El lucro previsional al descubierto.

Licitación de nuevos cotizantes demuestra cobros excesivos de las AFP por más de 6.000 millones de dólares. Sistema requiere cambios profundos.

"No hay peor astilla que la del mismo palo", dice un refrán popular, refiriéndose a que muchas veces el peor enemigo de una persona o de un grupo de ellas es quien, por conocerles, sabe, también, de sus debilidades.  Eso es lo que está ocurriendo con las administradoras de pensiones, AFP.

La reforma previsional, impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, se propuso, entre diversos objetivos, disminuir los costos de administración, particularmente para los nuevos afiliados, a través de una licitación bianual, en que el mejor oferente se queda con la cartera de nuevos cotizantes.

Surgió, en ese proceso, una AFP nueva, que se ha adjudicado la licitación las dos veces en que ha ocurrido. Lo inquietante - y doloroso para los viejos cotizantes y creo que también para la industria - es que la oferta realizada por esta nueva administradora en esta última licitación fue de un 0.77% de la renta imponible mensual.

Ello significa una enorme brecha con el esquema de costos actuales, donde la cotización promedio bordea el 1.4% de la remuneración imponible, en tanto la AFP más cara, Planvital, se ubica en 2.36%.

Las AFP han sido desnudadas por su propia competencia. Estas cifras demuestran el enorme lucro obtenido en 30 años y deben llevar a una profunda revisión del sistema previsional y, particularmente, del esquema de comisiones. Éste ha sido cuestionado en diversos estudios, como el del Fondo Monetario Internacional, en Agosto pasado, que advirtió sobre la inconveniencia de mantener cobros por los depósitos, tras tres décadas de funcionamiento.

La diferencia puede llegar a ser demasiado grande con un profundo impacto en las futuras pensiones. Un ahorro de $ 100.000 anuales, como el que se produce para una cotización por un sueldo de $ 500.000, entre lo ofrecido por AFP Modelo, respecto de la AFP más cara, significaría diferencias cuantiosas en el monto de la jubilación que se obtendría. Tomando las mismas cifras que se utilizan para promocionar el ahorro voluntario, obtener un ahorro adicional de $ 100.000 anuales, desde los 25 años, debiera incrementar la pensión en unos $ 130.000 mensuales; siendo las diferencias mucho más cuantiosas en el caso del cotizante que se encuentra en el tope de la remuneración imponible. 

Respecto de un afiliado que tenga la renta promedio, de $ 323.000, la diferencia entre la AFP de menor costo y el promedio del sistema rondará los $ 25.000 anuales, lo que de todas formas tiene un impacto importante en la pensión futura, considerando el bajo nivel de las jubilaciones. Alcanzaría aproximadamente un 10% de la futura pensión.

Las actuales comisiones, que se vienen cobrando por casi 30 años, son parte importante del fracaso del actual sistema previsional, pues han significado una ganancia excesiva para las administradoras, disminuyendo brutalmente las posibilidades de los afiliados de obtener pensiones dignas. Ello demuestra, además, la escasa competencia que existe en este mercado.

Los cobros por concepto de comisiones de administración, en los 30 años del sistema, alcanzan unos 6 billones de pesos.  Si suponemos, según lo que refleja la licitación de cartera de nuevos afiliados, que la mitad de ello pudo ahorrarse, o sea, unos 3 billones de pesos, tenemos que el lucro excesivo obtenido por las AFP en estas tres décadas alcanza unos 6 mil millones de dólares, cifra que, unida al aporte estatal al pilar solidario, permitiría sustentar un mecanismo de pensiones más solidario.

Requerimos, por tanto, de cambios profundos en el sistema de pensiones, como introducir la posibilidad de mecanismos más solidarios de ahorro y, aún más urgente, es impostergable reducir el nivel de comisiones que se están cobrando, como lo he solicitado al Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los niveles de comisiones ofrecidos, demuestran que hay márgenes relevantes de rebaja de costos y si éstos no se han producido naturalmente, deberán ser disminuidos por la vía legal.

Virtual quiebre en conversaciones entre Gobierno y oposición sobre multirut

Cualquier cambio pasa por modificación del concepto de empresa. Rechazamos creación de panel de expertos.

El diario La Tercera ha informado, en su edición de este domingo, que el Gobierno tendría afinada la fórmula que enviará al Parlamento, respecto del multirut, citando a la propia Ministra Evelyn Matthei para explicar el mecanismo. Lo anterior, ha resultado sorprendente, pues hasta hace algunos días equipos técnicos del Ejecutivo y la oposición buscaban un acuerdo sobre la materia, que permitiera avanzar en un tema de gran relevancia para los trabajadores.

Hay un consenso en que existe una práctica abusiva, con la proliferación de razones sociales y que esto tiene un impacto muy negativo en el cumplimiento de obligaciones laborales como gratificaciones y salas cunas, afectando, además, la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros aspectos. 

Sin embargo, cuando se buscaba definir las posiciones de cada parte para buscar acuerdos, hemos sido notificados por la prensa que el Ejecutivo dispone ya de un texto, que sería enviado al Parlamento en marzo y que, al parecer, no considera continuar con las tratativas con la oposición. 

Lamentamos, profundamente, este modo de actuar, pues creemos que si existía disposición del Gobierno a cumplir con este compromiso de su programa electoral, sin ambigüedades, podíamos avanzar, como de hecho había ocurrido en determinados momentos, tanto con la ex Ministra Merino, como con la actual Ministra Matthei, pero, en cambio, hemos sido notificados por la prensa que el Ejecutivo habría desechado el diálogo y la posibilidad de un entendimiento.

Esperamos un pronunciamiento concreto y formal del Ministerio del Trabajo respecto de las negociaciones en curso, pero desde ya debemos señalar que la fórmula que anticipó la Ministra Evelyn Matthei no resulta satisfactoria para la Concertación. 

Los puntos en discusión son fundamentalmente dos. Estamos, en primer término, por cambiar o eliminar el concepto de empresa, pues entendemos que ahí está el nudo del problema, si ello no queda bien resuelto no se logrará el resultado esperado, por ejemplo, en términos de extender la negociación colectiva.

En segundo lugar, rechazamos crear un panel de expertos como fórmula de resolución de conflictos. Es un planteamiento que ha surgido de instancias académicas y de asesoría política, como también de gremios empresariales que tienen desconfianza de la judicatura laboral, nosotros, en cambio, creemos que si hay dudas o conflictos, ellos deben ser resueltos por la Dirección del Trabajo y los Tribunales, los que podrán tener equipos técnicos de apoyo, pero no corresponde establecer organismos paralelos.

En caso de confirmarse el quiebre del diálogo, la Concertación presentará sus propias indicaciones al texto los primeros días de marzo, con el objeto que el proyecto sea despachado por la Comisión de Trabajo y analizado en la Sala del Senado.

Comisión del Senado apoyó solicitar creación de comuna en Puerto Edén

Localidad es el punto más cercano a los Campos de Hielo Sur

La comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta acordó solicitar al Ejecutivo la creación de la comuna de Juan Ladrillero, con asiento en la localidad de Puerto Edén. La instancia legislativa sesionó durante los últimos días en Magallanes, contándose, además de los senadores por dicha región, quien escribe y Carlos Bianchi (Ind) con la presencia de los senadores Víctor Pérez Varela (UDI), Andrés Zaldívar (DC) y Hosaín Sabag (DC), los que se reunieron con diversas autoridades locales y organizaciones sociales.

En la ocasión, sostuve la necesidad de abordar de forma más decidida la regionalización del país, advirtiendo los problemas que enfrentan particularmente las regiones extremas a consecuencia de resoluciones impuestas desde la capital, abogando, en su lugar, por acercar las decisiones a la gente.

En esta línea, insistí en el imperativo de contar con Intendentes elegidos democráticamente, lo que les daría un mayor respaldo para hacer ver las necesidades de los habitantes de sus regiones ante las autoridades centrales, al tiempo que requerí una acción más decidida para traspasar competencias a los gobiernos locales, coincidiendo en ello con lo planteado por los consejeros regionales.

Recalque la necesidad de fortalecer la soberanía nacional en zonas apartadas, reflotando el viejo anhelo de la creación de la comuna de Juan Ladrillero, con sede en Puerto Edén, remota localidad ubicada al norte de la provincia de Última Esperanza. La creación de esta comuna encuentra fundamentos sólidos especialmente en atención a orientaciones geopolíticas, atendido que se trata de la única localidad poblada en una vasta zona, cercana al Campo de Hielo Patagónico Sur. Además, el emplazamiento de una nueva unidad administrativa encontraría justificación en la existencia en el lugar de la comunidad kawesqar, etnia originaria de los canales australes.

La solicitud fue apoyada en forma unánime por la comisión, la que acordó requerir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional el estudio de esta materia. La instancia sostuvo que más allá de criterios económicos, políticos o poblacionales, acá hay argumentos y criterios a nivel país, que justifican plenamente la conformación de una nueva comuna.

En Puerto Edén y en el vecino campamento minero de Guarello residen unos 300 habitantes, los que enfrentan habitualmente problemas de abastecimiento de insumos básicos a consecuencia de su aislamiento, al tiempo de dificultársele el acceso a servicios básicos y trámites administrativos.

Debemos terminar con el monopolio de las AFP

¿Por qué los chilenos pueden elegir en telefonía y no en la previsión?

Resulta urgente incorporar modalidades alternativas al actual sistema de pensiones, fracasado y poco eficiente. No se entiende como las autoridades y expertos económicos que han promovido con gran entusiasmo la libertad en materia de telecomunicaciones, señalando que ella fortalece la competencia y mejorará los derechos y condiciones de contratación, insisten en eludir la misma discusión en materia previsional.

Permanece entre nosotros un único campo en que no hay opción alguna, una exclusiva área en que los chilenos estamos obligados a participar aunque no queramos y dónde no hay alternativa de ningún tipo: la previsión.

Según la legislación, todos los trabajadores deben aportar parte de sus remuneraciones como ahorro, pudiendo tomar decisiones accesorias, como seleccionar el tipo de fondo en el que se invertirán las imposiciones o cambiar de administrador, pero sin poder elegir entre un prestador privado o uno público, como ocurre en la salud o entre formas diversas de inversión.

Un puñado de AFP mantienen cautivos a unos 10 millones de cotizantes que ven mes a mes como sus ahorros son mal administrados y, aún así, se les cobra por la gestión, incluso cuando la rentabilidad sea negativa, esquema que ha sido cuestionado hasta por el Fondo Monetario Internacional.

Es entonces, indispensable estudiar cambios profundos al régimen vigente. El sistema previsional chileno, a 30 años de su creación no ha cumplido sus promesas, debe ser revisado en profundidad y reformado. Dichas enmiendas deben apuntar a establecer una alternativa estatal solidaria para quienes lo deseen. No es posible seguir pensando que los riesgos pueden ser cubiertos de un modo individual.

Además, quienes deseen perseverar en la capitalización individual, debieran disponer de opciones alternativas de ahorro obligatorio, gestionados por otros actores, con grados similares de solvencia y regulación. En esta materia es imperioso, también, terminar con el esquema de comisiones vinculadas. No es posible que este sea un negocio de rentabilidades aseguradas, donde los costos están cubiertos mediante comisiones. Las ganancias de las AFP deben tener como condición la obtención de rentabilidad.

Esperamos abordadar estos temas durante el año venidero en la Cámara Alta, donde hemos pedido realizar un balance del sistema previsional. Asimismo, queremos iniciar el debate sobre las diversas proposiciones parlamentarias de reforma constitucional que persiguen la creación de sistemas alternativos.

Magallanes necesita intendentes elegidos y un Gobierno Regional con más atribuciones.

Decisiones como la pavimentación de rutas en Tierra del Fuego demuestran que centralismo afecta especialmente a zonas extremas.

La Comisión de Gobierno Interior, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, visitará Magallanes. La gira será una oportunidad muy valiosa para que los senadores encargados de la tramitación particular de los proyectos referidos a la división administrativa del país, puedan percibir la necesidad de contar con autoridades investidas de mayor reconocimiento ciudadano y avanzar, además, en traspasar en forma más decidida competencias del gobierno central a las regiones.

Es especialmente relevante la elección de los Intendentes Regionales, modificación que otorgaría a dichas autoridades de la autonomía suficiente para hacer ver la voz de sus regiones frente al Ejecutivo. 

Las regiones, especialmente, aquéllas ubicadas en zonas alejadas como Magallanes, necesitan autoridades que cuenten con respaldo popular que les permita hacer ver con fuerza los intereses locales. La crisis vivida con el alza del gas nos mostró en forma clara la contradicción entre las demandas ciudadanas y la Intendenta y el Gabinete Regional, que se limitaban a retransmitir el parecer del Ejecutivo.

La actual división administrativa del país no es obstáculo para avanzar en una mayor autonomía de las regiones, pues es perfectamente posible mantener la coordinación de los servicios nacionales a través de las Gobernaciones y traspasar funciones hacia servicios administrados y gestionados regionalmente, a cargo del Intendente. Si hoy el Gobierno central debe coordinarse y trabajar conjuntamente con municipios de signo opuesto, no veo razón para que ello no pueda ocurrir en el caso de las regiones.

En cambio, crear la figura de Presidente del Consejo Regional, como contrapeso electo al Intendente, sólo generará conflictos. Tendremos una especie de Intendente en la sombra que sólo dificultará su labor, buscando su propio protagonismo, sin constituir un real avance en la entrega de atribuciones a las regiones.

Requerimos, además, mayores atribuciones para decidir respecto de inversiones y solucionar problemas locales. Se percibe aún una cuota muy importante de centralismo que entre nosotros se aprecia a cada rato, como se demuestra en la pavimentación de las rutas en Tierra del Fuego.

Allí tenemos un criterio nacional que privilegia la ruta comercial con Argentina, pero que desatiende los intereses de los habitantes de la isla, los que viven y sufren el aislamiento, día a día y que preferirían el trazado costero entre Manantiales y Porvenir.