El derecho a la huelga

Respaldo los paros portuarios. Se requieren profundos cambios al Código del Trabajo. 

Respaldo plenamente el paro que los trabajadores portuarios realizan ya por varias jornadas en diversos puntos del país. Ello reafirma la necesidad de enfrentar las problemáticas de este sector, largamente postergado en la legislación laboral y uno de los más golpeados con el Plan Laboral y las modificaciones surgidas a partir de 1981, en que se atomizó su organización sindical y se precarizó el empleo, lo que se agudizó con la privatización y modernización de los puertos de los ’90. 

Esta actividad ha llevado el peso del crecimiento del país por la vía de las exportaciones y, sin embargo, se mantiene en una gran informalidad, con empleos temporales y profundas carencias en seguridad.

En un plano más general, la movilización del sector portuario y, también la de la mina Radomiro Tomic, demuestra que la normativa laboral en el país está agotada, especialmente en aspectos como la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva. 

Desestimo, en este sentido, las críticas del Ministro Chadwick, que calificó de ilegal las paralizaciones en los puertos. El problema es que la realidad se le escapa por el lado a la ley. Las leyes de la dictadura y los consensos del retorno a la democracia son hoy insuficientes.

La regulación en materia de huelga es restringida y obsoleta al contemplarse sólo en el ámbito de la negociación colectiva. La legislación comparada, en cambio, ofrece muchas otras hipótesis que pueden motivar una huelga, tales como la solidaridad con otras paralizaciones, el incumplimiento de un convenio colectivo vigente o la denuncia de infracciones graves a los derechos fundamentales del trabajador. 

¿Acaso las primeras grandes movilizaciones obreras no surgieron por mera solidaridad?”. También en la pasada movilización de los mineros de Radomiro Tomic se aprecia que el derecho a la huelga es una herramienta imprescindible y eficaz cuando se pone en riesgo la vida e integridad de los trabajadores. 

Con los funcionarios públicos tenemos otro ejemplo de que la realidad sobrepasó a la normativa. Pese a que la ley lo prohíbe, allí tenemos negociación colectiva y huelga tolerada, aunque la Constitución y la ley dicen lo contrario. Hace algún tiempo se rechazó una moción que pretendía reconocerlas, tal como lo hacen los Convenios de la OIT. 

Es hora de impulsar una profunda reforma al Código del Trabajo que refuerce la sindicalización y la negociación colectiva, extendiéndola para el sector público y también en el ámbito privado por rama de actividad, pero, además, que de a la huelga un espacio propio y diferenciado. Presenté un proyecto de ley, en actual trámite en el Senado, que postula dar un nuevo estatuto a este derecho laboral.

Debe reponerse pago de bono postlaboral a funcionarios públicos excluidos por mala información.

Tras gestión de parlamentarios, Gobierno analiza envío de proyecto de ley.

Espero que pueda obtenerse una solución para los numerosos funcionarios públicos que, por una mala información de sus servicios, han sido privados de recibir el denominado bono postlaboral, contenido en la ley 20.305 y que pretendía complementar los ingresos de diversos trabajadores de la administración del Estado, afiliados a las AFP’s y que fueron perjudicados con una subcotización por parte del Fisco, motivando que su escasa capitalización afecte negativamente sus pensiones.

Uno de los requisitos para acceder al bono consiste en postular a él como funcionario activo, lo que no fue entendido en muchos servicios, que informaron equivocadamente que debían acogerse a jubilación o renunciar a sus cargos antes de solicitarlo. El error es tan evidente que muchos trabajadores aparecen renunciando sólo días o semanas antes de requerirlo. Producto de este problema, la Contraloría General de la República está objetando estos pagos, siendo numerosos los afectados a quienes el bono les ha sido rechazado o, en otros casos, el beneficio les ha sido quitado después de otorgado y, más aún, se está solicitando la restitución de lo pagado.

La propia Contraloría ha planteado la vía legal, como el mecanismo idóneo para remediar el problema, por lo que junto a la Senadora Isabel Allende y a los Senadores Camilo Escalona y Mariano Ruiz Esquide hemos promovido una moción que permitiría corregir la situación y restituir el derecho a estos funcionarios. Atendido que el proyecto fue declarado inadmisible, hemos solicitado su patrocinio al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Nos parece de toda justicia corregir este problema, entendiendo que no se trata de incorporar nuevos beneficiarios que los previstos, sino solucionar un lamentable error de información que ha excluido precisamente a quienes se pensó favorecer.

Se nos ha informado que el Gobierno se encuentra analizando el problema y estudiando las alternativas que permitan corregirlo. Esperamos que pueda haber una solución para estos funcionarios que ya han sido perjudicados con esta subcotización y que ahora han sido víctimas de este mal entendido y desinformación.

Funcionarios públicos merecen reajuste digno y compromiso de estabilidad laboral

Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública

El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.

Rechazo medidas que apuntan a la privatización de la salud pública

Gobierno busca transformar hospitales en malls de la salud que terminarán asfixiando al sector estatal.

Rechazo absolutamente el modelo de gestión que está implementando el Gobierno y que implica el comienzo de la privatización de la salud pública. Me sumó al rechazo que tanto los gremios como otros parlamentarios, entre los que se cuenta el ex Presidente del Colegio Médico y actual diputado Juan Luis Castro han manifestado a la propuesta de la cartera de incluir en los nuevos establecimientos en vías de construcción, la licitación de espacios o prestación de servicios complementarios a la labor clínica.

Lamento que el Ministerio de Salud esté aprovechando las evidentes necesidades existentes en materia sanitaria en la región, como la falta de farmacias que presten un servicio más expedito y con un horario de atención más amplio a la población, para emprender una línea de acción que apunta claramente a asfixiar la salud pública por la vía de ir ingresando competencia al interior de los recintos.

En este tipo de decisiones hay una “letra chica”, cual es que se busca hacer competir al sector público con el privado, transformando los nuevos hospitales en un mall, donde si bien se entregan alternativas a la población, a la larga se termina privatizando el servicio al hacerse inútil o poco conveniente su otorgamiento por parte del sector público.

Se aprovecha la figura de las concesiones ya no para costear la infraestructura o los servicios anexos a la labor hospitalaria como estacionamientos, seguridad o aseo, sino para comenzar a desmantelar áreas muy ligadas a la gestión clínica, partiendo por la alimentación y las farmacias, para seguir luego con otras, como laboratorios y rayos, lo que es inaceptable.

Se genera una competencia para luego terminar la prestación por parte del sector público, por haberse hecho innecesaria y la ciudadanía sabe lo que ocurre en salud cuando el prestador privado queda sin competencia pública, pues sobreviene el abuso y la colusión.

Los privados pueden competir desde fuera y prestar servicios alternativos para quienes puedan pagarlos, pero ingresarlos a los hospitales es un exceso que va en desmedro de la salud pública y terminará perjudicando tanto a sus usuarios como a sus funcionarios.

Tenemos que apuntar a mejorar los servicios que la ciudadanía necesita y atacar los problemas, como la insuficiencia de farmacias y otras prestaciones y la carencia de especialistas, pero la vía es mejorar la salud pública y no exterminarla.

Este modelo ya se vivió en el país en la década de los ’80 y terminó en la total destrucción de importantes roles del sector público, que hoy lamentamos, como ocurrió en materia previsional.

El mecanismo que se propone implica un aparente mejoramiento del servicio, pero que resulta un “caballo de Troya”, que implica comenzar con servicios anexos para luego ir traspasando paulatinamente más prestaciones a los privados, generando cesantía y dejando a los usuarios entregados al mercado.

Los gremios deben coordinarse con sus pares a nivel nacional, donde se está gestando un rechazo a esta política de gestión por parte del Ministerio, que apunta claramente a la privatización de la salud.