Debemos fortalecer los derechos de los pasajeros de aerolíneas

Pedí a SERNAC apoyo para agilizar iniciativa legal que se tramita en la Cámara de Diputados.

Me reuní con el Director del SERNAC, Juan Antonio Peribonio, para solicitarle apoyo para impulsar el proyecto de ley que mejora la normativa vigente en materia de derechos de los pasajeros aéreos. La iniciativa que he promovido ya fue visada por el Senado y se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. 

Hice ver el retraso del Código Aeronáutico sobre la materia y la urgente necesidad de actualizarlo a la luz de las nuevas condiciones en que se desarrolla esta modalidad de transporte. 

Tenemos una regulación que data de hace varias décadas en circunstancias que el trasporte aéreo ha evolucionado profundamente; se ha masificado, han cambiado las formas de comercializar los boletos y se ha modificado la normativa en muchos países para fortalecer la protección a los usuarios.

Las principales innovaciones que propone el proyecto son el fortalecimiento de la transparencia e información a los usuarios en la venta de los pasajes, la determinación de indemnizaciones en caso de suspensión o retardo de los vuelos y la simplificación de los procedimientos aplicables en caso de infracciones a los derechos de los pasajeros. 

Es especialmente importante  fortalecer las compensaciones a los pasajeros. En ese sentido, la iniciativa propone un sistema de multas preestablecidas con montos fijos que dependerían de la duración del vuelo y las horas de retardo, tal como existe en Europa. El proyecto precisa, además, que estas indemnizaciones no obstan a que los afectados puedan acreditar perjuicios mayores, como ocurre cuando se pierden programas de turismo o reservas hoteleras. 

El director del SERNAC valoró la propuesta  y comprometió su apoyo a su tramitación, recordando que el servicio ha estado atento a las denuncias del público en materia de transporte aéreo y ha aplicado, recientemente, multas a diversas aerolíneas por infracciones a la normativa.

Debe permitirse análisis profundo de indicaciones a la ley de pesca

Presenté más de 130 propuestas que apuntan a fortalecer pesca artesanal, limitar duración de las cuotas, frenar concentración en la industria y fortalecer  institucionalidad. 

Voté en contra de la actual ley de pesca el 2002 y he sido uno de los más firmes críticos a la renovación del sistema de cuotas que impulsa el Gobierno y que está en una etapa decisiva en el Senado.

El pasado lunes venció el plazo para presentar indicaciones. Suscribí más de 130 de las cerca de 700 observaciones ingresadas. 

Espero que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Cámara Alta pueda analizarlas con seriedad y sin prisa. Sería muy inconveniente que el Ejecutivo impusiera una urgencia excesiva que no permitiera el estudio profundo que se requiere. En la Cámara de Diputados esta etapa de revisión de indicaciones duró varias semanas. 

En las indicaciones he patrocinado, muchas de ellas con otros senadores de la oposición, se abordan las materias más conflictivas del proyecto.

En primer término, creo imprescindible favorecer al sector artesanal. Para ello hemos propuesto resguardar las cinco millas de acceso protegido; establecer el control de esfuerzo como alternativa de administración, eliminar el pago de la patente, declarar diversas pesquerías, tales como la sardina, anchoveta y merluza como exclusivamente artesanales, prohibir el arrastre y asegurar el acceso a pesquerías incipientes y en recuperación. 

Respecto del sistema de cuotas por armador, insisto en mi oposición a su prórroga. Creo que ha sido un fracaso por lo que votaré en contra de la reposición de los artículos referidos a las licencias transables que se rechazaron en la Cámara de Diputados, por falta de quórum. Sin perjuicio de ello, para el caso de que éstas sean repuestas por el Gobierno, hemos  propuesto, a través de indicaciones, limitar su duración a 10 años. No es posible sostener la existencia de cuotas a perpetuidad o con una duración excesiva que en el fondo equivale a ceder a privados bienes de todos los chilenos. 

Reafirmamos, también, la importancia de establecer  un estatuto jurídico de los recursos pesqueros. Nos parece que es imprescindible dejar plenamente claro que éstos pertenecen a todos los chilenos y que los particulares sólo son autorizados a extraerlos por una declaración graciosa del Estado, que puede concluir en cualquier minuto si así lo exige el interés público. 

Nos preocupa, además,  evitar la concentración de la industria. Creemos que la acumulación de la propiedad de fracciones muy relevantes de las pesquerías en manos de algunos operadores es nociva. Proponemos prohibir que una misma empresa disponga más de un 15% de las cuotas de una determinada especie. 

Fortalecer la institucionalidad pesquera, es también una urgente necesidad. Parte importante de la crisis que vive la pesca se debe a que contamos con una investigación y fiscalización con insuficiente presupuesto para el rol de la actividad en la economía nacional. En este ámbito, se formularon indicaciones para establecer aportes basales fijos y líneas investigativas permanentes para el Instituto de Fomento Pesquero, al tiempo de plantearse un reencasillamiento del personal del SERNAPESCA y un rediseño de las sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad. 

Por último, incorporamos indicaciones tendientes al resguardo de los pueblos originarios, para los cuales se pide un acceso garantizado a los recursos y el apoyo social para los trabajadores desplazados de la industria.

Nuevamente en contra de una ley de pesca hecha a la medida

Presentaremos indicaciones para mejorar fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, limitar la duración de las cuotas, frenar la concentración en la industria y fortalecer institucionalidad pesquera.

 

Las modificaciones a la Ley de Pesca sorteron este miércoles su primer escollo en la Cámara Alta. Fuí uno de los votos en contra. 

 

En mi caso, mi posición de rechazo al sistema de cuotas por armador ha sido permanente. El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas. La historia nos dio la razón. 

Diez años después, la captura del jurel, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año lo que, a su juicio, representa un fracaso del actual mecanismo de asignación de los recursos. 

Lamentablemente, el Gobierno insiste en el mismo sistema que ha llevado a la pesca a una situación general de deterioro. Tras esta decisión está la intención de mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos los chilenos hasta casi extinguirlos.

Hay muchas razones para oponerse. entre ellas, la falta de soluciones para la pesca artesanal, la concentración y falta de competencia en la actividad industrial, las debilidades de la actual institucionalidad pesquera y la insuficiente protección de los pueblos originarios.

Respecto de la pesca artesanal, el proyecto no representa avances para este sector. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente, no se protegen los caladeros históricos ni se frena decididamente el arrastre.

En cuanto al sistema de cuotas, otorgarlas indefinidas o por 25 años prorrogables es un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por cuanto el estado en que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación periódica de sus resultados.

Faltan, asimismo, respuestas respecto a las modificaciones a la institucionalidad pesquera. No se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente ni se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. En este sentido requerimos aportes basales fijos para el Instituto de Fomento Pesquero, líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado, como también un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.

Por último, no se consideró el parecer de los pueblos originarios, muchos de los cuales, como las etnias australes, han explotado ancestralmente los recursos del mar. Debe darse cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. 

Presentaremos indicaciones para asegurar un estatuto público para los recursos pesqueros, mejorar el fraccionamiento a favor de la pesca artesanal, acotar el plazo de las cuotas, frenar la concentración, fortalecer la institucionalidad y establecer una plataforma social para los trabajadores.

Avanza proyecto que corrige exclusiones en pago de bono post-laboral

Iniciativa recoge solución que le propuse al Gobierno

A terminar su tramitación a la Cámara de Diputados fue enviado el proyecto de ley que modifica la ley 20.305 y que permitirá el pago del bono post-laboral a muchos ex funcionarios de servicios públicos y profesores que fueron injustamente excluidos. 

Con esta iniciativa el Gobierno recogió la inquietud que le hiciera presente hace ya varios meses, advirtiendo la injusta situación que enfrentaban muchos ex trabajadores que fueron privados de acceder a esta compensación.

Tras conocer este problema oficié a los Ministros del Trabajo y de Hacienda, a quienes expuse el problema e hice llegar una propuesta de solución, lo que fue acogido, enviándose este proyecto al Parlamento.

El texto persigue solucionar distintas falencias de la ley. El más frecuente es el que enfrentaban cientos de profesores, quienes fueron mal informados por las respectivas Corporaciones Municipales, renunciando a sus cargos antes de solicitar el bono, lo que fue revisado por la Contraloría, suspendiéndose los pagos. Ellos tendrán un nuevo plazo para postular al bono.

Se corrige, también, la situación de funcionarios que presentaron oportunamente sus postulaciones al bono post-laboral, pero éstas no fueron cursadas por los servicios respectivos. Se dispone, en este aspecto, que en el futuro situaciones como ésta generarán responsabilidad administrativa para los jefes de servicio que incurran en este tipo de negligencias.

El proyecto supera también las divergencias existentes entre los plazos de postulación que fija la ley 20.305 y los que se establecen en leyes especiales vigentes para diversos gremios. En ese caso priman los plazos especiales, lo que favorece, entre otros a los funcionarios de las universidades del Estado.

Por último, se contiene una norma especial para los profesionales de la educación que hayan sido o sean beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario de la ley N° 20.501, quienes tendrán un plazo especial de 90 días para postular al bono establecido en la ley N° 20.305.

Me parece muy importante el avance de este proyecto, que debería quedar aprobado en los próximos días. Afortunadamente, se  acogió la solución que le propuse al Ejecutivo y podemos restituir este bono largamente esperado por miles de funcionarios públicos, que ayuda a mejorar mínimamente sus deficitarias pensiones derivadas de la subcotización que el Fisco realizó por tantos años.

Necesitamos reservar gas para uso domiciliario.

Debemos legislar para destinar reservas a los hogares magallánicos.

Es muy preocupante la incertidumbre existente en torno a las reservas de gas para uso domiciliario en nuestra región. Persisten versiones respecto que las reservas existentes sólo servirían para unos pocos años.

En esas condiciones, es imprescindible destinar el gas existente para el consumo residencial, mientras puedan buscarse nuevos pozos que resulten exitosos comercialmente o se desarrollen fuentes de energía alternativas. La prioridad es, sin duda, el gas para consumo domiciliario.

Hace varios meses, presenté un proyecto de ley que sólo permite a los productores públicos y privados de gas natural en la Región de Magallanes comercializar este insumo a particulares si se encuentra asegurado el abastecimiento residencial por un lapso no inferior a siete años, considerando para dicho cálculo, el promedio utilizado en los tres años precedentes y la estimación de incremento de la demanda.

La iniciativa reproduce, en ese sentido, disposiciones similares existentes tanto en Argentina como en Perú. Ante el riesgo de una situación tan grave como la que significaría el desabastecimiento de gas para los hogares de Magallanes deben adoptarse medidas radicales y urgentes que prioricen a la población.

Llamó al Gobierno abandonar dogmas sus de libre mercado y asumir que esta es una situación grave que requiere acciones excepcionales.

Pediré a la Senadora Isabel Allende, Presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, poner en discusión la iniciativa.

Del mismo modo, insisto en la necesidad de potenciar el rol de ENAP en la exploración de gas en la zona, pero también en el análisis de otras fuentes energéticas. Hace años que vengo insistiendo en la necesidad de transformar ENAP en una Empresa Nacional de Energía, lo que permitiría estudiar las oportunidades existentes para energías alternativas, como la eólica o mareomotriz, al tiempo de incrementar su rol en la exploración de hidrocarburos.