El modelo de institucionalidad local está agotado. Necesitamos Intendentes elegidos democráticamente.

En el pasado conflicto por el alza del gas, la falta de seguimiento a un tema tan relevante, la reacción tardía, las explicaciones inadecuadas y el débil manejo político durante las movilizaciones, por parte de las actuales autoridades locales, resultaron evidentes.
Sin embargo, más que a nivel personal, el problema radica en el esquema institucional que “está agotado y que no responde a los intereses ni necesidades de los habitantes de las regiones. Este sistema centralista, donde los Intendentes son designados por el Ejecutivo no resiste más, pues no les permite asumir la defensa de los ciudadanos, debiendo, por el contrario, transformarse en voceros de las decisiones del poder central.
La crisis del gas, no sólo puso de manifiesto la falta de comprensión de las autoridades nacionales sobre la realidad de Magallanes y, en general, de las regiones, sino que también reveló claramente que es necesario avanzar con urgencia en la descentralización y en la elección democrática de los Intendentes y Consejeros Regionales.
Ello es especialmente evidente para zonas apartadas como la nuestra, con realidades muy distintas al centro del país y que requieren, por tanto, autoridades con respaldo popular que sean capaces de exponer y defender con fuerza sus particularidades y requerimientos ante el gobierno central, sin que su permanencia en el cargo dependa precisamente de aquéllos con los que deban enfrentarse.
Transcurridos más de treinta años de la actual regionalización y veinte desde el retorno a la democracia, se hace necesaria una completa evaluación y que se den nuevos pasos en la descentralización que avancen hacia una mayor autonomía de las regiones y hacia la plena representatividad de sus autoridades.
Por ello, presenté a tramitación en el Parlamento una reforma constitucional que permitiría elegir democráticamente a los Intendentes Regionales, en tanto el rol de representantes del ejecutivo central en las regiones debería establecerse en los gobernadores, instancias que asumirían una mayor relevancia.

Debemos estar atentos a la "letra chica" en proyecto de ley sobre tarifas del gas

Mantengo mi inquietud por la discusión del proyecto de ley que definirá las tarifas del gas para Magallanes en los años venideros. Debemos coordinar criterios comunes y mantener la unidad y respaldo ciudadano con miras a la tramitación legislativa de la iniciativa del Gobierno.
Veo con mucha preocupación que expertos y la opinión pública nacional, especialmente del ámbito económico, miran el acuerdo y las nuevas normas que deberán dictarse como una oportunidad para sincerar los costos y adoptar decisiones que contribuyan a racionalizar el consumo y fomentar la inversión en exploración.
En lenguaje comúneso significa dejar los precios librados al mercado y sujetos exclusivamente a las variaciones que tengan los costos para productores y distribuidores, lo que no conviene a los magallánicos. Por eso fuí contrario a dejar el acuerdo sujeto a una iniciativa legal futura, en tanto lo estimo riesgoso e inconveniente para la zona.
Probablemente, el proyecto sólo establezca un procedimiento objetivo de fijación de precios, complementado con algunos apoyos y subsidios para los hogares más modestos, en cambio, lo que queremos los magallánicos son precios bajos y un Estado que se haga responsable de quienes vivimos en esta zona y de las condiciones geopolíticas y estratégicas de esta región.
Por eso, tenemos que mantener la organización y coordinación de las pasadas movilizaciones, con miras a la discusión del proyecto de ley. Hemos obtenido un paso importante, pero no es la hora de bajar los brazos, debemos continuar trabajando. Este acuerdo es la primera parte de la solución definitiva, pues ahora debemos convencer al Congreso de aprobar una normativa que reconozca el carácter estratégico, la importancia geopolítica y el esfuerzo de los habitantes de nuestra región.
En ese proyecto, además, debemos evitar la “letra chica”, característica del Gobierno de Sebastián Piñera, que apunte a aplicar en forma solapada el resto del alza por la vía legal. No queremos fórmulas matemáticas que nos perjudiquen, queremos garantías para no volver a ser sorprendidos por este tipo de incrementos abusivos.

Este acuerdo es un triunfo para Magallanes y una derrota del Gobierno.

La tenaz lucha desplegada por los habitantes de Magallanes ha sido fundamental para conseguir la solución a que se arribó hoy. La unión de nuestra Región, de sus fuerzas vivas, de las autoridades, de los vecinos, especialmente los más modestos, en una movilización inédita en el país, unitaria y pacífica, consiguió doblarle la mano al Gobierno y revertir esta alza injusta y arbitraria de un 16.8% que se nos pretendió imponer
Este resultado se lo debemos a todos los habitantes de nuestra zona, que se pusieron de pié frente a este atropello, se organizaron y se movilizaron, a los trabajadores que acataron el paro, a los vecinos que soportaron las dificultades, a los transportistas, a quienes estuvieron por tantos días en los lugares conflictivos, con frío y con hambre, en Tres Puentes, en Tierra del Fuego, en Natales.
El acuerdo significa una clara derrota para el Gobierno cuya tozudez, arrogancia y prepotencia dilataron innecesariamente la resolución del conflicto. El Ministro Golborne debió venir a borrar con el codo lo que firmó en el Directorio de ENAP. Se subestimó la capacidad de los magallánicos para reaccionar a esta alza, mantenerse unidos tras la Asamblea Ciudadana, sin aceptar divisionismos y seguir respaldando las manifestaciones.
No es la hora de bajar los brazos, debemos continuar trabajando sobre la materia. Este acuerdo es la primera parte de la solución definitiva, pues ahora debemos convencer al Congreso de aprobar una normativa que reconozca el carácter estratégico, la importancia geopolítica de la región y el esfuerzo de sus habitantes, asegurando en forma permanente un abastecimiento de gas a precios bajos. En ese proyecto no aceptaré “letra chica” que apunte a aplicar en forma solapada el resto del alza por la vía legal.
Esperamos, además, que en las próximas semanas se realice una evaluación de la actuación del Gobierno Regional en este conflicto. No lograron advertir la magnitud del problema y permanecieron ausentes durante la crisis. Ello demuestra la necesidad de avanzar en la regionalización, comprometida en la pasada campaña electoral, y, muy particularmente, en la elección democrática de las autoridades locales.

El Gobierno usa los mismos métodos represivos que la Dictadura

Reiteró mi irrestricto apoyo a la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Este movimiento, que ha encabezado la demanda contra el alza del gas en la zona, es una expresión ciudadana, transversal y amplia, que cuenta con el apoyo mayoritario de los habitantes de la región.

El anuncio del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, radicalizará el conflicto y no contribuirá a acercar las posiciones.

El Ejecutivo utiliza las mismas prácticas represivas de la Dictadura. Parece que las actuales autoridades se sienten más cómodas gobernando desde el autoritarismo y el abuso de la fuerza que desde la conversación y el dialogo. No fueron capaces de convencer a una Región con ideas y argumentos serios, por lo que ahora arremeten con amenazas, acciones legales y fuerza pública.

Este conflicto no tiene relación alguna con otros en que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado en los últimos años, pues acá no está en juego una reivindicación gremial, sino una demanda social, que ha contado con un respaldo multitudinario y potente de la ciudadanía.

La situación de los turistas y algunos residentes afectados en su capacidad de desplazamiento se debe a la tardía acción del Ejecutivo para superar un problema a través de medidas alternativas, como las aplicadas en las últimas horas con apoyo de las Fuerzas Armadas y que hubieran podido adoptarse con antelación si las autoridades regionales hubieran actuado con eficacia.

El Gobierno ha venido configurando un escenario para reprimir el movimiento, desde que el propio Presidente Sebastián Piñera ha llamado a deponer la violencia, cuando ésta no ha existido. En general, las movilizaciones han transcurrido en orden, sin mayores destrozos ni desórdenes.

Hemos lamentado profundamente la muerte de dos jóvenes, en un suceso desafortunado que ya está aclarado por la Justicia, pero acá no hay ningún otro ciudadano de la zona vulnerado en sus derechos que haya recurrido a los Tribunales en estos días, por lo que la respuesta del Gobierno es excesiva.

Esto sólo demuestra que este es un Gobierno autoritario, que al no tener razones recurre a la amenaza y la fuerza. Esta no es la nueva derecha, es la misma derecha represiva de la Dictadura.

El Ministerio del Interior tendrá un nuevo revés en los Tribunales con esta acción. La sociedad chilena ya no acepta abusos de fuerza, sino que espera autoridades que sean flexibles, dialoguen y arriben a soluciones.

Rechazo el alza del 3%

Ante la inflexibilidad del Gobierno, mantengo mi respaldo a Asamblea Ciudadana y rechazo cualquier alza del gas en Magallanes.

El 3% no constituye avance alguno, si no está asociado a un compromiso futuro de evitar alzas desmedidas como la que se ha pretendido aplicar en este caso.

Queremos una solución definitiva y no un parche por 10 meses para que luego nos apliquen el resto del aumento.

En esto he sido muy claro y así consta en las actas de la Mesa de Diálogo que ha dirigido el Obispo Bastres. El 3%, como está planteado, es una derrota para Magallanes porque significaría desatender las fuertes razones sociales, económicas y geopolíticas que ameritan un trato especial para nuestra zona.

Mi parecer sobre este conflicto es el que conoce la ciudadanía de Magallanes, los miembros de la Asamblea Ciudadana, Monseñor Bastres y quienes han participado en estas reuniones. - sentenció.