Deben investigarse accidentes fatales ocurridos en ENAP

Gobierno debe cumplir con legislación comprometida tras accidente en Mina San José.

Un segundo accidente fatal, en casi una semana, enluta a la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes. Este sábado perdió la vida Manuel Onofre Alvarado Serón, de 45 años, quien recibió una descarga eléctrica en el Bloque Dorado Riquelme. El viernes de la semana recién anterior había fallecido René Dobson Mancilla, de 58 años, mientras realizaba faenas de limpieza, cerca de Posesión.

Junto con expresar las condolencias a los familiares de las víctimas, lamentando estos dolorosos acontecimientos; es necesario demandar una acuciosa investigación de los hechos y exigir a la empresa reforzar las medidas de seguridad.

Dos accidentes fatales en tan corto tiempo, sin duda, deben llamar la atención sobre el cumplimiento de los procedimientos y protocolos y, muy especialmente, respecto de la inversión para asegurar la vida e integridad de los funcionarios, como lo ha demandado el sindicato de trabajadores.

Además, es imprescindible reforzar la legislación en materia de seguridad laboral. Tras el accidente de la Mina San José hubo un amplio consenso nacional y promesas del Ejecutivo de mejorar la normativa en la materia. Los proyectos de ley se retrasaron más de lo conveniente y hoy, a más de un año del rescate de los 33 mineros, sólo tenemos dos propuestas legales del Gobierno en el Parlamento, una que modifica la estructura de la Superintendencia y otra que reforma la institucionalidad en materia de seguridad minera.

Sin embargo, no hay iniciativa alguna de la actual administración para agravar las sanciones por infracciones a las normas sobre seguridad y sigue pendiente la necesaria reforma de las mutuales. Por el contrario, se han producido numerosos despidos en la Dirección del Trabajo y se cerró la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO), a comienzos de la actual administración, lo que implica un claro debilitamiento de la fiscalización.

Necesitamos que los discursos del presidente Sebastián Piñera y sus Ministros, durante las faenas de rescate en Atacama, se traduzcan en modificaciones concretas que avancen en la prevención y, al mismo tiempo, fortalezcan la fiscalización y sancionen drásticamente los abusos empresariales para evitar que más trabajadores sigan perdiendo la vida producto de fallas en la seguridad.

A no olvidar que los orígenes de la tragedia se encuentran en la precariedad laboral

Necesitamos ampliar negociación colectiva y fiscalización

El drama de los 33 mineros se trata de un hecho que pudo no haber ocurrido si se respetaran las normas laborales y contáramos con una fiscalización adecuada sobre las medidas de seguridad e higiene en las faenas.
La satisfacción y orgullo que cunde en el país no deben hacernos olvidar el origen de esta tragedia ni alejarnos del imprescindible objetivo de impedir que hechos tan desgraciados vuelvan a ocurrir.
Cada día hay muchos otros hombres y mujeres que no tienen la suerte de ser rescatados y que quedan gravemente heridos o mueren en sus puestos de trabajo por causas enteramente evitables.
La lección que emerge de las profundidades de la mina San José es que muchas cosas deben cambiar en el ámbito laboral. En este caso, la de cambiar costumbres, prácticas, instituciones y, por cierto, normas, para proteger más al trabajador y evitar los abusos que pongan en riesgo su integridad física y psíquica.
El desafío es avanzar en un mejoramiento e información de la legislación para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva e impulsar la denuncia de irregularidades reformulando la Dirección del Trabajo, otorgándole autonomía respecto del gobierno y dándole pluralismo a su gestión mediante un Consejo Directivo, junto con aumentar sus recursos asegurando procedimientos transparentes y eficaces.
Lo mismo debiera ocurrir con otros servicios cuya labor tiene incidencia directa en la seguridad e higiene de los espacios de trabajo, como Sernageomin, los Servicios de Salud, Directemar, entre otros.
Debemos avanzar hacia una nueva ética del quehacer productivo que impida que se minimicen costos arriesgando a los trabajadores por medio de un compromiso de todos, especialmente del gobierno, para mejorar la legislación laboral, la fiscalización y los estándares productivos existentes.