El Gobierno debe intervenir la Universidad del Mar

Debe crearse un mecanismo legal para reorganizar planteles en quiebra o situación académica deficitaria.

La situación que vive la Universidad del Mar ha revelado la necesidad de incorporar a nuestra normativa una facultad y el procedimiento que permita al Ministerio de Educación involucrarse cuando los establecimientos educacionales lleguen a situaciones de crisis económica o académica  que pongan en riesgo la continuidad de los planteles. 

Por ello, he solicitado al Ejecutivo intervenir derechamente en la crisis que actualmente vive la Universidad del Mar con la finalidad de velar por el futuro de los miles de alumnos, académicos y funcionarios afectados.

Se requiere un proyecto de ley que permita intervenir, tal como hoy en día se hace en el caso de los colegios particulares subvencionados e incluso en otras materias, como las empresas de buses del Transantiago, donde la autoridad puede nombrar administradores que permitan garantizar la continuidad del servicio público que se presta.

El cierre de la casa de estudios pedida por el ministro Harald Bayer castiga a una comunidad universitaria, compuesta por alumnos, trabajadores y docentes, con más de 22.000 familias involucradas e impide continuar a una mayoría de estudiantes que no tienen una alternativa viable de cambio de institución, ya sea por razones de oferta académica, costos o geográficas.

Debe tenerse presente, especialmente, la situación de los jóvenes de algunas sedes de la Universidad del Mar, como Magallanes, que no es fácil reubicar, puesto que sus carreras no se imparten en otros establecimientos de la zona o éstos no tienen el valor y las facilidades de pago u horarios de estudios de que disponían.

Intervención Ley de Pesca

Ver video: Intervención Ley de Pesca

Señor Presidente, Honorables Colegas:

El proyecto de modificación a ley de pesca, que se tramita, contiene disposiciones que afectan muy gravemente a los pescadores y a los recursos del mar. Es muy importante, por ello, clarificar que es lo que está en juego y tratar de hacerlo entendible para todos.

Como los pescadores recuerdan, hace no tantas décadas en Chile había un régimen de pesca libre; los recursos abundaban y quién quisiera pescar podía hacerlo. 

La explotación intensiva empezó a agotarlos. Ello obligó establecer, en los ’90, la denominada cuota global, o sea un máximo anual por especie, que se divide en dos partes, una artesanal y otra industrial.

¿Qué ocurrió? Que cada operador industrial salía a capturar todo lo que pudiera en el menor tiempo. A eso se le llamó carrera olímpica y llevaba a una sobreexplotación de las pesquerías, implicaba a las empresas aumentar su flota y producía inestabilidad en el empleo.

El año 2000, ante el colapso especialmente del jurel, se propuso un nuevo sistema: dividir esa cuota global anual industrial en cuotas individuales. Se pensó que si cada cual tenía asegurada su porción no necesitaría salir a pescarla tan rápido. Se dosificaría entonces el esfuerzo, las industrias ahorrarían dinero y el empleo sería más estable. Se probó el sistema por dos años. Luego, el 2002 se planteó extenderlo por diez más. 

Quienes estábamos en el Parlamento recordamos que en dicha ocasión se expuso este sistema como la salvación de la pesca. Se llenaron las tribunas y las calles cercanas con trabajadores de la industria para señalar que de no aprobarse las pesquerías y la actividad colapsarían.

Algunos nos opusimos, porque entendimos que asignar cuotas individuales era, de alguna manera, entregarle a privados bienes de todos los chilenos. Señalamos, además, que ello no solucionaría los problemas.

La historia nos dio la razón. 

Diez años después la captura del jurel, por ejemplo, que era el ícono del problema, ha caído de 1.400.000 toneladas el 2002 a cerca de 200.000 para este año.

La actividad en general está deteriorada y la carrera olímpica regresó. Y regresó por la sencilla razón que hay más peces en las resoluciones de la Subpesca que en el mar. Entonces, hay que salir a capturar lo que se pueda antes que se agote.

Sin embargo, ahora que el mecanismo va a terminar, el Gobierno propone extenderlo. Ya no por una década sino indefinidamente, aunque ahora se señala que serían 25 años prorrogables.

¿Por qué continuar con un sistema que claramente fracasó?

Hay un paciente moribundo y el equipo médico propone aplicar una mayor dosis de la misma medicina que lo está llevando a la muerte. Eso es esta ley de pesca. Todo por mantener el negocio de unos pocos, que han lucrado abusivamente con bienes de todos hasta casi extinguirlos.

Se trata de un grave error por diversas razones.

Primero, porque no representa avances para la pesca artesanal. El fraccionamiento y acceso a las pesquerías sigue siendo insuficiente. No se protegen los caladeros históricos ni se frena claramente el arrastre. Tampoco hay respuestas sobre las pesquerías finas.

Segundo, porque tampoco hay avances sustantivos sobre el estatuto de los tripulantes de embarcaciones artesanales ni se contempla una plataforma social suficiente para los desplazados de la industria. Seguimos con este Fondo que no contiene beneficios claros y donde muchas compensaciones quedan al arbitrio del Gobierno de turno.  

Tercero, porque no se asegura un estatuto jurídico para los recursos pesqueros. Las pesquerías son de todos los chilenos y se habilita a pescarlas en base a un sistema de autorizaciones y permisos que son esencialmente temporales y revocables, según los intereses del país. Eso debe quedar meridianamente claro.

Cuarto, porque se insiste en este sistema de cuotas, a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que llevaron al colapso de las pesquerías. Las cuotas indefinidas o los 25 años prorrogables son un exceso. Si vuelven a fracasar no habrá tiempo para una nueva ley. Un nuevo error será el fin de la pesca en Chile.

Cualquier norma que surja no puede pretender una duración de más de diez años, por la sencilla razón que en el estado que se encuentran las pesquerías requiere una evaluación de sus resultados.

Quinto, porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad. Este mecanismo no es sostenible. No puede ser que haya empresas que concentren más del 50% de una pesquería y no se haga nada.

Lo más curioso es que los mismos que siempre nos hablan de la competencia y del libre mercado, ahora se dan una vuelta de carnero, digna de medalla de oro, para argumentar a favor de la concentración y las economías a escala.

Sexto, porque se entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a las utilidades obtenidas.

Séptimo, porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la presión de los interesados y la incidencia del Gobierno de turno. Si queremos realmente sustentabilidad y rol de la ciencia forjemos una institucionalidad completamente aislada del Gobierno de turno que entregue una propuesta que deba ser asumida por el Ejecutivo.

Octavo, porque no se aseguran aún los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad e independiente. Deben haber aportes basales fijos para el IFOP y líneas investigativas permanentes de acuerdo a los intereses y objetivos del Estado.

Noveno, porque no se garantiza una adecuada fiscalización con sanciones eficaces y ejemplarizadoras. Sabemos que muchas empresas pagan las multas y siguen depredando nuestros mares obteniendo beneficios ilegítimos. Eso no puede seguir. Requerimos un esquema de sanciones que parta con multas elevadas y que conduzca a la caducidad en forma rápida si se siguen vulnerando las normas.
 

Décimo, porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar. Tampoco se ha cumplido con el Convenio 169 de la OIT. Nadie puede pretender que un par de audiencias de la Comisión de Pesca sean el marco adecuado para expresar una opinión fundada sobre un tema tan relevante. Así las cosas el proyecto queda expuesto a los tribunales nacionales e internacionales.

Señor Presidente, estimados colegas, como lo señalaron diversas organizaciones que escuchamos en la zona austral con la Comisión de Pesca, este proyecto sólo sirve a unos pocos, perjudica al sector artesanal y pone en riesgo el patrimonio nacional. Por eso votaré en contra.

Sin embargo, no soy un irresponsable que quiera volver a la carrera olímpica, hacer colapsar la industria y las fuentes de empleo o generar inestabilidad sin soluciones. Junto a algunos senadores hemos propuesto una fórmula intermedia, que es prorrogar por dos años el actual sistema a la espera de que nos demos un tiempo prudente para analizar una nueva ley que asegure efectivamente la sustentabilidad, que contenga un reforzamiento institucionalidad adecuado, que compatibilice los intereses de todos los sectores y que resguarde a los pueblos originarios.

Estoy cierto que podemos hacerlo si contamos con el tiempo necesario.

He dicho.

En reunión con ANEF y CUT atendiendo sus planteamientos sobre reajuste del sector público

Los parlamentarios magallánicos se reunieron con diferentes gremios de la región. Una reunión ampliada con los diferentes gremios de los trabajadores, como la Asociación de Funcionarios Municipales, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otros, desarrolló ayer el diputado independiente por Magallanes, Miodrag Marinovic, y el senador Pedro Muñoz (PS). En la oportunidad los parlamentarios escucharon los planteamientos de los trabajadores y ratificaron su compromiso en su defensa, asegurando que seguirán trabajando en pos de su beneficio.

 

Noticia original. http://elpinguino.com/noticias/131419/Muoz-y-Marinovic-ratifican-compromiso-en-defensa-de-trabajadores

Universidad del Mar: La hora de la verdad.

El Ministerio de Educación ha solicitado al Consejo Nacional de Educación el cierre o la cancelación de la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, como sanción, tras acreditar mediante análisis a los estados financieros y una auditoría a nivel académico, que se extendió por varios meses, una infracción grave a sus estatutos y una desviación de la finalidad del plantel.

Esta casa de estudios, que ha sido en los últimos años un paradigma de los vicios de nuestra educación superior entra así a su hora decisiva. Inició sus actividades a comienzos de los ’90, como una alternativa más entre las muchas existentes. Al cabo de algunos años comenzó una explosiva expansión, que tuvo como bases la implementación de un sistema propio de financiamiento y la creación de sedes locales asentadas en ciudades carentes de suficiente oferta universitaria y técnica.

Este crecimiento inorgánico y la debilidad de su proyecto educativo, desvirtuado por el lucro de sus sostenedores, empezó a generar dificultades. Antes de la debacle de los últimos meses, detonada con la salida del rector Raúl Urrutia hubo varios hitos.

Uno de los primeros fue su involucramiento en las denuncias por “carreras brujas”, ocurrida a partir del 2007. Recuerdo perfectamente el episodio, pues tras respaldar a los alumnos, afirmé claramente que me parecía que impartir disciplinas a sabiendas que no habría campo ocupacional para ellas, me parecía una estafa, un engaño, tras lo cual fui amenazado de acciones legales por los directivos-propietarios, quienes me conminaron a retractarme, lo que, por supuesto, no hice.

Posteriormente, existían rumores respecto de desórdenes administrativos e iliquidez, particularmente en algunas sedes, dudas que parecieron confirmarse tras fracasar el 2011 el ingreso de Southern Cross a su propiedad. Desde ahí en adelante la historia es más conocida. Las denuncias estudiantiles por el lucro en la educación pusieron el dedo en la llaga en el complejo entramado de sociedades e inmobiliarias paralelas del plantel, cuya administración, además, se vio deteriorada por conflictos internos.

El resultado es la situación actual, con esta drástica medida propuesta por el Ministerio de Educación y la incertidumbre que enfrentan más de 18.000 estudiantes a lo largo del país y un grupo también significativo de docentes y funcionarios.

Veo esta decisión con sensaciones encontradas.

Por una parte, no tengo dudas respecto que los dueños de este plantel que, desde hace largos, años viene actuando en forma irregular, priorizando la obtención de utilidades por sobre el desarrollo académico de la institución, merecen sanciones ejemplarizadoras y, además, tengo la convicción de que estos estudiantes deben recibir la educación de calidad por la que están pagando y que no se les entrega.

Sin embargo, me asiste la duda de que el cierre sea la solución a este problema. Acaso, como reza el dicho, es un remedio peor que la enfermedad. Los alumnos quedan en la incertidumbre de no saber cómo concluir sus carreras, pese a haber invertido, en muchos casos, varios años de esfuerzo y recursos para el pago de aranceles y matrículas. Otro tanto ocurre con administrativos y profesores.

Lo anterior es especialmente preocupante en nuestra región. En el resto del país es muy posible que, como ha ocurrido en el caso del cierre de otras universidades, otros establecimientos acojan a los alumnos y les otorguen facilidades para retomar sus estudios. Sin embargo, en Magallanes, ello encuentra el obstáculo de que todas las carreras no son impartidas en nuestra zona. He pedido, por esto, al Ministerio de Educación analizar esta situación y estudiar la adopción de medidas que eviten que los estudiantes salgan perjudicados. 

La solución de este caso es extremadamente compleja. Es necesario complementar una serie de acciones que procuren salvaguardar la confianza pública y el interés de todos los involucrados. Por una parte, no cabe duda que debe buscarse sancionar drásticamente a los propietarios del plantel, como responsables de las irregularidades. Por otro lado, deben ofrecerse soluciones para los estudiantes. Quienes quieran abandonar esta universidad y proseguir sus estudios en otra casa de estudios deben poder hacerlo, en tanto, se deben agotar los esfuerzos que permitan, a quienes quieran culminar sus carreras allí, poder hacerlo, si es factible recuperar niveles académicos y organizativos aceptables.

Todo lo anterior, sin olvidar que ésta es sólo la punta del iceberg del lucro en el sistema de educación superior que aún espera por cambios normativos. Debe legislarse para terminar con el desvío de recursos públicos hacia los dueños de estas entidades e implementar una rigurosa fiscalización y un sistema de acreditación que asegure la calidad. No se puede seguir jugando con los sueños de tantos jóvenes.

Universidad del Mar: Sanciones para propietarios y soluciones para alumnos.

Reubicación es positiva, pero debe considerarse también carreras que no se imparten en la zona. 

Valoró las gestiones realizadas por el seremi de Educación Raúl Muñoz, quién se reunió con las autoridades de la Universidad de Magallanes con el fin de gestionar el posible traslado a ese plantel de estudiantes de la sede de Punta Arenas de la Universidad del Mar. 

 

El eventual cierre de ese plantel empieza a generar ya muchas dificultades. Los alumnos se encuentran en la incertidumbre de no saber cómo concluir sus carreras, pese a haber invertido años de esfuerzo y recursos para el pago de aranceles y matrículas. Lo mismo ocurre con administrativos y profesores cuyo futuro laboral pende de un hilo.

 

La reubicación del alumnado pareciera una solución positiva para una parte de los afectados. Sin embargo, no debe perderse de vista que eso no beneficia a los estudiantes cuyas carreras no tienen presencia en otras universidades o institutos la zona.
He pedido, por esto, al Ministerio de Educación, mediante oficio, analizar esta situación y estudiar la adopción de medidas que eviten que los estudiantes salgan perjudicados.

 

No cabe duda que debe buscarse sancionar drásticamente a los propietarios del plantel, como responsables de las irregularidades. Sin embargo, al mismo tiempo deben ofrecerse soluciones para los estudiantes. A quienes quieran abandonar esta universidad y proseguir sus estudios en otra casa de estudios se les debe permitir, en tanto se deben agotar los esfuerzos que permitan a quienes quieran culminar sus carreras allí, poder hacerlo, manteniendo niveles académicos y administrativos aceptables.

Todo lo anterior no debe hacer olvidar que se trata de la punta del iceberg del lucro en el sistema de educación superior que aún espera por cambios normativos que deben terminar con el desvío de recursos públicos hacia los dueños de estas entidades, junto con implementar una rigurosa fiscalización y un sistema de acreditación que asegure la calidad.