Reforma Tributaria: La derecha con sordera selectiva.

Más neoliberales que el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se entiende como sordera selectiva una anomalía consistente en no escuchar aquello que molesta o no se entiende. Más que un trastorno auditivo parece ser una capacidad analítica tendiente a evitar incomodidades y molestias. Ello aqueja a la derecha respecto de las recomendaciones de organismos internacionales en materia económica.

Sus líderes, técnicos e incluso sus medios de comunicación suelen recoger con bombo aquéllos llamados de entidades multilaterales cuando abogan por el mercado y la libre competencia. Se desvelan analizando los rankings de competitividad y buscando la forma de convencernos de que nuestras regulaciones son excesivas, lo que atenta contra el progreso. Curiosamente, nuestros empresarios obtienen – bajo esas normativas – jugosas utilidades e incluso se expanden por el continente precisamente hacia donde las legislaciones son aún más rigurosas.

Los reportes que causan mayor euforia en los teóricos neoliberales criollos son aquéllos que advierten trabas burocráticas a la inversión, rigideces en la legislación laboral y excesos de la política impositiva. Cada vez que un informe contiene este tipo de críticas no tarda en ocupar primeras planas en diarios anaranjados, páginas relevantes de suplementos de negocios y ser motivo de análisis en seminarios y foros efectuados sobre la cota 1000. Expertos entrevistados advierten, inmediatamente, que estos temas dificultan nuestro camino al desarrollo y la creación de empleo.

Luego, no se les mueve un músculo cuando se demuestra que, sustantivamente con las mismas leyes laborales y tributarias, el país pasa por ciclos de elevado crecimiento. Un caso patente es que los mismos que hace dos años demonizaban las normas sobre contratación y despido, ahora se ufanan de la creación “histórica” de puestos de trabajo. Evidentemente, tampoco se ocupan de explicar los cambios en la encuesta que explican este milagro.

El último episodio de hipoacusia temporal de la derecha lo hemos visto con ocasión de la crisis educacional. Primero, la OCDE alertó sobre la enorme desigualdad de nuestro sistema educativo. Luego, el Fondo Monetario Internacional, vanguardia del neoliberalismo global, cuyas recetas suelen ser alabadas por muchos de nuestros economistas, recomendó una reforma tributaria para enfrentar el problema. Una muestra casi caricaturesca de que la profunda inequidad del país y de su educación sólo puede ser resuelta con un mayor compromiso de los sectores más favorecidos de la sociedad.

Sin embargo, la derecha, partiendo por el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, defendió la “soberanía de Chile” para seguir adelante con sus propias políticas económicas. El oído izquierdo del Secretario de Estado y de los más destacados técnicos del Gobierno no acusaron el golpe. Mientras el clamor, tanto nacional como internacional, por un cambio profundo en educación es cada día más fuerte, la derecha abusa de su sordera selectiva para sostener un sistema que no resiste ningún estándar y se muestra más neoliberal que el propio FMI.

Proponemos ampliar el derecho a huelga.

Debemos legalizar paralizaciones que denuncian vulneraciones de derechos, incumplimiento de contratos colectivos y las movilizaciones locales y nacionales.

Junto conlos senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Camilo Escalona y Carlos Bianchi presentamos una moción que pretende ampliar el derecho a huelga en el Código del Trabajo, más allá de la negociación colectiva, recogiendo lo señalado en tratados internacionales y en resoluciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

La necesidad de legislar en esta materia se fundamenta en que la legislación laboral emanada de la dictadura militar impuso un sistema extremadamente rígido, cuyo propósito era dificultar la organización de los trabajadores y el ejercicio del derecho a la huelga, incorporando quórums, plazos y formalidades excesivas, permitiendo la negociación por parte de grupos ajenos al sindicato y posibilitando la contratación de reemplazantes durante la paralización.

A todo lo anterior se agrega que la negociación colectiva presenta, en nuestra normativa, un carácter casi exclusivamente remuneracional y que es obligatoria sólo en el ámbito de la empresa, excluyendo la posibilidad de realizarse en forma más amplia, por sectores o ramas de actividad, aspectos que no han podido ser superados sustantivamente, pese a la aprobación de sucesivas reformas al Código del Trabajo.

Estas trabas, unidas a otros aspectos como la exclusión de los trabajadores públicos, dificultan el ejercicio de este derecho, que es, sin duda, el instrumento más poderoso con que cuentan los trabajadores y sus organizaciones para hacer valer sus reivindicaciones, reconocido además en múltiples tratados internacionales.

El proyecto de ley propone superar estas falencias, recogiendo resoluciones de la OIT, con el objeto de ampliar el derecho a huelga, más allá de la negociación colectiva. Según la moción, ésta podría tener lugar, además, cuando exista una situación que afecte a los derechos fundamentales del trabajador que haya motivado el ejercicio de una acción de tutela o cuando se persiga el cumplimiento del convenio colectivo vigente que haya sido vulnerado por el empleador.

Un simple ejemplo demuestra la relevancia y pertinencia de esta propuesta. Si recordamos la tragedia de la Mina San José, en nuestra normativa esos trabajadores no podrían haber declarado una huelga para denunciar los riesgos graves y evidentes a que estaban sujetos, pues no había negociación colectiva en ese momento.

Igualmente la moción dispone que podría declararse la paralización de actividades como solidaridad con una huelga legal que se lleve adelante en otra empresa o en apoyo a una huelga  de carácter nacional o local, aprobada por las instancias correspondientes de la federación, confederación o central sindical de la que el sindicato respectivo forme parte. 

Se trata de movilizaciones masivas, que son el origen histórico de este derecho y que se reconocen en todo el mundo como la forma legítima que tienen los trabajadores organizados de expresar reivindicaciones de carácter colectivo - más allá de la propia empresa - y que, sin embargo, en nuestro país se encuentran al margen de la normativa vigente.

Esta iniciativa ajustaría la restrictiva legislación nacional a estándares internacionales. Además, la sola presentación del proyecto permite discutir, al tratarse las huelgas por solidaridad con otros sindicatos, la negociación colectiva interempresa, materia cuyo debate ha sido eludido por largos años.

MINEDUC está usando políticamente beneficios estudiantiles.

Suspensión de becas causa graves perjuicios a estudiantes de regiones.

El Gobierno está utilizando políticamente los beneficios estudiantiles con el objeto de intentar normalizar las actividades académicas, especialmente de los planteles de educación superior.

He recibido información de un número significativo de estudiantes y apoderados de la Región de Magallanes, que me han señalado que la entrega de las becas Presidente de la República (BPR), Integración Territorial (BIT), Indígena (BI), y de Alimentación para la Educación Superior (BAES) ha sido retenida hasta obtener información de los establecimientos respectivos acerca del cierre del primer semestre.

Ello es muy preocupante por los perjuicios que provoca en muchos jóvenes que, aún cuando sus planteles permanezcan en tomas u otras movilizaciones, se encuentran en regiones alejadas de su lugar de procedencia y deben, por tanto, financiar de todas formas su mantención.

“Se trata de beneficios que la sociedad entrega para favorecer a los estudiantes y cuya entrega regular no puede quedar al arbitrio de la autoridad de turno y sus objetivos.”

Espero el pronto restablecimiento de los beneficios estudiantiles, pues se está causando un serio perjuicio a muchas familias que han debido asumir, aún transitoriamente, los costos de pensiones y alimentación. Asimismo, propondré la incorporación de una glosa presupuestaria que evite que esta situación pueda repetirse el año venidero.

Tesis Labbé se impuso en el Gobierno

Proyecto que criminaliza protestas sociales es “represivo y dictatorial”.

Propuesta legal del Ejecutivo que pretende penalizar los saqueos, las tomas de establecimientos educacionales y otras formas de alteración de los servicios públicos es una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.

A pesar que en el Gobierno lo nieguen, lo que se busca con este proyecto es  desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo, que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo peor en este anuncio, es sancionar  las tomas de los colegios y las movilizaciones.

La iniciativa gubernamental representa el triunfo de las posiciones más conservadoras del Gobierno. Claramente la “tesis Labbé” se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se le haya salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está respondiendo a las demandas ciudadanas.

Indicó que, sin perjuicio, de analizar, en su momento, en forma detallada, la propuesta gubernamental, es contrario a su formulación. Me parece gravísimo porque es atentar contra la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose determinados recintos.

En general la norma es innecesaria, pues los desórdenes públicos están sancionados y los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con ocasión de tumultos también están establecidos como agravante en el Código Penal.

Estas propuestas muestran la falta de coherencia de las iniciativas sobre seguridad pública anunciadas por La Moneda, pues al mismo tiempo que se promueve diversos proyectos para descongestionar las cárceles, liberando presos de menor peligrosidad, se presentan estas medidas para llevar a prisión a más chilenos, especialmente jóvenes. 

Es evidente la sobreprotección de los intereses de actividades empresariales. Vemos que el Ejecutivo tiene mucha energía para cuidar el patrimonio de bancos y del retail, pero no tiene la misma decisión para sancionar con cárcel los abusos contra los clientes.

Lamento falta de participación ciudadana en gira presidencial

Presidente Piñera debiera aprovechar viaje para explicar debilidades del proyecto de tarificación del gas. Se aprovecha políticamente Hospital Regional construido en gestión anterior.

Lamento enormemente la escasa participación de la comunidad en la visita que el Presidente Sebastián Piñera realizará a Magallanes. En la agenda no se considera una reunión con organizaciones sociales, mientras, según el propio Seremi Schweitzer, se indica que el Primer Mandatario evalúa una cita con la dirigencia oficialista local.

Lo anterior impide que en la primera visita pública del Primer Mandatario a la región, tras el conflicto por el alza del gas (sin contar su viaje la Antártica en compañía del Presidente Rafael Correa) pueda explicar personalmente a la comunidad los alcances de la iniciativa y recibir consultas sobre esta materia.

Se hace como que nada hubiera ocurrido mientras en los últimos días han surgido diversas críticas al proyecto de ley que regulará las tarifas, que podrían haber sido analizadas por el Presidente Piñera y los Ministros respectivos. Tras su presentación en el Parlamento va apareciendo con mayor nitidez que más allá de congelar las tarifas por 5 años, se trata de una propuesta que sólo se limita a crear un sistema de fijación de precios que las deja entregadas al mercado, que no es lo que los magallánicos esperan.

Lo que queremos es un proyecto que expresé el compromiso del Estado con la exploración a través de ENAP, que asegure prioritariamente el abastecimiento para consumo domiciliario y que garantice precios bajos y estables en forma permanente, subsidiados por el Fisco.

Por último, que la principal actividad pública del Presidente Piñera sea la visita, tras largo tiempo de funcionamiento, al Hospital Regional, es un evidente aprovechamiento político, pues se trata de una obra que reconocidamente fue construida durante la gestión de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

La ciudadanía de Magallanes tiene claras las obras que los Gobiernos anteriores realizaron en la zona, en tanto al actual sólo se le conoce por intentos de subir el precio de los suministros básicos y por su política de incentivo a proyectos contaminantes como salmonicultura y explotación de carbón que, a la larga, significarán un enorme perjuicio para el medio ambiente, la actividad turística y la pesca en la región.