Este Gobierno es ciego y sordo.

El Ejecutivo parece no haber entendido el mensaje de las manifestaciones de ayer y que podrían incrementarse en los próximos días. Es insensible a las necesidades de los magallánicos y que explica y habla mucho, pero no escucha ni ve nada. Este Gobierno es ciego y sordo.

Por su parte, las autoridades regionales no son capaces de defender los intereses de la región y han contribuido a crear en el gobierno central la impresión de que los magallánicos son una zona de privilegiados y derrochadores.
Se insiste en el “precio preferente” para la zona, del mismo modo que lo hizo el Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, los magallánicos ya entendieron la trampa que hay detrás del precio preferente, lo que significa que los valores se pueden subir, siempre que se mantengan más bajos que en la capital.
Dejen de compararnos con Santiago porque no somos lo mismo. Mientras en la capital el gas es un bien de uso habitual, pero prescindible y reemplazable, como lo mostró la pasada crisis; en nuestra zona es un insumo de uso masivo, intensivo y con escasa posibilidad de sustitución y ahorro, producto de las bajas temperaturas.
Lo que queremos son precios bajos. Los juegos de palabras de las autoridades empiezan a producir indignación en la comunidad. Lo que se requiere para que los precios se mantengan en los actuales niveles es que el Ministro de Hacienda se meta la mano al bolsillo, tal como el Banco Central lo hizo para ayudar a los exportadores.

Amplia convocatoria de jornada de movilización. El Gobierno debe escuchar a la gente.

Quiero expresar mi satisfacción por la amplia convocatoria alcanzada por la movilización desarrollada en la Región de Magallanes en rechazo al alzas del gas y que incluyó cortes de carreteras, marchas y actos públicos. El respaldo popular a las manifestaciones fue multitudinario. La tozudez e insensibilidad del Gobierno no ha dejado a los magallánicos otra forma de ser escuchados que a través de expresarse en la calle para impedir el incremento en el valor de un insumo tan básico.
El Ejecutivo se ha mostrado inflexible ante la posibilidad de echar marcha atrás en este contrato, en tanto las autoridades locales se han limitado a dar excusas y explicaciones absurdas, lo que no ha dejado a la gente otro camino que demostrar pacífica y organizadamente su descontento.
El Gobierno es el único responsable de solucionar este problema, reponiendo los recursos para mantener el precio del gas en los niveles actuales. La decisión está en manos del Presidente Sebastián Piñera y sus Ministros de Energía y Hacienda. Acá está empeñada la palabra del propio Primer Mandatario, quien comprometió la mantención de un precio preferencial para el gas en la Región.
Esta contundente muestra de rechazo de la comunidad magallánica debe provocar un cambio de actitud en las autoridades. No se puede seguir mirando este tema desde el punto de vista del mercado y los negocios, sino que debe abordarse desde una perspectiva social y de Estado, que justifica plenamente un aporte público para asegurar la calidad de vida en una zona que requiere este insumo en forma ineludible.
Esperamos que el Presidente Sebastián Piñera cumpla su palabra. No queremos alzas del gas en Magallanes. La decisión depende exclusivamente del Gobierno.

Si la Intendenta y los Seremis no pueden encabezar la defensa de Magallanes, que renuncien.

Rechazo las argumentaciones que las autoridades regionales han dado para justificar los incrementos tarifarios que derivarían del nuevo contrato entre ENAP y GASCO. La Intendenta y algunos Seremis han tenido un actuar “indolente. La actual situación se debe, en buena parte, a la falta de sintonía de las actuales autoridades locales con esta problemática.

Más que ponerse del lado de nuestros habitantes, la señora Intendenta y algunos seremis han intentado justificar y explicar las alzas, dando argumentos que nos hacen parecer una región de privilegiados o derrochadores.

Señalar que las tarifas sólo variarán mínimamente, que habrá un alza irrelevante en relación al precio que se paga en otras regiones o que el incremento es útil para cuidar el gas resultan lamentables y hasta ofensivas para nuestros vecinos. La diferencia entre siete u ocho veces de que habla el seremi Schweitzer puede significar varios kilos de pan o de alimentos para una familia modesta de nuestra zona.

Lo que está en juego es el principio de que el Estado debe apoyar la subsistencia en una zona apartada y dura como la nuestra. Si nuestras propias autoridades no lo comprenden y se conforman con las alzas o pretenden explicarlas, empezamos a entender claramente porque los ejecutivos de ENAP y el Gobierno central no han dudado en dejar de sostener los precios y entregar el abastecimiento de Magallanes a las leyes del mercado.

Para superar esta situación se requiere la movilización de los vecinos y la unidad de todos los sectores, pero, también, exigir que las autoridades regionales asuman el rol que les compete para hacer ver en Santiago la relevancia del tema y su impacto en los hogares y en los sectores productivos de Magallanes.

Los magallánicos necesitamos autoridades que nos defiendan, que se coloquen al frente de la defensa de los intereses locales y no que se limiten a dar excusas y explicaciones oficiales. Si no pueden hacerlo, que se vayan.

El Gobierno abandonó a nuestra región. Este es el verdadero Plan Magallanes.

ENAP decidió incrementar el valor del gas que vende a la distribuidora local Gasco Magallanes y con la que ésta provee a nuestra región. En el marco de la renovación del contrato entre ambas entidades, la estatal anunció un aumento en el valor del insumo de un 16.8%, la mayor alza aplicada en los últimos años.

Asimismo, el convenio implicaría una importante modificación en la estratificación de los usuarios, incorporándose un sobreprecio a los medianos consumidores a través de disminuir el umbral para aplicar una sobretasa, la que se rebajaría de los 25.000 m3 mensuales de consumo actuales a sólo 1.000 m3, afectando a sectores residenciales y productivos y, también a otros suministros, como la electricidad, pues la abastecedora local EDELMAG utiliza dicho combustible.

Lo ocurrido significa un duro golpe para Magallanes, pues implicará un alza importante en las tarifas, tanto a nivel residencial como industrial, pero más que eso, el resultado de este contrato significa poner fin a una política sostenida de contener el precio de este importante insumo a través de ENAP.

El Gobierno abandonó a Magallanes. Se ha privilegiado equilibrar el balance de ENAP con miras a una eventual privatización y alentar la inversión de los privados en la exploración a costa de cargar con un mayor costo a los usuarios. El Gobierno Regional ha actuado con pasividad y ha sido incapaz de defender los intereses de los habitantes de nuestra zona.

Exigimos que se expliquen las razones de este incremento en el precio de venta a Gasco Magallanes y clarificar el impacto preciso que tendrá en las tarifas. Al mismo tiempo, llamo a la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales y a los sectores productivos a movilizarse para rechazar las eventuales alzas y, especialmente, el cambio de orientación de las políticas públicas que implican entregar exclusivamente al mercado un tema tan vital para los magallánicos.

Este es el verdadero Plan Magallanes que ofrece este Gobierno, castigar a los usuarios para mejorar los negocios. El Gobierno Regional debe asumir la responsabilidad que le compete para defender ante las autoridades centrales el derecho de los magallánicos a contar con un insumo tan imprescindible a precios bajos. Estamos hablando de precios bajos y no de precios preferentes, juego de palabras con el Gobierno ha pretendido eludir la problemática.

Funcionarios públicos merecen reajuste digno y compromiso de estabilidad laboral

Respaldó movilizaciones de la ANEF y exigió revisión caso a caso de los despidos ocurridos en la administración pública

El Gobierno es el único responsable del rechazo del proyecto de reajuste que fue desechado por la Cámara de Diputados durante la presente semana. El Ejecutivo forzó la discusión con una propuesta de incremento miserable, apenas compensatorio del IPC y más aún, en medio de una ola de despidos que costó el cargo a más de 1.500 funcionarios sólo en los dos últimos días de Noviembre.
Las explicaciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, son insuficientes, sobre todo cuando el propio Gobierno se ha ocupado de señalar insistentemente el promisorio escenario económico del país con cifras record en consumo, producción industrial y empleo, como asimismo un alto valor de los principales productos de exportación, especialmente el cobre.
En ese contexto se proponga un reajuste de 3.7% es una burla para los funcionarios públicos que merecen compartir el éxito del país y las holguras de la caja fiscal, por lo respaldo plenamente las demandas de la ANEF y las movilizaciones emprendidas por los funcionarios.
Asimismo, un acuerdo en materia de reajuste debe considerar un compromiso de estabilidad para los empleados públicos y la revisión caso a caso de los despidos ocurridos en el último tiempo. Se ha procedido con total abuso, mandando gente a la calle en forma arbitraria, sin considerar su capacidad y experiencia e incluso sin respetar licencias médicas o maternidad y, más aún, en pleno diciembre, período particularmente sensible para las familias.
Los errores ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, donde debió echarse atrás en el despido de 119 funcionarios, han puesto una luz de alerta en los criterios utilizados y siembran una legítima duda acerca de la justificación de muchas de las exoneraciones. Creemos que debe existir una profunda revisión, caso a caso, lo que debe quedar comprometido en el proyecto de reajuste.