Votación de Ministros sobre Isla Riesco está viciada

Compromiso del Gobierno con proyecto energético invalidó su evaluación ambiental. Documentos oficiales del Ejecutivo respaldan iniciativa minera.

La votación que el Consejo de Ministros del Medio Ambiente debe realizar respecto al proyecto Mina Invierno de Minera Isla Riesco está “absolutamente viciada”.

El proyecto generará un severo impacto ambiental en la zona. Hay claro riesgo de desplazamiento de material particulado hacia canales, parques y reservas nacionales, con efectos en la flora y fauna, al tiempo que se deteriorará sitios arqueológicamente muy valiosos.
El Consejo de Ministros se encuentra inhabilitado para pronunciarse. Acá no sólo se da la anomalía de que el propio Presidente de la República es accionista de COPEC, una de las empresas impulsoras del proyecto, según consta en su declaración de patrimonio; sino que el Gobierno, como tal, ha asumido y respaldado el proyecto lo que invalida su evaluación ambiental.
El propio Presidente Piñera llegó hasta nuestra región en Noviembre de 2010 para presentar el Plan Magallanes, iniciativa que constituye el eje de su administración en la región. Como consta en documentos públicos, emitidos por el propio Gobierno, éste ha comprometido claramente sus esfuerzos en la aprobación de la iniciativa.
En el texto informativo, emanado de la Intendencia y difundido por el Consejo Regional, en septiembre del 2010, se señala expresamente que el actual Gobierno se propone “Facilitar tramitación de los estudios de Impacto Ambiental de proyectos mineros”, al tiempo que se indica que ello generará una inversión por US$ 400 millones, exactamente la proyectada por Minera Isla Riesco.
Posteriormente, con ocasión del anuncio presidencial de Noviembre de 2010, el texto fue modificado, incluso para hacerlo más preciso, al señalar entre los objetivos de la actual administración en la zona “Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco”, como consta aún en la página web de la Intendencia de Magallanes. http://www.intendenciamagallanes.gov.cl/filesapp/Plan_Magallanes.pdf
Lo anterior implica que la evaluación ambiental de Mina Invierno de Minera Isla Riesco está absolutamente viciada, en tanto quienes han debido permanecer imparciales para acometer un análisis objetivo que resguarde los intereses públicos y de la comunidad, se encuentran comprometidos anticipadamente en la aprobación de la iniciativa.

Hemos hecho llegar a la Contraloría General de la República estas presentaciones, con el objeto sean tenidas como antecedente para emitir un pronunciamiento sobre el particular, al tiempo recurriremos de nulidad ante tribunales en caso que el proyecto sea aprobado.

A no olvidar que los orígenes de la tragedia se encuentran en la precariedad laboral

Necesitamos ampliar negociación colectiva y fiscalización

El drama de los 33 mineros se trata de un hecho que pudo no haber ocurrido si se respetaran las normas laborales y contáramos con una fiscalización adecuada sobre las medidas de seguridad e higiene en las faenas.
La satisfacción y orgullo que cunde en el país no deben hacernos olvidar el origen de esta tragedia ni alejarnos del imprescindible objetivo de impedir que hechos tan desgraciados vuelvan a ocurrir.
Cada día hay muchos otros hombres y mujeres que no tienen la suerte de ser rescatados y que quedan gravemente heridos o mueren en sus puestos de trabajo por causas enteramente evitables.
La lección que emerge de las profundidades de la mina San José es que muchas cosas deben cambiar en el ámbito laboral. En este caso, la de cambiar costumbres, prácticas, instituciones y, por cierto, normas, para proteger más al trabajador y evitar los abusos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica.
El desafío es avanzar en un mejoramiento e información de la legislación para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva e impulsar la denuncia de irregularidades reformulando la Dirección del Trabajo, otorgándole autonomía respecto del gobierno y dándole pluralismo a su gestión mediante un Consejo Directivo, junto con aumentar sus recursos asegurando procedimientos transparentes y eficaces.
Lo mismo debiera ocurrir con otros servicios cuya labor tiene incidencia directa en la seguridad e higiene de los espacios de trabajo, como Sernageomin, los Servicios de Salud, Directemar, entre otros.
Debemos avanzar hacia una nueva ética del quehacer productivo que impida que se minimicen costos arriesgando a los trabajadores por medio de un compromiso de todos, especialmente del gobierno, para mejorar la legislación laboral, la fiscalización y los estándares productivos existentes.

Hay que fortalecer la Dirección del Trabajo

Accidente minero debe servir como detonante para mejorar la fiscalización. Empresariado tiene que compatibilizar la obtención de utilidades con la protección de los trabajadores.

La situación que viven los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en las cercanías de Copiapó y que se prolonga ya por cuatro días, debe motivar una profunda revisión de los sistemas de fiscalización laboral existentes, especialmente respecto de algunas actividades en que se registran mayores incumplimientos, con graves riesgos para la seguridad de los trabajadores.

No es posible que un país que se precia de sus avances económicos y de la modernización de sus áreas productivas, tenga relaciones laborales y condiciones de trabajo vergonzosas para muchos chilenos, particularmente en sectores que se han caracterizado por registrar enormes utilidades en los últimos años. Es hora que algunos sectores del empresariado adviertan que no es posible seguir maximizando rentabilidad a costa de la vida y salud de los trabajadores.

En ese sentido, solicitaremos al Gobierno disponer de un fuerte incremento en el presupuesto de la Dirección del Trabajo, para el 2011, aumentando sustantivamente su dotación y equipamiento y mejorando su capacidad operativa. Para ello sugirió revertir la decisión de terminar con la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), repartición creada el año 2003 y que funcionaba al alero de la jefatura nacional para la fiscalización de áreas y empresas de relevancia, como la minería, respecto de la cual había desarrollado un importante labor en la aplicación de la ley de subcontratación.

No cabe duda que el reforzamiento de las instancias locales con personal y medios para llevar adelante su labor resulta clave para un adecuado control del cumplimiento de la legislación laboral, pero la naturaleza y alcance de muchas actividades productivas hace necesario contar con alguna unidad que pueda abordar la fiscalización de un modo más global, particularmente cuando se trata de sectores relevantes, como la minería, el retail o el trabajo agrícola de temporada.

La experiencia de diversos organismos fiscalizadores, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, demuestra que en muchas ocasiones una unidad territorial no logra tener suficiente fuerza ni medios para ejercer adecuadamente sus funciones, por lo que se requiere de alguna instancia con mayor capacidad operativa y respaldo institucional. Si las empresas fiscalizadas funcionan globalmente a nivel nacional, centralizando sus operaciones o unidas en asociaciones gremiales de ese carácter, actuar a través fiscalizadores dispersos y sin respaldo suficiente es un despropósito que dificulta los resultados.

La situación ocurrida en la Mina San José es una clara muestra de la necesidad de abordar la fiscalización de un modo más sistemático y enérgico, complementando la respuesta a denuncias concretas de los trabajadores con esfuerzos institucionales sostenidos y permanentes en actividades que presenten mayores y más riesgosos incumplimientos. Sabemos que el temor a perder el empleo y las dificultades en la organización de los trabajadores provoca que, en muchos casos, se haga difícil la denuncia, por lo que es imprescindible contar con un control de oficio eficaz y oportuno.

Junto con otros parlamentarios de la Concertación, plantearemos al Ministerio del Trabajo reforzar la Dirección del Trabajo, dotándola, en el presupuesto para el año 2011, de mayor personal y equipamiento, al tiempo en que insistiremos en la necesidad de conciliar el fortalecimiento de las Direcciones Regionales con la mantención de esfuerzos más globales, que persigan actuar preventivamente de un modo nacional y coordinado en algunas materias, para lo cual la Unidad Inspectiva Programada de Oficio resultaba relevante.