logrará un convenio con todos sus acreedores a la vez que contendrá un plan de pagos, con plazos, tasas y condiciones razonables. En casos extremos, en que la situación no le permitiera acceder a un acuerdo o que no cumpliera el plan de pagos y se llegue al remate, el sistema también le favorece, pues le permitiría optimizar el uso de sus bienes para pagar. Hoy, además de la pérdida de tiempo, la existencia de juicios paralelos, aumenta los costos. Cuando la pesadilla termina, el deudor pierde todos sus bienes y ni siquiera abona a la deuda.

Necesitamos bajar las tasas de interés y una fiscalización más activa para detener los abusos. Pero también requerimos, con urgencia, una ley de insolvencia y sobreendeudamiento que permita a los deudores abordar todas sus deudas en conjunto y someterlas a un convenio de pago con plazos, tasas y condiciones razonables.

¡ A parar la bicicleta !