Moción que presenté el 2006 será refundida con proyecto del Gobierno.
Cuando una empresa no puede pagar sus compromisos financieros, la ley le brinda un mecanismo, la quiebra, mediante el cual todos sus acreedores demandan en un sólo procedimiento y se buscan soluciones que, incluso implican, en muchos casos mantener su funcionamiento y reorganizar sus deudas.
Cuando una empresa no puede pagar sus compromisos financieros, la ley le brinda un mecanismo, la quiebra, mediante el cual todos sus acreedores demandan en un sólo procedimiento y se buscan soluciones que, incluso implican, en muchos casos mantener su funcionamiento y reorganizar sus deudas.
Cuando lo mismo ocurre con las personas o los hogares, no hay solución conjunta. Comienzan, entonces, a llegar demandas ejecutivas una por una y con ello una pesadilla de juzgados, embargos y remates.
Advertí esta falencia el 2006 y propuse un proyecto de ley para crear un mecanismo de insolvencia o quiebra para las familias. Insistí muchas veces, sin éxito, para que fuera activado.
El Gobierno actual ingresó a trámite una reformulación de la ley de quiebras que
permitiría aplicar a los hogares los procedimientos de este cuerpo legal,
brindando así a las familias la posibilidad de enfrentar situaciones de sobre
endeudamiento en mejores condiciones.
Según un acuerdo de la sala
de la Cámara Alta
se refundirá el proyecto del Ejecutivo, con el que presenté, en tanto se trata de
iniciativas muy similares en sus contenidos.
Es
imprescindible apurar el despacho de esta nueva normativa. La situación
financiera que atraviesan muchos hogares y las eventuales consecuencias que la
crisis europea podría traer en el empleo y con ello en la capacidad de pago, hace
urgente agilizar estos proyectos.
Tanto el proyecto del
Gobierno como el que ingresé hace ya seis años establecen procedimientos
concursales de renegociación preventiva y de liquidación de los bienes de las
personas.
La
importancia de un cambio en la legislación en esta materia es que los hogares
dispondrán de un mecanismo para reorganizar sus deudas, buscando un acuerdo con
todos sus acreedores a la vez, tendiente a fijar un plan de pagos razonable,
sin ser afectados por demandas sucesivas que obligan a innumerables diligencias
y costos.
Vale decir, los deudores contarán con un mecanismo para que
antes de ser demandados y ante la imposibilidad de pagar sus compromisos, por
cesantía, enfermedad o cualquier otra causa, buscar una renegociación colectiva
que les evite las demandas múltiples y también las repactaciones individuales
abusivas con cada uno de sus acreedores”.
En caso que
esta renegociación o acuerdo no prospere y se llegue al remate, también la
situación es más favorable para el deudor, pues participan conjuntamente todos
sus acreedores, evitando demandas adicionales posteriores y ahorrando el pago
de costas procesales. Ahora muchos deudores son embargados, pierden sus
bienes y con éstos sólo pagan las costas judiciales, sin disminuir el monto de
los créditos impagos.
Desde el año 2006 que he
venido planteando que Chile necesita un sistema que permita a los hogares
enfrentar estas situaciones en condiciones razonables, como existe en buena
parte de las naciones más desarrolladas, afortunadamente esto ha sido
escuchado, pero es necesario agilizar su tramitación, con el objeto de
poder garantizar su aplicación ante cualquier contingencia que incremente la
morosidad.
