Estamos más cerca de terminar con el binominal.

En el mecanismo electoral está la llave para las transformaciones más profundas que el país necesita.

El acuerdo entre la Democracia Cristiana y Renovación Nacional que, entre otros aspectos, implica el compromiso de poner fin al sistema electoral binominal es muy positivo.

No debemos quedarnos en análisis errados y pequeños como la crítica al carácter secreto de los contactos entre ambas colectividades, lo que implicó mantener a sus socios en la Concertación y en el Gobierno, al margen de las tratativas.

Esos son problemas menores, frente al hecho relevante que tenemos un texto en que el partido del Presidente de la República, uno de los sostenedores de este sistema electoral perverso, que afecta seriamente la soberanía popular, se compromete a ponerle fin.

Para este sistema, da lo mismo que un candidato o coalición obtenga el 65% de los votos y el otro el 35%, se elegirá un representante por cada sector. A nivel nacional, ello conduce a un empate y el resultado es que nada sustantivo del régimen institucional y económico se pueda cambiar.

A la larga eso ocasiona frustración y desencanto en la ciudadanía, respecto de la democracia, pues se percibe que el voto no produce las transformaciones que se espera.

A los partidarios de este modelo económico, de las AFP, de las Isapres, del lucro en la educación, de los abusos de bancos y multitiendas les basta la obtención de un 35% de los votos para asegurarse la mitad del Parlamento y con esto que todo siga igual.

El reemplazo del actual sistema electoral no es un asunto que interese sólo a los políticos, sino que es el comienzo de la solución de problemas muy significativos. En el binominal está la clave para que se cambien muchas de las cosas que esperamos modificar.

Tras este acuerdo la responsabilidad se ha devuelto a La Moneda, debiendo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, tomar la iniciativa y enviar al Parlamento, a la brevedad, un proyecto que permita plasmar el acuerdo en una reforma que ponga fin a este resabio de la dictadura.

El Presidente Piñera vive en otro país.

Pobre balance de mensaje del 21 de Mayo. Presidente omitió crisis del gas en Magallanes y no se hizo cargo de la letra chica en sus promesas, de la ineficiencia en la gestión y de los graves conflictos de interés de su administración.

La cuenta anual realizada ante el Congreso Nacional por el Presidente Sebastián Piñera este 21 de Mayo se trató de un discurso complaciente, lleno de logros que sólo se ven en el papel y que hacen creer que el Primer Mandatario vive en otro país o no observa la realidad.

En su intervención el Presidente de la República eludió ocuparse de los principales temas que han motivado su constante caída en el apoyo ciudadano y que se sintetizan en el incumplimiento de las promesas; ineficiencia en la gestión y corrupción y conflictos de interés de la administración. El mandatario tampoco destinó tiempo a las regiones y particularmente a Magallanes.

En primer término, desperdició la oportunidad de sincerar su programa y sus anuncios. Este es un Gobierno que promete mucho y cumple poco y mal. Lo anterior queda demostrado en el retraso en en el mejoramiento de la legislación en materia de seguridad laboral, comprometida tras el derrumbe en la Mina San José. Hoy se volvieron a anunciar los mismos cambios en la legislación que se prometieron hace nueve meses. Otro tanto puede decirse de los numerosos anuncios con letra chica del Gobierno, como el postnatal y la eliminación del 7% de cotización de salud para los pensionados. La gente percibe que lo que se anuncia no se cumple y si se hace, está plagado de letra chica que diluye la promesa.

En segundo lugar, el Presidente Sebastián Piñera no se hizo cargo de la ineficiencia en la gestión de su administración, demostrada en casos graves, como el notorio retraso en la reconstrucción, respecto de la cual los propios parlamentarios de la Coalición por Cambio piden que se diga la verdad y se reconozca que no se han cumplido las metas. Se volvió a contar subsidios de papel, mientras miles de chilenos siguien viviendo en aldeas y la construcción de sus viviendas deberá esperar varios años.

En tercer lugar, el Primer Mandatario tampoco se hizo cargo de los conflictos de interés del Ejecutivo. No dijo nada del caso Kodama en que se despilfarraron 35 millones de dólares por una mala gestión y tratativas irregulares ni de la teleserie Van Rysselberghe donde se quiso hacer pasar como damnificados a pobladores que no lo eran, lo que fue respaldado por el Gobierno. El último episodio lo constituye Hidroaysén, donde se cambiaron informes y participaron en su análisis seremis con claros intereses en la aprobación, ante las evidentes y públicas presiones del Ministro del Interior y del propio Presidente.

En lo local, también hay una evaluación muy pobre. Respecto de Magallanes sólo se aludió a las leyes de excepción, exigencia obvia, pues éstos vencen en los próximos meses y se comprometió la habilitación de un teatro regional, que probablemente es el remozamiento del ya existente. No hubo referencia alguna al tema del gas, eludiendo el que ha sido ciertamente el mayor conflicto que enfrentó el Gobierno el último año.