Avanza proyecto que corrige exclusiones en pago de bono post-laboral

Iniciativa recoge solución que le propuse al Gobierno

A terminar su tramitación a la Cámara de Diputados fue enviado el proyecto de ley que modifica la ley 20.305 y que permitirá el pago del bono post-laboral a muchos ex funcionarios de servicios públicos y profesores que fueron injustamente excluidos. 

Con esta iniciativa el Gobierno recogió la inquietud que le hiciera presente hace ya varios meses, advirtiendo la injusta situación que enfrentaban muchos ex trabajadores que fueron privados de acceder a esta compensación.

Tras conocer este problema oficié a los Ministros del Trabajo y de Hacienda, a quienes expuse el problema e hice llegar una propuesta de solución, lo que fue acogido, enviándose este proyecto al Parlamento.

El texto persigue solucionar distintas falencias de la ley. El más frecuente es el que enfrentaban cientos de profesores, quienes fueron mal informados por las respectivas Corporaciones Municipales, renunciando a sus cargos antes de solicitar el bono, lo que fue revisado por la Contraloría, suspendiéndose los pagos. Ellos tendrán un nuevo plazo para postular al bono.

Se corrige, también, la situación de funcionarios que presentaron oportunamente sus postulaciones al bono post-laboral, pero éstas no fueron cursadas por los servicios respectivos. Se dispone, en este aspecto, que en el futuro situaciones como ésta generarán responsabilidad administrativa para los jefes de servicio que incurran en este tipo de negligencias.

El proyecto supera también las divergencias existentes entre los plazos de postulación que fija la ley 20.305 y los que se establecen en leyes especiales vigentes para diversos gremios. En ese caso priman los plazos especiales, lo que favorece, entre otros a los funcionarios de las universidades del Estado.

Por último, se contiene una norma especial para los profesionales de la educación que hayan sido o sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.501, quienes tendrán un plazo especial de 90 días para postular al bono establecido en la ley N° 20.305.

Me parece muy importante el avance de este proyecto, que debería quedar aprobado en los próximos días. Afortunadamente, se  acogió la solución que le propuse al Ejecutivo y podemos restituir este bono largamente esperado por miles de funcionarios públicos, que ayuda a mejorar mínimamente sus deficitarias pensiones derivadas de la subcotización que el Fisco realizó por tantos años.

Debe reponerse pago de bono postlaboral a funcionarios públicos excluidos por mala información.

Tras gestión de parlamentarios, Gobierno analiza envío de proyecto de ley.

Espero que pueda obtenerse una solución para los numerosos funcionarios públicos que, por una mala información de sus servicios, han sido privados de recibir el denominado bono postlaboral, contenido en la ley 20.305 y que pretendía complementar los ingresos de diversos trabajadores de la administración del Estado, afiliados a las AFP’s y que fueron perjudicados con una subcotización por parte del Fisco, motivando que su escasa capitalización afecte negativamente sus pensiones.

Uno de los requisitos para acceder al bono consiste en postular a él como funcionario activo, lo que no fue entendido en muchos servicios, que informaron equivocadamente que debían acogerse a jubilación o renunciar a sus cargos antes de solicitarlo. El error es tan evidente que muchos trabajadores aparecen renunciando sólo días o semanas antes de requerirlo. Producto de este problema, la Contraloría General de la República está objetando estos pagos, siendo numerosos los afectados a quienes el bono les ha sido rechazado o, en otros casos, el beneficio les ha sido quitado después de otorgado y, más aún, se está solicitando la restitución de lo pagado.

La propia Contraloría ha planteado la vía legal, como el mecanismo idóneo para remediar el problema, por lo que junto a la Senadora Isabel Allende y a los Senadores Camilo Escalona y Mariano Ruiz Esquide hemos promovido una moción que permitiría corregir la situación y restituir el derecho a estos funcionarios. Atendido que el proyecto fue declarado inadmisible, hemos solicitado su patrocinio al Ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Nos parece de toda justicia corregir este problema, entendiendo que no se trata de incorporar nuevos beneficiarios que los previstos, sino solucionar un lamentable error de información que ha excluido precisamente a quienes se pensó favorecer.

Se nos ha informado que el Gobierno se encuentra analizando el problema y estudiando las alternativas que permitan corregirlo. Esperamos que pueda haber una solución para estos funcionarios que ya han sido perjudicados con esta subcotización y que ahora han sido víctimas de este mal entendido y desinformación.