Debemos fortalecer derechos de pasajeros de aerolíneas.

Actual normativa es deficiente y retrasada. Hace 8 años presenté moción que refuerza información y compensaciones a los usuarios.
 

Los inconvenientes vividos por decenas de usuarios de LAN que reportaron severos problemas en el embarque durante Fiestas Patrias y que ha motivado una investigación por parte del SERNAC, demuestra la urgencia de mejorar la normativa sobre protección a los pasajeros del transporte aéreo.

 

Presenté el año 2004, la primera iniciativa legislativa sobre la materia, moción que fue reactivada el 2006 y que tras ser aprobada en el Senado se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Ella modernizaría la actual regulación que es deficiente y se encuentra absolutamente retrasada, pues no considera los mejoramientos y avances que se han hecho a nivel internacional para fortalecer los derechos de los pasajeros.

 

Tenemos un Código Aeronáutico del siglo pasado que no es claro y que reconoce a los usuarios menos derechos que los que existen en Europa y otras naciones, posibilitando abusos y arbitrariedades.

La diferencia en la normativa aplicable motiva, por ejemplo, que la principal aerolínea del país tenga un estándar de compensaciones para sus vuelos con destino u origen en el viejo continente y otro distinto para los itinerarios locales.

El proyecto de ley que se encuentra en tramitación modifica el Código Aeronáutico en materia de transparencia en la venta de pasajes al tiempo que actualiza la normativa en lo referido a indemnizaciones por cancelaciones y suspensiones de vuelos y denegación de embarque.

Respecto de la oferta de pasajes, se dispone que deberá informarse claramente al comprador de las restricciones de los tickets, las que deberán constar por escrito en el boleto, lo mismo que los principales derechos del usuario. Asimismo, establece montos de compensaciones fijas, automáticas e inmediatas en caso de cancelación o suspensión de los vuelos, al tiempo que señala claramente los derechos que asisten al pasajero en materia de comunicaciones telefónicas, alimentación, alojamiento y movilización entre éste y el aeropuerto.

Hoy las compensaciones quedan entregadas a lo que pacte la aerolínea con el usuario, con algunos topes, en circunstancias que a nivel internacional se han fijado montos mínimos, precisos y preestablecidos, según la extensión de los viajes, las que, además, deben entregarse en el mismo momento. Asimismo debe clarificarse que tales indemnizaciones son exclusivamente referenciales pudiendo los pasajeros instar por sumas mayores en caso que se comprueben perjuicios adicionales, tales como pérdidas de paquetes turísticos o reservas hoteleras.

Senador Pedro Muñoz (PS) pide a Gobierno definirse sobre sistema de Alta Dirección Pública

A su juicio, despido masivo de Directores Regionales del FOSIS deslegitimaría gravemente este mecanismo.

El Senador Pedro Muñoz (PS), Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, lamentó la situación producida en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, tras la renuncia de su Director Nacional, Juan Pablo Coloma, por discrepancias con el Ministro de Planificación, Felipe Kast, luego que éste le pidiera cursar la renuncia a los quince Directores Regionales de la entidad con el propósito de llamar a un nuevo concurso en el que, según trascendidos, deberían postular personas más afines al Gobierno y que hubieran estado ajenas al servicio público en los últimos años.

Para el Senador socialista lo ocurrido es “muy grave” porque “representa el primer cuestionamiento integral al Sistema de Alta Dirección Pública, que rige los nombramientos de buena parte de los cargos más relevantes del aparato estatal”. Recordó que éste surgió fruto de un acuerdo entre el Gobierno del Presidente Lagos y la oposición de la época y perseguía restar paulatinamente incidencia política en las autoridades de nivel intermedio, privilegiando la competencia y capacidad profesional.

Explicó que el sistema cuenta con sistemas de selección, control de gestión y cumplimiento de metas, aunque mantiene el carácter de exclusiva confianza de los cargos y, por tanto, conserva la posibilidad de que el superior jerárquico pueda pedirles la renuncia a los funcionarios elegidos por concurso, contemplando una indemnización para el caso que ello ocurra.

A juicio del parlamentario opositor, si bien esta fórmula no es óptima, pues desvirtúa y condiciona el carácter técnico del nombramiento, parte del supuesto que, en ocasiones muy puntuales, ciertas diferencias podrían entorpecer la gestión y recomendar la salida de los altos funcionarios, como en los hechos ha ocurrido en ocasiones muy particulares.

“Sin embargo, estamos en presencia de un cuestionamiento global al sistema, lo que afecta gravemente su legitimidad, más aún cuando el Ministro Kast habría esbozado ya ciertos criterios respecto de un eventual nuevo concurso, en circunstancias que la ley le impide expresamente señalar alguna preferencia o predilección sobre el tema” – sentenció Muñoz.

El legislador llamó al Ejecutivo y a los partidos de la Coalición por el Cambio a pronunciarse sobre esta situación, más allá de las facultades del Ministro Kast para remover al Director Coloma y señalar si respaldan o no esta remoción en masa que se pretende para el FOSIS y que significa un claro retroceso en el sistema de Alta Dirección Pública. “Aún es tiempo de rectificar e impedir despido masivo de Directores Regionales del FOSIS que deslegitimaría gravemente este mecanismo de nombramiento” – afirmó.

“Creíamos que el país había avanzado en un consenso para incorporar personal técnico capacitado a las altas esferas públicas y que la Coalición por el Cambio era parte de este acuerdo; por lo que sería bueno conocer si estos días de gestión les permitieron llegaron a una conclusión diversa y ahora se inclinan por designaciones políticas” – fustigó.

El parlamentario no descartó recurrir a la Contraloría General de la República en caso de materializarse la solicitud de renuncia a los Directores Regionales y señaló que propondrá una modificación legal que precise las causales de remoción de los funcionarios designados a través del Sistema de Alta Dirección Pública.