Debemos legislar en forma urgente para aliviar el sobreendeudamiento

El sistema de la "bicicleta" colapsó.

El miércoles, en la sesión especial que el Senado efectuó para abordar la crisis de La Polar, propuse ante el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la necesidad de legislar a la brevedad para ayudar a terminar con el sobreendeudamiento y los abusos de las casas comerciales que afectan a millones de chilenos.

La crisis generada significa un colapso no sólo para esta multitienda, sus deudores y accionistas, sino también para toda la sociedad. Estamos frente a un desastre mayor para la empresa, pero creo que, también, para un modelo de sociedad, para este país de la bicicleta, donde millones de chilenos son esclavos de las multitiendas y los bancos, donde los sueldos no alcanzan y hay que endeudarse en una tienda para pagar en otra; donde se le entrega tarjeta a cualquiera, sin medir su capacidad de pago. Precisamente porque el negocio es que no pague, para someterlo a las repactaciones usureras.

Esto no da para más. Necesitamos un nuevo estatuto del crédito y los deudores que contemple, al menos, tres medidas: la modificación de la legislación en materia de tasas de interés y cobros adicionales; la creación de una institucionalidad que proteja a los deudores y, especialmente, legislar sobre la insolvencia y el sobreendeudamiento.

Tenemos que terminar el drama de la bicicleta. Es la falta de un sistema que permita salir de una situación de sobreendeudamiento lo que agrava el problema, obligando a los chilenos a endeudarse en una tienda para pagar en otra.

Hoy quien no puede pagar, por cesantía, por enfermedad o simplemente porque, como se dice “lo pilló la máquina” tiene dos alternativas. La primera, no pagar, y comenzar la tortura de sucesivos juicios ejecutivos y embargos que debe atender uno a uno. Al final, queda sin bienes y no pagó ni las costas. La segunda, es empezar a pedalear y pedir un crédito para cumplir con otro, mecanismo que algún día colapsa cuando el nivel de endeudamiento es irremediable.

Una ley de insolvencia y sobreendeudamiento permitiría a la gente, con un mediador o con el Juez, abordar todas sus deudas en conjunto, en un solo procedimiento y someterlas a un mecanismo común de pago, con tasas y condiciones razonables.

Necesitamos fortalecer la Educación Pública y terminar con el lucro

PS impulsa reforma constitucional que recoge principales propuestas de las movilizaciones estudiantiles

Junto a la bancada de senadores y diputados del Partido Socialista, ingresamos este miércoles a tramitación en la Cámara Alta una reforma constitucional tendiente a fortalecer la educación pública y terminar con el lucro. La iniciativa lleva también las firmas de Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Camilo Escalona y Fulvio Rossi y cuenta, asimismo, con la adhesión de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Eugenio Tuma (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD).

El texto pretende asegurar en la Carta Fundamental la calidad de la educación y garantizar que el Estado financiará en forma suficiente un sistema de educación de administración estatal. Señala, además, que sólo los establecimientos educacionales que no persigan fines de lucro recibirán aportes del fisco. El proyecto también entrega a una ley la determinación de los mecanismos básicos para asegurar la calidad de los planteles y deja el derecho a la educación bajo el amparo del recurso de protección.

Esta iniciativa se hacer cargo y recoge las propuestas que han planteado los estudiantes en el marco de sus movilizaciones. El sistema educacional chileno presenta un grave problema de segregación y desigualdad que, unido a la deficiente calidad, ha sido denunciado por diversos organismos y entidades especializadas, tanto nacionales como internacionales, como un factor que afecta a la igualdad de oportunidad en nuestra sociedad y conspira contra un desarrollo más armónico. Necesitamos que la Constitución, que es el eje que orienta toda la legislación sobre la materia, se haga cargo de estas falencias y asegure que todos los chilenos recibirán una educación de calidad.

Resulta muy importante que la propuesta señale expresamente que el Estado deberá hacerse cargo de la educación pública, tanto en lo referido a su financiamiento como a la administración, terminando con ello con la municipalización; al tiempo que se erradica el lucro al declararse que sólo los establecimientos que no persigan utilidades recibirán apoyo estatal. No estamos negando la libertad de enseñanza, pero sí afirmando con mucha fuerza que quién quiera hacer negocios deberá hacerlo con sus propios recursos y no con fondos públicos que deben canalizarse hacia los sectores más desfavorecidos,

Los diputados y senadores del PS tenemos la firme convicción en empujar la iniciativa logrando que sea tramitada y votada por el Senado. Esperamos contar con el apoyo de la Concertación para aprobarla en la Cámara Alta y recibir el apoyo de los parlamentarios independientes en la Cámara de Diputados.

Senador Muñoz pidió al gobierno mayores recursos para combatir la violencia intrafamiliar

Magallanes encabeza estadísticas a nivel nacional

El senador Pedro Muñoz hizo un llamado al gobierno a comprometer recursos a la brevedad para combatir la violencia intrafamiliar en Magallanes, la cual junto a Tarapacá, alcanza las cifras más altas de todo el país.

El parlamentario fundamentó su petición luego de conocer la respuesta a un oficio enviado el pasado mes de mayo donde pidió explicar los esfuerzos llevados a cabo en la región para terminar con los abusos físicos y psicológicos al interior del hogar.

En la respuesta enviada por la Subdirectora del SERNAM Cecilia Pérez se detallan los Centros de la Mujer de Punta Arenas y Puerto Natales donde se brinda asistencia psicológica y jurídica a las victimas, junto la Casa de Acogida que funciona en la capital regional.

Al respecto el senador valoró el reconocimiento efectuada por la autoridad del SERNAM en cuanto a la actual carencia de recursos para implementar planes de prevención de violencia al interior de los hogares tales como los programas de Alerta Temprana y de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia que tiene por objetivo, en el primer caso, orientar e informar acerca de la violencia intrafamiliar para adoptar forma no violentas de resolución de conflictos.

Igualmente paralizado por falta de recursos se encuentra el programa de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia, el cual busca disminuir la violencia al interior de parejas que se atiendan en el SERNAM por medio de atención psicológica, informo el senador Muñoz.

“Lo que corresponde en este momento es que una vez reconocidas las tareas pendientes, el gobierno se aboque cuanto antes a ejecutar los programas preventivos porque no resulta suficiente atender a las victimas de abusos una vez que estos vienen cometiéndose a lo largo del tiempo, sino que por el contrario, son la detección y prevención de conductas peligrosas las llamadas a resocializar conductas peligrosas antes que sea demasiado tarde”, sentenció el legislador.

Seguimiento de redes sociales es ilegal.

Contraloría debiera declarar que constituye tratamiento de datos sensibles e invalidar licitación del Gobierno

La plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos en internet impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y adjudicada a la empresa Brandmetric S.A., por un monto de $ 14.388.000, ha motivado una aguda controversia en torno a sus objetivos y alcances.

El Gobierno ha defendido el mecanismo, en voz de la vocera Ena Von Baer, quien afirmó “nosotros acá no estamos haciendo nada que no sea mirar opiniones públicas, son opiniones que las personas vierten en un sistema de comunicación pública y lo que nosotros estamos haciendo es ver lo que la gente dice.”

Sin embargo, considero que el sistema impulsado por el Ejecutivo es ilegal, en tanto viola la intimidad de las personas. Se ha dicho que se trata de una forma de auscultar lo que la gente piensa del Gobierno, sus autoridades y de ciertas iniciativas, asimilándolo a lo que muchas empresas realizan respecto de marcas y productos, sin embargo ello no es exacto, tanto por el carácter de las opiniones que se recogen como por las características de la plataforma que se está implementando.

En primer término, porque no se trata de recoger dichos sobre marcas o productos, sino opiniones políticas, definidas en el artículo 2º letra g) de la Ley 19.628 sobre datos personales y protección de la vida privada como datos sensibles de la población. El artículo 10º del mismo texto legal señala que “No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.

Claramente para la ley las opiniones políticas no pueden ser objeto de tratamiento de ningún tipo, aún cuando provengan de fuentes públicas y en eso difieren de los datos personales.

Asimismo, en cuanto a las características del sistema, no se trata de una mera recolección de opiniones. Las Bases Técnicas nos dejan claro que no sólo recogerán estadísticamente los comentarios, sino también se identificará su origen, incluso la localización cuando se trate de twitter y, más aún, que se almacenarán por un lapso de tiempo.

Sería bueno que la Ministra Von Baer lea las bases y los parámetros de evaluación porque no estamos frente a un simple seguimiento de redes, sino que se está configurando un registro de opiniones políticas y eso está prohibido. Una cosa es que se pueda auscultar estadísticamente las opiniones de la población respecto de una marca o iniciativa en particular, pero otra muy distinta es que se recojan opiniones políticas y más aún, que se genere un registro de ellas.

Por ello, he pedido al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, declarar que los actos administrativos que configuran e implementan esta plataforma de seguimiento, tales como llamado a propuesta, adjudicación y pagos, constituyen un tratamiento de opiniones políticas y, por tanto, de datos sensibles de la población, conducta claramente prohibida por la ley 19.628. Asimismo, no descarto que estos mismos antecedentes sean objeto de un recurso de protección tendiente a paralizar la implementación y uso de este sistema.

Respaldo a funcionarios municipales por pago de incremento previsional

Vía judicial alargará la solución del problema y llamó a perseverar en la búsqueda de acuerdos.

Apoyo la movilización que llevan adelante los funcionarios municipales de Punta Arenas con el objeto de conseguir el pago del denominado incremento previsional, beneficio establecido en el DL 3501 y que por distintas vías ha venido siendo reconocido en algunas comunas del país. Se trata de otra de las consecuencias del traspaso al nuevo sistema previsional, originadas en la década de los ’80 y que, desde esa fecha no ha logrado ser asumida por todos los municipios del país.

Sin embargo existen precedentes en que esto se ha conseguido y por esto el personal de la Municipalidad de Punta Arenas ha iniciado movilizaciones con el objeto de poder tener también una solución.

En varias ocasiones he sostenido reuniones con dirigentes locales y nacionales de los funcionarios con el objeto de interiorizarme de este problema y, más aún, este viernes he vuelto a dialogar sobre el estado actual la situación y las conversaciones con el municipio, que se encuentran estancadas tras la decisión del alcalde Vladimiro Mimica y los Concejales de no aprobar una transacción judicial, manteniendo el asunto en manos de los tribunales de justicia.

Se trata de un tema complejo, especialmente por la disparidad de criterios judiciales y administrativos existentes. La circunstancia de que la Contraloría General de la República hubiera expresado en algunos dictámenes que no cabía realizar reparos de legalidad respecto del pago de este incremento que se funde en transacciones judiciales, pues constituiría un desacato, abría una vía que, lamentablemente, no ha prosperado.

Expreso mi convicción en la necesidad de seguir buscando vías alternativas que eviten tener que esperar la larga tramitación que significa un juicio. Espero que ambas partes sigan buscando fórmulas de acuerdo que permitan terminar el conflicto satisfactoriamente. Además, hago presente la necesidad que el Gobierno, a través de la SUBDERE, se comprometa en avanzar en una solución global, pues se trata de una materia que se reproduce en todo el país.