Carabineros confirma aumento de dotación para Natales.

Incorporación al Plan Cuadrante significará además normalización del equipamiento e infraestructura.

Carabineros de Chile confirmó que la aplicación del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que se implementará desde el presente año en Puerto Natales y un conjunto de 20 comunas del país, incluirá el aumento de la dotación policial en la comuna.

Mediante oficio suscrito por el General Claudio Espinoza, Secretario General de la institución, en que se responde una solicitud que realicé, la policía uniformada  reconoce el actual déficit de personal y ratifica que la incorporación de la capital de la provincia de Última Esperanza a este programa “trae consigo la normalización de las variables operacionales como lo son el recurso humano, medios logísticos e infraestructura.”

Con ello se asegura una mayor asignación de efectivos para la comuna, al tiempo que se compromete inversión en equipamiento e infraestructura, cuya determinación precisa se hará oportunamente.

La  misiva asegura que en el caso del nuevo personal éste provendrá de los egresos de la escuela institucional que están programados para mediados de año, por lo que a partir de esa fecha, Puerto Natales contará con la dotación que le permita un resguardo óptimo de la seguridad pública.

Es una muy buena noticia. Hace muchos años se han llevado adelante diversos esfuerzos para mejorar la prevención y combate del delito en la zona, lo que implicó en su oportunidad llevar adelante el Plan Comuna Segura en Punta Arenas, gracias a una indicación parlamentaria en el presupuesto de la nación.

Esperamos que el Plan Cuadrante contribuya eficazmente a reforzar la seguridad en la comuna con el objeto de llevar tranquilidad a los vecinos, siendo muy relevantes los esfuerzos realizados en este tema por el alcalde Fernando Paredes y el Concejo Municipal.

Tesis Labbé se impuso en el Gobierno

Proyecto que criminaliza protestas sociales es “represivo y dictatorial”.

Propuesta legal del Ejecutivo que pretende penalizar los saqueos, las tomas de establecimientos educacionales y otras formas de alteración de los servicios públicos es una norma eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.

A pesar que en el Gobierno lo nieguen, lo que se busca con este proyecto es  desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo, que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo peor en este anuncio, es sancionar  las tomas de los colegios y las movilizaciones.

La iniciativa gubernamental representa el triunfo de las posiciones más conservadoras del Gobierno. Claramente la “tesis Labbé” se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se le haya salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está respondiendo a las demandas ciudadanas.

Indicó que, sin perjuicio, de analizar, en su momento, en forma detallada, la propuesta gubernamental, es contrario a su formulación. Me parece gravísimo porque es atentar contra la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose determinados recintos.

En general la norma es innecesaria, pues los desórdenes públicos están sancionados y los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con ocasión de tumultos también están establecidos como agravante en el Código Penal.

Estas propuestas muestran la falta de coherencia de las iniciativas sobre seguridad pública anunciadas por La Moneda, pues al mismo tiempo que se promueve diversos proyectos para descongestionar las cárceles, liberando presos de menor peligrosidad, se presentan estas medidas para llevar a prisión a más chilenos, especialmente jóvenes. 

Es evidente la sobreprotección de los intereses de actividades empresariales. Vemos que el Ejecutivo tiene mucha energía para cuidar el patrimonio de bancos y del retail, pero no tiene la misma decisión para sancionar con cárcel los abusos contra los clientes.