El derecho a la huelga

Respaldo los paros portuarios. Se requieren profundos cambios al Código del Trabajo. 

Respaldo plenamente el paro que los trabajadores portuarios realizan ya por varias jornadas en diversos puntos del país. Ello reafirma la necesidad de enfrentar las problemáticas de este sector, largamente postergado en la legislación laboral y uno de los más golpeados con el Plan Laboral y las modificaciones surgidas a partir de 1981, en que se atomizó su organización sindical y se precarizó el empleo, lo que se agudizó con la privatización y modernización de los puertos de los ’90. 

Esta actividad ha llevado el peso del crecimiento del país por la vía de las exportaciones y, sin embargo, se mantiene en una gran informalidad, con empleos temporales y profundas carencias en seguridad.

En un plano más general, la movilización del sector portuario y, también la de la mina Radomiro Tomic, demuestra que la normativa laboral en el país está agotada, especialmente en aspectos como la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva. 

Desestimo, en este sentido, las críticas del Ministro Chadwick, que calificó de ilegal las paralizaciones en los puertos. El problema es que la realidad se le escapa por el lado a la ley. Las leyes de la dictadura y los consensos del retorno a la democracia son hoy insuficientes.

La regulación en materia de huelga es restringida y obsoleta al contemplarse sólo en el ámbito de la negociación colectiva. La legislación comparada, en cambio, ofrece muchas otras hipótesis que pueden motivar una huelga, tales como la solidaridad con otras paralizaciones, el incumplimiento de un convenio colectivo vigente o la denuncia de infracciones graves a los derechos fundamentales del trabajador. 

¿Acaso las primeras grandes movilizaciones obreras no surgieron por mera solidaridad?”. También en la pasada movilización de los mineros de Radomiro Tomic se aprecia que el derecho a la huelga es una herramienta imprescindible y eficaz cuando se pone en riesgo la vida e integridad de los trabajadores. 

Con los funcionarios públicos tenemos otro ejemplo de que la realidad sobrepasó a la normativa. Pese a que la ley lo prohíbe, allí tenemos negociación colectiva y huelga tolerada, aunque la Constitución y la ley dicen lo contrario. Hace algún tiempo se rechazó una moción que pretendía reconocerlas, tal como lo hacen los Convenios de la OIT. 

Es hora de impulsar una profunda reforma al Código del Trabajo que refuerce la sindicalización y la negociación colectiva, extendiéndola para el sector público y también en el ámbito privado por rama de actividad, pero, además, que de a la huelga un espacio propio y diferenciado. Presenté un proyecto de ley, en actual trámite en el Senado, que postula dar un nuevo estatuto a este derecho laboral.

Aprobado proyecto que restituye impuestos cobrados en exceso a trabajadores portuarios

Debe terminar la precariedad del sector y avanzarse en materia laboral y pensiones por trabajos pesados. 

El Senado aprobó, en su sesión de este martes, el proyecto de ley que permitirá restituir a los trabajadores portuarios de todo el país, las sumas retenidas en exceso en los últimos años, por concepto de impuesto único de segunda categoría. Tras este trámite legislativo, la iniciativa fue remitida al Presidente de la República para su promulgación. 

Como consecuencia de la organización de la actividad productiva de los puertos, en turnos diarios, las empresas portuarias o de estiba y desestiba aplicaron durante largo tiempo en forma equivocada las tablas de retención de tributos, lo que significó descontar a los trabajadores más impuestos que los que efectivamente les correspondía pagar. 

Las diferencias que llegaron a producirse en muchos casos son elevadas, dependiendo de la cantidad de turnos efectuados y del valor de éstos, por lo que desde hace varios años, los sindicatos venían exigiendo al Estado la restitución de estos excesos. 

El proyecto, que acaba de ser despachado por el Parlamento, permitirá a cada trabajador o ex trabajador del sector portuario recuperar hasta 11 años de lo que se le haya descontado en exceso. La nueva normativa precisa que la Tesorería General de la República conseguirá, de los empleadores respectivos, los antecedentes que permitan establecer la situación particular de cada trabajador o ex trabajador portuario, realizando a continuación el cálculo de las restituciones correspondientes, que será informado a los interesados, quienes podrán exigir correcciones. 

La aprobación de esta iniciativa es fruto de las movilizaciones realizadas en los últimos meses en diversos puntos del país, a las que el Gobierno respondió a través de este proyecto. Pese a ser una solución parcial, es un avance muy significativo. Se ha demostrado una vez más que la organización, unidad y movilización de los trabajadores permite avanzar en las soluciones a sus demandas.

Sin embargo, no debe olvidarse que a través de este proyecto se aborda sólo una de las muchas reivindicaciones del sector portuario nacional, señalando que existen muchas otras peticiones no resueltas, particularmente en el ámbito laboral y previsional, como son la estabilidad en el empleo y el valor de los turnos y la calificación como trabajos pesados de algunas faenas, lo que les permitiría obtener pensión anticipada.

Hay que preocuparse de aeródromos y embarcaderos de zonas aisladas.

Comisión de Zonas Extremas del Senado requerirá al MOP un catastro de la infraestructura y equipamiento

Porvenir, XII Región

Recogiendo una solicitud del Senador Pedro Muñoz (PS); la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta acordó requerir al Ministerio de Obras Públicas un informe referido al estado que presentan los principales puertos, embarcaderos y aeródromos de las zonas apartadas del país.

El legislador recordó que “la tragedia aérea que ha costado la vida a 21 compatriotas que se dirigían a la Isla Robinson Crusoe se suma a la ocurrida hace algunos años con el volcamiento de una embarcación en el Lago Maihue y a diversos otros accidentes menos conocidos, revelando las enormes dificultades que los habitantes de las zonas extremas enfrentan habitualmente para sus comunicaciones con el resto del país.”

“Hay muchos lugares donde las condiciones del transporte aéreo, marítimo, lacustre o fluvial son realmente precarias, arriesgando la vida de muchos compatriotas y dificultando enormemente su vida cotidiana, como la provisión de insumos y atenciones de salud” – sostuvo.

A juicio del parlamentario socialista estas dramáticas experiencias deben servir para actualizar la información disponible y adoptar  medidas que permitan disminuir al máximo los riesgos de accidentes, mejorando sostenidamente la infraestructura, equipamiento y condiciones de operación de puertos, embarcaderos y aeródromos, como también las exigencias para las naves y operadores que cubren esas rutas.

La Comisión compartió dicho planteamiento y acordó preliminarmente solicitar al Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, un catastro del estado actual de estos sitios e infraestructuras y sus planes de inversión futuros. Muñoz indicó que es posible que ello sea complementado posteriormente con nuevos requerimientos a las entidades encargadas de la fiscalización de tales instalaciones y sus condiciones de operación, como la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante Nacional.

El legislador por Magallanes descartó completamente que estas gestiones tengan como finalidad adentrarse en las causas que derivaron en el accidente aéreo del Archipiélago de Juan Fernández, manifestando que “esa es tarea de los organismos competentes” y agregando que “nuestra labor y objetivo, como representantes de zonas apartadas de nuestro territorio, es recoger las lecciones que nos dejan estos trágicos hechos y procurar contribuir para minimizar su ocurrencia en el futuro.”