Señor Presidente, Honorables Colegas:
El proyecto de modificación a ley de pesca, que se tramita, contiene disposiciones que afectan muy gravemente a los pescadores y a los recursos del mar. Es muy importante, por ello, clarificar que es lo que está en juego y tratar de hacerlo entendible para todos.
Como los pescadores recuerdan, hace no tantas décadas en Chile había un régimen de pesca libre; los recursos abundaban y quién quisiera pescar podía hacerlo.
La explotación intensiva empezó a agotarlos. Ello obligó establecer, en los ’90, la denominada cuota global, o sea un máximo anual por especie, que se divide en dos partes, una artesanal y otra industrial.
¿Qué ocurrió? Que cada operador industrial salía a capturar todo lo que pudiera en el menor tiempo. A eso se le llamó carrera olímpica y llevaba a una sobreexplotación de las pesquerías, implicaba a las empresas aumentar su flota y producía inestabilidad en el empleo.
El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso un nuevo sistema: dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Se pensó que si cada cual tenía asegurada su porción no necesitaría salir a pescarla tan rápido. Se dosificaría entonces el esfuerzo, las industrias ahorrarían dinero y el empleo sería más estable. Se probó el sistema por dos años. Luego, el 2002 se planteó extenderlo por diez más.
Quienes estábamos en el Parlamento recordamos que en dicha ocasión se expuso este sistema como la salvación de la pesca. Se llenaron las tribunas y las calles cercanas con trabajadores de la industria para señalar que de no aprobarse las pesquerías y la actividad colapsarían.
Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas.
La historia nos dio la razón.
Diez años después la captura del jurel, por ejemplo, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año.
La actividad en general está deteriorada y la carrera olímpica regresó. Y regresó por la sencilla razón que hay más peces en las resoluciones de la Subpesca que en el mar. Entonces, hay que salir a capturar lo que se pueda antes que se agote.
Sin embargo, ahora que el mecanismo va a terminar, el Gobierno propone extenderlo. Ya no por una década sino indefinidamente, aunque ahora se señala que serían 25 años prorrogables.
¿Por qué continuar con un sistema que claramente fracasó?
Hay un paciente moribundo y el equipo médico propone aplicar una mayor dosis de la misma medicina que lo está llevando a la muerte. Eso es esta ley de pesca. Todo por mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos hasta casi extinguirlos.
Se trata de un grave error por diversas razones.
Primero, porque no representa avances para la pesca artesanal. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente. No se protegen los caladeros históricos ni se frena claramente el arrastre. Tampoco hay respuestas sobre las pesquerías finas.
Segundo, porque tampoco hay avances sustantivos sobre el estatuto de los tripulantes de embarcaciones artesanales ni se contempla una plataforma social suficiente para los desplazados de la industria. Seguimos con este Fondo que no contiene beneficios claros y donde muchas compensaciones quedan al arbitrio del Gobierno de turno.
Tercero, porque no se asegura un estatuto jurídico para los recursos pesqueros. Las pesquerías son de todos los chilenos y se habilita a pescarlas en base a un sistema de autorizaciones y permisos que son esencialmente temporales y revocables, según los intereses del país. Eso debe quedar meridianamente claro.
Cuarto, porque se insiste en este sistema de cuotas, a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que llevaron al colapso de las pesquerías. Las cuotas indefinidas o los 25 años prorrogables son un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Un nuevo error será el fin de la pesca en Chile.
Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por la sencilla razón que en el estado que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación de sus resultados.
Quinto, porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad. Este mecanismo no es sostenible. No puede ser que haya empresas que concentren más del 50% de una pesquería y no se haga nada.
Lo más curioso es que los mismos que siempre nos hablan de la competencia y del libre mercado, ahora se dan una vuelta de carnero, digna de medalla de oro, para argumentar a favor de la concentración y las economías a escala.
Sexto, porque se entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a las utilidades obtenidas.
Séptimo, porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la presión de los interesados y la incidencia del Gobierno de turno. Si queremos realmente sustentabilidad y rol de la ciencia forjemos una institucionalidad completamente aislada del Gobierno de turno que entregue una propuesta que deba ser asumida por el Ejecutivo.
Octavo, porque no se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente. Deben haber aportes basales fijos para el IFOP y líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado.
Noveno, porque no se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. Sabemos que muchas empresas pagan las multas y siguen depredando nuestros mares obteniendo beneficios ilegítimos. Eso no puede seguir. Requerimos un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
Décimo, porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar. Tampoco se ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT. Nadie puede pretender que un par de audiencias de la Comisión de Pesca sean el marco adecuado para expresar una opinión fundada sobre un tema tan relevante. Así las cosas el proyecto queda expuesto a los tribunales nacionales e internacionales.
Señor Presidente, estimados colegas, como lo señalaron diversas organizaciones que escuchamos en la zona austral con la Comisión de Pesca, este proyecto sólo sirve a unos pocos, perjudica al sector artesanal y pone en riesgo el patrimonio nacional. Por eso votaré en contra.
Sin embargo, no soy un irresponsable que quiera volver a la carrera olímpica, hacer colapsar la industria y las fuentes de empleo o generar inestabilidad sin soluciones. Junto a algunos senadores hemos propuesto una fórmula intermedia, que es prorrogar por dos años el actual sistema a la espera de que nos demos un tiempo prudente para analizar una nueva ley que asegure efectivamente la sustentabilidad, que contenga un reforzamiento institucionalidad adecuado, que compatibilice los intereses de todos los sectores y que resguarde a los pueblos originarios.
Estoy cierto que podemos hacerlo si contamos con el tiempo necesario.
He dicho.
