Gobierno reaccionó lenta y tardíamente ante incendio en Torres del Payne.

Con show mediático tratan de tapar negligencia ante avance las llamas. 
El Gobierno ha tenido una lenta y tardía reacción ante el incendio que afecta ya, según cifras oficiales, más de 8.000 hectáreas del Parque Nacional Torres del Payne. Es efectivo que existen dificultades geográficas y climáticas en la zona, particularmente por las condiciones del viento que han afectado a la región, pero ello no excusa la respuesta débil de La Moneda en esta emergencia.

Una cosa es que los brigadistas y efectivos e incluso las aeronaves no puedan actuar por las condiciones del lugar, pero otra distinta es que ni siquiera se hayan desplazado a las inmediaciones en un lapso razonable. A tres días de comenzado el siniestro recién está llegando personal y equipos de apoyo suficiente y se está solicitando más ayuda especializada de países vecinos y de otros servicios públicos, lo que significa claramente que se minimizó la magnitud y riesgo de este incendio perdiéndose tiempo valioso.

El 2005, ante una situación similar, según la prensa de la época, se movilizaron más de 700 personas, 250 de ellos brigadistas de la CONAF, más de 100 brigadistas argentinos y personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se contó con la colaboración de la Dirección de Vialidad, con maquinaria pesada para contrarrestar el avance del fuego.

En cambio, ahora, mientras este voraz incendio se desarrollaba y aumentaba en magnitud, en el Gobierno y particularmente la cartera de Agricultura, de la que depende la CONAF, estaban más preocupado del cambio de Gabinete, de las declaraciones del Ministro Longueira y de los resultados de la encuesta CEP.

Ahora han montado un “show mediático”, con la presencia del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera y diversos Ministros en las oficinas de la ONEMI. No sirve. Sobre la leche derramada buscan dar las señales de interés y preocupación que no se demostraron oportunamente y que contribuyeron a la extensión del fuego.

Sin embargo, ojalá que, a partir de este momento se inicie un despliegue más eficaz y enérgico de parte de las autoridades. Ahora que el tema es de interés nacional e incluso internacional, esperamos que se adopten todas las medidas y no se escatime en recursos para detener el fuego, velando por este patrimonio natural que es un orgullo para los magallánicos y para todos los chilenos.

Solictaré a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta realizar una sesión especial donde se informe acerca de la reacción del Ejecutivo ante esta emergencia y, particularmente, sobre la oportunidad en el desplazamiento de brigadistas forestales, personal militar y equipamiento a la zona y se analicen las medidas e inversiones que permitan la recuperación de la flora y fauna nativa y las acciones de ayuda para el sector turístico de Última Esperanza que, seguramente, será afectado por esta tragedia.

Hay que reforzar prevención y equipos de emergencia en Torres del Payne

Necesitamos saber cuánto se cumplió el 2005 y cuánto nos falta para proteger parques y reservas nacionales.

Nuevamente un gigantesco incendio afecta al Parque Nacional Torres del Payne consumiendo una cantidad no determinada de hectáreas de vegetación. Es muy lamentable. Resulta imprescindible mejorar las medidas de prevención y combate de emergencias, tanto en esta como en otras áreas protegidas del país.

Con ocasión de un incendio anterior, ocurrido el año 2005 por la imprudencia de un turista checo, se anunció un reforzamiento de la inversión en seguridad y equipos de prevención y combate al fuego.

Es necesario saber, con certeza, cuanto de lo comprometido en esa ocasión se cumplió y cuanto falta para contar con el personal, el equipamiento y los planes de acción que se requieren para enfrentar este tipo de situaciones.

Debe, asimismo, insistirse en las medidas de cuidado y educación dirigidos a los visitantes, de modo que tomen conciencia de la necesidad de agotar los esfuerzos para prevenir siniestros. Esto, también, nos revela la inconveniencia de recargar estos lugares con infraestructura que ponga en peligro la sustentabilidad, como ocurre con el concurso de iniciativas que están desarrollando SERNATUR, CONAF y la Subsecretaría de Turismo. Debe estudiarse, además, endurecer las sanciones para los responsables de estos incendios.

Con ocasión del siniestro anterior propuse dos iniciativas legislativas, en trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, una para endurecer las penas para quienes produzcan daños en las áreas silvestres protegidas y otra para contribuir a mantener la armonía estética de los alrededores de parques y reservas nacionales.

Se trata de lugares que tienen enorme importancia, desde el punto de vista de la conservación y la preservación de la biodiversidad y que, por lo tanto, deben tener mayor protección de la ley frente a las presiones inmobiliarias en su entorno y respecto de conductas negligentes o dolosas de los turistas que los pongan en peligro.

Por último, he solicitado a SERNATUR y al Gobierno Regional evaluar el impacto del incendio en la actual temporada turística, con el objeto de fortalecer, si fuera necesario, la información y campañas promocionales para impedir que se vea afectado el flujo de visitantes a la Región y, particularmente, a la Provincia de Última Esperanza.

Hasta el FMI cuestiona ganancias y rentabilidad de las AFP.

Es urgente una modificación estructural del sistema previsional.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones anunció que comenzará a elaborar un estudio con el objeto de proponer medidas para mejorar la densidad de cotizaciones de los afiliados al sistema.

Lamentablemente, desde el inicio, pareciera que el acento está puesto sólo en ese tema y en algunas soluciones, como incrementar el porcentaje de cotización obligatoria o extender la edad de jubilación, en lugar de analizar, sin dogmas, correcciones profundas a los diversos problemas que se aprecian en el actual sistema.

Así, por ejemplo, el Informe de Estabilidad Financiera de nuestro país, emitido por el Fondo Monetario Internacional en Agosto pasado, http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11261.pdf indica que las debilidades del actual esquema previsional, no sólo se refieren a la baja densidad de imposiciones, sino que también a la pobre rentabilidad obtenida por los fondos en la última década y al elevado costo de administración.

El FMI sostiene que el sistema de AFP presenta ganancias muy altas para el escaso riesgo de la industria, al tiempo que cuestiona el esquema de comisiones del sistema, que estima elevado, a treinta años de su implementación.

Si acá hay alguna medida que adoptar para mejorar el sistema y, con ello las pensiones de los chilenos, es terminar en forma inmediata con las comisiones fijas. Las ganancias de las AFP deben estar exclusivamente asociadas a las rentabilidades que obtengan para los cotizantes, de modo que compartan sus riesgos. Sin embargo, una verdadera reforma debe orientarse a la constitución de un modelo tripartito.

Debemos avanzar hacia un sistema que integre un pilar público, como el creado con la reforma previsional; un pilar solidario, similar al sistema de reparto, administrado por el Estado y un pilar individual, como el actual, donde los propios cotizantes puedan incrementar sus ahorros, incluyendo, también una cotización del empleador.

Lo que hay que entender es que si se quiere mejorar la densidad y atraer al sistema a quienes hoy no cotizan, como los trabajadores independientes, se debe mejorar sustantivamente la confiabilidad. Hoy la gente tiene la sensación de estar botando la plata a un saco roto y eso es lo que conspira a un mayor ahorro previsional.

A casi un año de histórico paro regional hay escaso avance en materia de tarifas del gas.

Proyecto de ley del Gobierno no demuestra compromiso del Estado con Magallanes.

A un año del histórico paro regional el avance en materia de tarificación del gas es casi nulo. El Gobierno demuestra poco interés en resolver definitivamente el asunto, limitándose a un proyecto de ley insuficiente para los intereses de los magallánicos. 

Tras la crisis, el Ejecutivo presentó una reformulación, más comunicacional que de fondo, del proyecto de ley que ya existía y comprometió que no habría alzas, sino en el IPC, durante 5 años, luego de lo cual no ha existido mayor preocupación por su despacho y menos por acoger las propuestas de modificación que se le han planteado.

Lo que se ha propuesto es un proceso de fijación de tarifas, muy similar al que ya se había sugerido en el proyecto anterior y a los vigentes para otros suministros domiciliarios, posponiendo el primer proceso para cinco años más. Ello no satisface las demandas ciudadanas que derivaron en el paro de Enero pasado. 

A Magallanes sólo le sirve una ley que establezca un compromiso decidido y de largo plazo del Estado con un abastecimiento de gas estable y a precios bajos para nuestra zona. Si eso no se asegura es mejor que no haya ley.

De nada ayuda tener un mecanismo tarifario que, en definitiva, deje al mercado el valor de este insumo indispensable para la vida en nuestra región. No queremos que las futuras autoridades se laven las manos diciendo que el precio del gas subió porque se elevó el costo de tal o cual insumo o por la variación de los mercados internacionales, lo que necesitamos es que nos señalen de qué forma el Estado se compromete con un abastecimiento seguro y cuentas bajas para quienes hacen soberanía en esta parte del territorio.

La iniciativa gubernamental tampoco garantiza contar con gas para uso residencial. Se habló de que las reservas de gas se estaban agotando, pero se sigue privilegiando el abastecimiento industrial en lugar de velar por los habitantes de nuestra región, como lo propuse a los Ministros de Energía Golborne y Álvarez, en una moción que busca establecer legalmente una reserva para los hogares, como existe en las legislaciones de otros países sudamericanos.

Inscripción automática y voto voluntario deben complementarse con nuevas reformas.

Ahora debemos terminar con el sistema binominal y permitir la elección de intendentes, iniciativa popular de ley y plebiscitos.

La aprobación definitiva de la ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario constituye un hito para la democracia, dando la posibilidad que miles de personas, especialmente jóvenes, puedan participar de los futuros procesos eleccionarios, sin mayores trámites.

Desde hace años que se viene señalando que el padrón electoral se encuentra estancado y envejecido, lo que resta interés a los comicios y desalienta a muchas personas a expresar su opinión. La paulatina disminución de jóvenes en los registros electorales es un hecho grave, pues afecta la posibilidad de que el sistema acoja sus necesidades y demandas, lo que debería tener un giro si éstos se deciden a votar en las próximas elecciones.

Se abre un importante camino y posibilidad para que el sistema recoja las problemáticas que afectan a este sector en materia de acceso a la educación y a la vivienda, cuidado del medio ambiente e inserción en el ámbito laboral, entre otros aspectos, lo que debe ser aprovechado para obtener soluciones.

Con todo, esta modificación debe ir acompañada de acciones que apunten a reforzar la conciencia cívica de la ciudadanía y, especialmente, de nuevas reformas políticas que permitan fortalecer el poder de los electores, pues de lo contrario, en lugar de incrementar la participación, ésta puede decrecer afectando aún más todavía la legitimidad de las instituciones.

Una verdadera renovación del sistema político chileno debe ir acompañada de otras importantes medidas como el término del sistema binominal, la iniciativa popular de ley y una ampliación del plebiscito como instrumento para la toma de decisiones. Además, debe avanzarse en una mayor descentralización y autonomía de las regiones, a través de la elección democrática del Intendente y los Consejeros Regionales.

Se trata, en definitiva, de que no sólo se amplíe la posibilidad de participar, sino que esta participación tenga real peso en las decisiones que se adoptan.