Proyecto que criminaliza protestas sociales es “represivo y
dictatorial”.
Propuesta legal del Ejecutivo que pretende penalizar los saqueos, las tomas de establecimientos educacionales y otras formas de alteración de los servicios públicos es una norma
eminentemente represiva y propia de gobiernos dictatoriales.
A pesar que en el
Gobierno lo nieguen, lo que se busca con este proyecto es
desarticular los movimientos sociales, porque una cosa es sancionar el saqueo,
que por lo demás ya está sancionado dentro de nuestro Código Penal y por lo
tanto, no tiene sentido crear una figura penal nueva, y otra cosa y, que es lo
peor en este anuncio, es sancionar las tomas de los colegios y las
movilizaciones.
La iniciativa gubernamental
representa el triunfo de las posiciones más conservadoras del Gobierno. Claramente
la “tesis Labbé” se impuso en el Ministerio del Interior. No vaya a ser que a estos
ministros, que son hijos de lo que vivimos en la década de los 80, se le haya
salido el otro yo y quieran impulsar medidas represivas para terminar con un
movimiento social que no quiere a este Gobierno porque este no está
respondiendo a las demandas ciudadanas.
Indicó que, sin perjuicio, de
analizar, en su momento, en forma detallada, la propuesta gubernamental, es
contrario a su formulación. Me parece gravísimo porque es atentar contra
la democracia, atentar contra un gran movimiento ciudadano que la única forma
de expresar que tiene es saliendo a las calles y expresar su malestar tomándose
determinados recintos.
En general la norma es innecesaria, pues los desórdenes públicos están sancionados y
los atracos a establecimientos comerciales realizados por turbas o con
ocasión de tumultos también están establecidos como agravante en el Código Penal.
Estas propuestas muestran la
falta de coherencia de las iniciativas sobre seguridad pública anunciadas por
La Moneda, pues al mismo tiempo que se promueve diversos proyectos para
descongestionar las cárceles, liberando presos de menor peligrosidad, se
presentan estas medidas para llevar a prisión a más chilenos, especialmente
jóvenes.
Es evidente la
sobreprotección de los intereses de actividades empresariales. Vemos que
el Ejecutivo tiene mucha energía para cuidar el patrimonio de bancos y del
retail, pero no tiene la misma
decisión para sancionar con cárcel los abusos contra los clientes.
