Apoyo movilización de funcionarios del Registro Civil

Espero que Gobierno solucione el conflicto y no busque desgastar a los trabajadores.

Quiero expresar mi respaldo a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, quienes se encuentran realizando una movilización, que incluye la paralización de actividades, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. 

Durante este fin de semana, me reuní con un grupo de dirigentes y trabajadores, en Punta Arenas, quienes me reseñaron sus principales inquietudes y demandas.

Se aprecia que se trata de un servicio que ha registrado una importante modernización en los últimos años, que registra una alta valoración de los usuarios y cuyas funciones se han venido recargando sin que exista, consecuentemente, una mejor retribución a su personal.

Solidarizo, entonces, plenamente con los trabajadores y comparto su visión en torno a la situación. Espero que el Gobierno y particularmente el Ministerio de Justicia y los directivos de la entidad, atiendan a la brevedad estas demandas y se busque una solución. 

Lamentablemente, la experiencia que hemos visto en los últimos conflictos, como el de Correos de Chile, es que el Ejecutivo elude el diálogo y la intervención directa, motivando una demora en las tratativas que apunta a desgastar a los funcionarios. 

Miopía del Gobierno ante reforma tributaria

Mientras organismos internacionales y dirigentes empresariales se abren a alza de impuestos el Gobierno se cierra al debate.

Felipe Lamarca y Roberto Fantuzzi se han sumado a quienes sugieren una modificación impositiva que permita mejorar el acceso a la educación superior. Antes, otros destacados personeros del ámbito privado, como el vicepresidente ejecutivo de LAN, Enrique Cueto y el Presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, habían manifestado disposición a discutir el tema.

A estas alturas, los únicos que no ven necesidad de una reforma tributaria son el Presidente Piñera y su Ministro de Hacienda.

Mientras importantes voces del empresariado nacional y los organismos internacionales expresan su preocupación por la enorme desigualdad de nuestra sociedad y concluyen la necesidad de avanzar en su superación como condición indispensable para mantener la estabilidad del país, el Gobierno sigue anclado a posturas ideológicas que dificultan las respuestas a las demandas sociales.

Sólo la miopía” y la ortodoxia neoliberal de las actuales autoridades explican el rechazo del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a una reforma tributaria. El secretario de Estado descartó un alza de impuestos para financiar el presupuesto 2012 porque la propuesta del Ejecutivo es muy pobre y ni siquiera alcanza para cubrir el 40% de becas que comprometió a los estudiantes. No necesitan más recursos porque sus medidas son insuficientes.

Para avanzar en serio hacia un mejoramiento de la educación y, particularmente, en el acceso de los sectores bajos y medios a la educación superior, no hay otro camino que la reforma tributaria.

Esperamos que el Gobierno se abra a una discusión que permita concordar una reforma que aumente la contribución de las empresas y disminuya la carga sobre las personas, lo que disminuiría, también, los incentivos perversos a la elusión que existen en la normativa vigente.

Así como el Presidente Piñera y Renovación Nacional fueron claves para la reforma tributaria que se gestó en el Gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin y que permitió avanzar en materia social en el retorno a la democracia, ahora, desde el Gobierno, tienen la gran opción de dar un nuevo salto en la igualdad de oportunidades, a través de un pacto social que permita enfrentar en serio el acceso a la educación.

Encuesta CERC refleja que sobreendeudamiento gana por paliza cualquier elección.

Debemos legislar en forma urgente para aliviar carga financiera de las familias.

Hay quienes sólo observan los resultados de las encuestas a nivel político, sin ocuparse de aquéllos otros indicadores que revelan los problemas más apremiantes para la ciudadanía, entre los que se cuenta claramente el elevado nivel de endeudamiento.

En este sentido, la CERC nos muestra datos muy inquietantes - pero nada sorprendentes. El estudio demuestra que desde 1987 se viene registrando un aumento sostenido del grupo de personas que están endeudadas y con dificultades para pagar. 

Según el estudio, un 46% de los chilenos tiene dificultades para pagar sus compromisos, en tanto otro 12% se declara en una situación aún más aflictiva. Lo anterior representa un salto de casi 20 puntos en el sobreendeudamiento desde la última vez que se realizó la consulta en la encuesta CERC, en diciembre de 1999.

La masificación en el uso en las tarjetas de crédito y la mantención de un nivel de remuneraciones extremadamente bajo explica en buena parte esta grave situación que se agudiza al analizar las cifras de endeudamiento a nivel juvenil y por grupos socioeconómicos.

Así, quienes se encuentran entre los 18 y 25 años presentan niveles de endeudamiento comparables a los demás tramos, bordeando el 50%, en circunstancias que muchos de ellos están en etapa de estudios o comenzando su vida laboral y, por tanto, con empleos aún precarios. Por segmentos socioeconómicos, en tanto, es muy relevante que un 90% de quienes se declaran de estrato bajo tengan un nivel de endeudamiento elevado, mientras sólo el 6% de ellos, no registran obligaciones financieras.

Estas cifras revelan claramente la angustia que viven millones de chilenos cada mes y que les obliga a vivir exclusivamente para pagar sus deudas o incluso, pedir préstamos en un lugar para pagar otros compromisos. Ello debe ser recogido por las autoridades económicas y por el Parlamento, con el objeto de legislar para incrementar sus ingresos, por ejemplo, mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva y establecer correcciones que alivien su situación financiera, disminuyendo la tasa máxima convencional y, especialmente, legislando sobre la insolvencia de hogares para enfrentar el sobreendeudamiento sin tener que recurrir a la “bicicleta”.

Por eso el 2006 presenté un proyecto de ley que establece un procedimiento para la declaración de insolvencia que recoge experiencia internacional. La iniciativa crea dos sistemas paralelos. El primero, de carácter preventivo y extrajudicial, somete la situación del deudor, que aún no ha sido demandado, pero que advierte su situación de incapacidad para pagar, a un mediador que procura un acuerdo entre éste y sus acreedores. El segundo, de carácter judicial, ocurre cuando el deudor ya ha sido demandado por algunos de sus acreedores. En ese caso, podría oponer una excepción de insolvencia grave, tras la cual se notifica a los restantes acreedores para que en un solo juicio y con la participación activa del Juez se busque un acuerdo.

La participación del mediador o el Juez, según el caso, permitiría al deudor abordar en un solo procedimiento y con condiciones, tasas y plazos razonables todos sus compromisos, eliminando la necesidad de recurrir a nuevos créditos o repactaciones abusivas.